Límite, 100 días: la subida de tipos obliga a Sánchez a un giro de su política fiscal

Y también lo advierten los analistas que reducen aún más el margen de maniobra que tiene el Gobierno para variar el rumbo y ganarse la confianza ya no solo de sus socios de la Unión Europea sino de los inversores, a los que el Tesoro Público tendrá que convencer para comprar decenas de miles de millones de títulos de deuda española a partir del mes de julio, una vez el BCE suspenda su programa de compra de títulos de deuda soberana.

«El Banco de España lleva meses advirtiendo al Gobierno de la necesidad de formular un plan creíble de consolidación fiscal para los próximos años que acredite de qué manera vamos a devolver las cuentas públicas a una situación de equilibrio y vamos a reducir la deuda pública. No para aplicarlo ahora, pero sí para enviar una señal a los agentes. Lo que lleva mucho tiempo siendo prioritario, ahora es urgente. Si el Gobierno no formula ese plan antes de que los tipos empiecen a subir, vamos a quedar en una situación de vulnerabilidad de gran riesgo», advierte Raúl Mínguez, director del Servicio de Estudios de la Cámara de España .

El escenario hacia el que camina España es singular. Los programas de compra de deuda soberana han convertido al Banco Central Europeo en el principal tenedor de deuda española, con más de medio billón de euros en títulos en cartera, y ha garantizado la colocación (a precios históricamente bajos) de más de una tercera parte de las emisiones durante los últimos años, aunque en este 2022 ese peso entre los compradores se ha reducido al 20% aproximadamente.

Desde que el BCE activara la retirada progresiva de esta medida de estímulo, ideada en su día para evitar una discriminación en los mercados de deuda entre los grandes países del centro de Europa y los periféricos, entre los que se encuentra España, el tipo al que el Tesoro coloca el bono a 10 años -la principal referencia- ha escalado del 0,4% hasta por encima del 2%. Y eso que los tipos de interés aún no han empezado a subir en el euro. Lo empezarán a hacer, según anunció la presidenta del BCE, Christine Lagarde , en julio, y en septiembre se pondrá fin al tipo negativo de la facilidad de depósito, que ha obligado a los bancos por tener su dinero en el BCE y ha condicionado la rentabilidad de los títulos de deuda soberana.

«Los elevados niveles de deuda pública y déficit son la vulnerabilidad más seria que tenemos en este momento», recalca María Jesús Fernández, analista senior de Funcas . «La deuda pública no va a dejar de crecer en los próximos años y nuestras simulaciones apuntan a que a la altura de 2024 y 2025 la carga presupuestaria derivada del pago de los intereses de la deuda se va a situar en torno a los 40.000 millones de euros, cuando llevamos varios años en torno a los 25.000 millones», advierte.

En otras palabras, el encarecimiento de la deuda va a hacer que de aquí a dos años el Gobierno tenga que destinar 15.000 millones de euros más al servicio de la deuda que o bien tendrá que retirar de otras partidas o bien irán a alimentar un déficit público ya muy elevado. Para hacerse una idea de lo que esto significa, 15.000 millones es la mitad del presupuesto del que disponen los ministerios para financiar sus actuaciones de política económica. Vienen curvas.

Esta cifra, entre otras, justifica la desconfianza de la Comisión Europea, del Fondo Monetario Internacional o del Banco de España respecto a las proyecciones de deuda pública y déficit pintadas por el Gobierno. El Gobierno se ha comprometido a que a la altura de 2025 la deuda pública sobre PIB estará por debajo del 110% y que el déficit público caerá por debajo del 3%, la frontera a partir de la cual Bruselas establece una vigilancia más estrecha sobre las cuentas públicas de los países.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal , a la que le corresponde velar por la fiabilidad de las cuentas públicas españolas, considera que ese escenario es factible en el mejor de los casos, pero también advierte de que sin una estrategia fiscal a medio plazo el ratio de deuda sobre PIB volverá a elevarse hasta llegar al 140% en 2030 y el déficit público se estancará en el entorno del 3%, un nivel que la UE considera inasumible en contextos de normalidad.

La acumulación de llamadas de atención al Gobierno de España por el elevado endeudamiento del sector público, que además se ha disparado en más de 200.000 millones de euros como consecuencia de la pandemia, no han sacado al equipo de Nadia Calviño de su relato cortoplacista. Economía continúa poniendo el foco en que la ratio de deuda pública sobre PIB bajará en los próximos dos o tres años y en que el déficit público hará lo propio y, a juzgar por la documentación oficial remitida a Bruselas, sigue sin ver necesario adoptar medidas adicionales para tratar de poner las cuentas públicas en orden. Dan por hecho que la inercia de la economía se encargará de hacerlo.

La Comisión Europea está lejos de compartir ese relato y en su último Informe de Sostenibilidad Financiera situó a España entre las nueve economías europeas en situación de ‘riesgo alto’ y como una de la dos más vulnerables a un eventual ‘shock’ en los mercados de deuda.

«Es cierto que el Tesoro se ha encargado de ampliar el periodo medio de vida de la deuda y que la política del BCE en los últimos años hace improbable que haya problemas a corto plazo», señala Antonio Madera, responsable del área de riesgo soberano de EthiFinance , «pero ahora vamos a perder a nuestro principal comprador de deuda y eso significa que España va a tener que exponerse nuevamente al mercado, y que este va a fijar los precios a partir de las expectativas que tengan de cómo de buenos pagadores somos».

«Lo que dicen nuestras cifras ahora es que no somos capaces de atender nuestros gastos con los ingresos que generamos, así que, sí, hay que mandar lo antes posible una señal inequívoca al mercado del compromiso de España con la consolidación fiscal », remacha el analista.

«Con los niveles de deuda y déficit que tiene, España va a ser uno de los países que va a estar bajo la vigilancia permanente del mercado», advierte María Jesús Fernández, de Funcas. «El riesgo al que estamos expuestos es que se empiece a perder la confianza en la deuda española y en estos casos solo hace falta un detonante, como ocurrió en 2012, para que la prima de riesgo se dispare».

La subida de tipos no sólo es una amenaza para las cuentas públicas también es un foco de preocupación para hogares y empresas. Las economías familiares ya han empezado a notar el efecto del encarecimiento de sus hipotecas después de seis años con el euríbor en negativo. En abril salió de ese territorio y la expectativa es que finalice el año por encima del 1%, lo que puede traducirse en un mayor carga hipotecaria de unos 1.000 euros anuales por familia.

«A las familias se les van a juntar las mayores cargas por la inflación con el impacto del alza del euríbor y eso tendrá impacto sobre su consumo. No hay que olvidar que el consumo privado supone el 70% del PIB », recuerda Antonio Madera, de EthiFinance.

La normalización de la política monetaria del BCE también encarecerá la financiación a las empresas. Según Raúl Mínguez, de la Cámara de España, esto no tiene por qué tener efectos negativos sobre el tejido productivo, ya que las empresas han rebajado su endeudamiento, pero sí afectará a las empresas y sectores más afectados por la pandemia o la guerra de Ucrania y podría llevar a la quiebra a las empresas que han llegado a este contexto en una situación de vulnerabilidad.