Un juez tumba la nacionalización eléctrica en México

El retraso de la reforma eléctrica pretendida por el Gobierno mexicano posee nombre propio: Juan Pablo Gómez Fierro, especializado en Competencia Económica, Telecomunicaciones y el juez encargado de dilatar la implementación de la llamada nacionalización de la electricidad. Los apósitos a la nueva Ley de la Industria Eléctrica (LIE) fueron paralizados el día posterior de su entrada en vigor y que buscaban dar prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre cualquier otra empresa del sector. El fallo puede ser impugnado por un tribunal ordinario y es, más que probable, que las reformas y adiciones a la Ley de la Industria Eléctrica sigan su curso.

La sentencia dictamina que el rechazo a la inversión de un particular otorgaría una ventaja competitiva frente a los otros actores de la industria y ocasionar distorsiones en el mercado, afectando a la competencia y el desarrollo del sector, «que es precisamente uno de los efectos adversos que esta medida cautelar busca evitar». La reforma es consciente que las hidroeléctricas no pueden abastecer de suficiente energía eléctrica, por lo que se recurría a la eléctrica estatal que usa el petróleo y el carbón como activos con mayor costo y contaminación en detrimento de las energías renovables.

Las tres suspensiones provisionales dictaminadas por el juzgado no han estado exentos de polémica ya que el propio presidente del Gobierno, Andrés Manuel López Obrador pidió desde Las Mañaneras, el palco público desde el que se dirige diariamente al pueblo mexicano, analizar la actuación del juez. Tal y como indica el diario El Universal, podría incurrir en una injerencia al Poder Judicial afectando a la división de los tres poderes. El titular del poder Ejecutivo aseveró que Gómez Fierro «actuó como un subordinado de las empresas» . Como preludio, López Obrador quiso ratificar que no hay ninguna amenaza ante el Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York que lo dictaminó como un ataque por el que el líder político nombró como «traidores al país» a los defensores por representar a empresas extranjeras «que quieren seguir saqueando a México» , según sus propias palabras. Poco después, destacó el papel inmoral de empresas en países donde se les protege y recurría al caso de Iberdrola como ejemplo.

Debido a la disolución de Luz y Fuerza llevada a cabo en 2011 por Felipe Calderón y la consiguiente reforma energética de Enrique Peña Nieto, tres años después, la industria eléctrica se considera como un servicio prestado por empresas tanto nacionales como extranjeras. En año pandémico y después de numerosos cortes de luz en febrero parece que volverá, en su mayoría, a manos públicas.

A la transformación en la energía eléctrica se une, pese al confinamiento voluntario, la subida, desde finales del año pasado, en la gasolina (un 10%) y el gas licuado (un 17%), que utilizan nueve de cada diez hogares. López Obrador ha recurrido a «la especulación de los empresarios gasolineros con el combustible» como motivo del aumento de precio entretanto se descartan protestas y saqueos como el gasolinazo de 2017. Al inicio del sexenio presidencial se comprometió que el precio público de las dos fuentes energéticas, no subirían más que la inflación. Incluso con los incentivos aportados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para evitar el aumento especulativo finalmente se ha exigido por el aumento de precio del barril y el encarecimiento del dólar.