La causa por falsedad en Abengoa salpica a Deloitte

La causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra los administradores de Abengoa Felipe Benjumea y Manuel Sánchez ha acabado salpicando a la consultora Deloitte y a la propia empresa de infraestructuras. El juez Ismael Moreno, que les venía investigando por delitos societarios, ha aceptado incorporar a las pesquisas una ampliación de la querella promovida por la Plataforma de Afectados de Abengoa que involucra a ambas mercantiles en un presunto delito de estafa de inversores. El motivo, la «idílica situación patrimonial y financiera» de la compañía que ofrecieron en las cuentas antes de llegar al colapso en noviembre de 2015, cuando se vieron abocados al pre concurso.

Además de las dos empresas en calidad de personas jurídicas, el juez acoge que se amplíen las actuaciones contra las consejeras integrantes de la Comisión de Auditoría Mercedes Gracia y Alicia Velarde, y el socio responsable de la auditora Manuel Arranz, en los tres casos además, por un presunto delito de falsedad contable. En paralelo, solicita a las dos empresas y a KPMG que remitan diversa documentación al juzgado, así como llama a declarar a cuatro testigos, en línea con las pretensiones de la Plataforma de Afectados a las que Fiscalía no se ha opuesto.

Moreno adopta esta decisión tras analizar la documentación aportada en la ampliación de la querella, que incluye una sanción del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) firmada el 20 de febrero de 2018 según la cual, Deloitte y el propio Manuel Arranz como socio auditor «no verificaron la corrección y fiabilidad» de las cuentas de Abengoa, incurriendo en una serie de «irregularidades» que afectaron de manera «incontestable» a la imagen que trasladaba la compañía. El ICAC señalaba, tal y como recoge el auto, «la absoluta falta de justificación» obtenida por los auditores tanto de ingresos por encima de los 4.514 millones de euros, el 63,14% de su cifra de negocio; como para avalar la razonabilidad del margen atribuido por la compañía a sus proyectos y costes a la luz de una muestra seleccionada equivalente al el 30% de su cifra de negocio, entre otras.

Para el instructor, esta resolución «apreciada junto al resto de diligencias practicadas y singularmente, las declaraciones prestadas por los únicos investigados hasta la fecha, cuyas explicaciones acerca de la causa determinante de la quiebra de la entidad que dirigían quedan significativamente en entredicho, evidencian que han existido concretas operaciones contables de ocultación como de afloramiento de activos inexistentes de tal calado que exigen las pertinentes aclaraciones por vía de justificación documental» por lo que opta por reclamar tanto a Abengoa como a Deloitte «respuestas a los interrogantes que se plantean acerca de las lagunas halladas en los trabajos de auditoría de las cuentas».

Desde Deloitte insisten en que ya antes de la solicitud de pre-concurso se incluyó una incertidumbre material de viabilidad en la auditoría de 2015. Apuntan que el ICAC «nunca ha cuestionado» la de 2014 y que en todo caso, el expediente está recurrido. Para el juez, que se apoya además en una pericial de parte y en dos informes que Abogacía del Estado manejó en otra causa sobre Abengoa, «los hechos, en este estado de las actuaciones, podrían integrar delitos de falseamiento de cuentas que reflejen la situación económica de la sociedad en perjuicio de la misma, sus socios o terceros y delito de estafa a inversores».