La Justicia cerca los pisos turísticos en Galicia
La guerra entre Ayuntamiento de Santiago y propietarios se recrudece a raíz de una sentencia que avala el cierre de una vivienda que no tenía licencia y pone en riesgo un millar de pisos
Prohibir para no morir de éxito, esa es la paradoja. La controversia desatada por el bum de los pisos turísticos se ha trasladado del centro de las grandes ciudades al suelo empedrado de una urbe de apenas 100.000 habitantes como Santiago de Compostela, en la que el futuro de este tipo de viviendas —y de la ciudad, por extensión— se decide en los tribunales . Una sentencia dada a conocer hace unos días obliga al cierre de uno de estos alojamientos por carecer de licencia municipal, lo que ha abierto la espita para que el ayuntamiento de la ciudad pueda exigir este documento al millar de pisos que operan libremente en la urbe, la mayoría de ellos concentrados en el casco viejo, Patrimonio de la Humanidad desde 1985 y punto de encuentro de caminantes y turistas durante todo el año.
La importancia del fallo radica en que hasta el momento los propietarios de una vivienda turística en Galicia solo deben inscribirse en un registro autonómico dependiente de la Xunta —creado en 2017— para empezar a funcionar. Santiago, como ayuntamiento con reseñables particularidades , lleva años tratando de limitar su rápida expansión en la almendra de la ciudad, pero cuestiones formales en los intentos de modificación del plan regulador dieron al traste con la iniciativa, que hasta el momento solo ha logrado generar más crispación y más caos entre propietarios y vecinos.
La novedad ahora es que un tribunal califica esta actividad como «terciaria», un argumento al que el ayuntamiento se aferra para anunciar el cierre de todos los pisos turísticos que no tengan licencia municipal, haciendo extensivo el diagnóstico judicial al conjunto compostelano. Porque la realidad de esta urbe histórica es que solo 36 del millar de VUT en funcionamiento poseen la doble licencia de la que habla la sentencia, sin contar que de los mil pisos turísticos rastreados en las principales plataformas unos 400 ni siquiera están registrados, lo que los sitúa abiertamente en el terreno de la ilegalidad y la clandestinidad.
Ante este desequilibrio, la concejal del ramo, Mercedes Rosón, advierte que exigir ese licencia es un derecho constitucional para cualquier municipio y que ante la saturación de la zona vieja no se permitirá la apertura de nuevas viviendas turísticas, siguiendo el ejemplo de otras capitales como Barcelona. «Ya hay mucho hotelero dentro del casco antiguo, hay una sobresaturación de este uso», defiende para exigir a la Xunta que borre de sus registro a quien no cuente con licencia. El anuncio, como era de esperar, ha puesto a los propietarios en jaque, alimentando una guerra de trincheras en la que los argumentos van y vienen.
Los dueños de estos apartamentos censuran la demonización de un sector formado, en su gran mayoría, por particulares que buscan obtener rendimiento de su segunda vivienda. Desde colectivos como Aviturga (Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia) se esgrime, además, que operan desde la legalidad y reivindican su papel en la imagen de la ciudad, de la que quieren convertirse en «emblema». Incluso amagan con que cerrar estos pisos supondría una pérdida de visitantes que absorberían otras ciudades próximas como La Coruña o Vigo. Ante la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, responden que se trata de una resolución «particular» que no afecta a la actividad del resto de residencias turísticas. «Vamos a seguir atendiendo a nuestros turistas, recibiendo nuestras reservas y haciendo de Santiago una ciudad con un modelo alojativo muy demandando nacionalmente e internacionalmente y que poniéndola en valor» asume la portavoz Dulcinea Aguín. «El concello tiene una encrucijada contra estas viviendas que no podemos entender. No somos delincuentes, realizamos esta actividad de una forma muy honesta» afean los abanderados de un nuevo modo de viajar que no deja de ganar adeptos, pero que ha expulsado de la ciudad vieja a gran parte de sus antiguos inquilinos, reprochan sus detractores.
En este cruce de posturas el consistorio gallego, abrazado al mantra de que lo importante es « conservar la identidad de ciudad histórica », habla de una «situación dramática» que está expulsando a familias, trabajadores, estudiantes e investigadores de la ciudad porque la oferta de alquiler tradicional es mínima en favor de una bolsa turística que no deja de medrar. Las cifras lo atestiguan y activan las señales de alarma. En el conjunto de Galicia hay ya el triple de viviendas turísticas que en alquiler tradicional (apenas unas 4.500) y el problema se agrava en el caso de la capital. Para hacer más sangre, los profesionales inmobiliarios resaltan que quien se pasa a la vivienda turística no regresa al mercado tradicional. Un camino sin vuelta atrás por los pingües beneficios que genera el negocio de las VUT.
Yendo a la estadística, el auge de estos pisos se apoya en las 700.000 pernoctaciones que la capital gallega acumuló en 2021, batiendo cifras incluso de prepandemia. Los estudios también advierten de que con un Xacobeo dilatado en dos años, los datos de ocupación de pisos turísticos se dispararon un 40 por ciento, con 7.000 viajeros en los meses más bajos. El riesgo, claman los más reacios a este modelo de negocio, es convertir la zona monumental en una suerte de decorado, un parque temático sin vecinos ni servicios más allá de las tiendas de souvenirs y la restauración, en el que la esencia de la ciudad se podría diluir.
«Competencia desleal»
En un punto intermedio en la guerra del ‘piso turístico sí, piso turístico no’ están los profesionales de la hostelería, que parten de que esto es un «fenómeno mundial» y Compostela no va a ser una excepción. Su posición es moderada, más tibia que la de concello y propietarios, pero exige una regulación que impida la «competencia desleal». Para Thor Rodríguez, al frente de la Asociación de Hostelería Compostela, el problema pasa de castaño oscuro: «La ciudad se está viendo muy afectada» asegura. Su receta apunta a lograr un equilibro entre las necesidades económicas y las necesidades sociales de una capital donde conseguir casa es harto complicado. «La hostelería necesita empleados pero muchos no encuentran un piso en el que vivir porque no hay, y lo que hay tiene unos precios desmesurados» describe evocando crisis habitacionales como la que se da en las Islas Baleares.
Superar la explosión del fenómeno sin convertir la ciudad es una fachada sin latido es el reto que el concello tiene por delante. La fórmula en la que se trabaja, explican a ABC, pasa por prohibir la apertura de viviendas turísticas en la zona vieja y por limitar a bajos y primeros la instalación de este tipo de negocios en el resto del municipio. Además del permiso municipal, el concello se plantea un modelo híbrido que permitiría explotar la vivienda dos meses al año como VUT, sea cual sea su ubicación, si el resto del año se destina a un alquiler tradicional. Ensayos ante un escenario cambiante en el que las plataformas han ido por delante de la legislación y que ha dado pie a una nueva alternativa turística que pone en duda la supervivencia de este modelo de ciudad histórica.
Noticias relacionadas
