El juez del caso Banco Popular agrupa en diez las 103 querellas para evitar que se vuelva «ingobernable»
Los despachos de abogados alientan ya a demandar después de publicarse el informe pericial que concluye que la entidad incumplió la norma contable
El juez de la Audiencia Nacional que investiga la debacle de Banco Popular , José Luis Calama, ha reanudado la instrucción poniendo orden en la causa. El magistrado ha dictado este jueves un auto en el que ordena a las 103 acusaciones particulares personadas que se organicen voluntariamente en un máximo de 10, argumentando que el elevado número de querellantes amenaza con hacer inmanejable el caso y que su desarrollo se demore más de la cuenta.
El juez ha dividido el caso en dos piezas separadas e imputado a un total de 34 exconsejeros, exdirectivos y personas jurídicas, entre ellos los expresidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho , el exconsejero mexicano Antonio del Valle y la firma de auditoría Pwc. Lo que tratará de esclarecer es si los gestores de la entidad cometieron falsedad contable y estafa a los inversores en la amlpición de capital de 2016, por un lado, y si hubo una campaña mediática de desprestigio contra el Popular para tumbarlo en Bolsa en 2017, por otro.
La causa ya suma más de 100 procuradores representando a las acusaciones, más los 19 de los querellados y la acusación popular . «Resulta evidente que la instrucción de la presente causa, con tal número de representaciones, está abocada a ser ingobernable, desde un punto de vista procesal. Por ello, se impone la racionalización del poder de postulación de las acusaciones particulares, agrupándolas en un número determinado de representaciones y defensas», alega el magitrado, que da ahora diez días a las acusaciones particulares personadas, así como a la Fiscalía Anticorrupción, para que presenten sus alegaciones.
Este auto ha sido dictado solo un día después de que el magistrado haya recibido el informe pericial que encargó a dos inspectores del Banco de España y que concluye que a pesar de que Banco Popular era viable y solvente tanto en el momento de la ampliación de capital de 2016 como antes de su resolución, y que esta se produjo por la grave fuda de depósitos que sufrió en 217, sus gestores no respetaron en 2014 y 2015 la normativa contable, lo que hizo que hasta 2016 no reconociesen toda la morosidad y por tanto parte de las pérdidas acumuladas en el balance de la entidad .
Las conclusioens de esa pericial han provocado ya una reacción en los despachos de abogados especializados en demandas colectivas y derecho bancario, que ya han comenzado a animar a los accionistas que acudieron a la ampliación de 2016 y que perdieron su con la resolución del Popular a demandar y reclamar.
Posible avalancha de demandas
Las cuentas presentadas por la entidad en el folleto de emisión de la ampliación, dice el socio de LEAN Abogados José Miguel Blasco en referencia al informe de los peritos, «no reflejaban su imagen fiel, porque la ampliación era insuficiente para alcanzar una situación de solvencia al cerrar 2016. Además, los peritos denuncian que algunas de las hipótesis para llegar a las estimaciones contenidas en folleto de la ampliación eran demasiado optimistas y que el propio consejo de administración estaba mal informado sobre la calidad de la cartera, con lo cual mal pudo valorar correctamente la ampliación de capital». «Ahora sí y ahora ya sin lugar a dudas, es el momento de que todos aquellos inversores que perdieron su patrimonio en el Popular acudan a la justicia para exigir la devolución de su malograda inversión», añade, recordando que el plazo para reclamar ese dinero expira en un año.
«Al haberse confirmado esta discrepancia entre la información económico-financiera publicada y el escenario real, se abre la puerta a ejercitar, con todas las garantías, acciones civiles encaminadas a solicitar la restitución de las cantidades perdidas por los accionistas y titulares de deuda de Banco Popular que invirtieron confiando en dicha información errónea», señalan en Unive Abogados, bufete presente en la causa con una querella en la que representa a unos 700 afectados.
«Todos aquellos clientes e inversores del banco que decidieron acudir a la ampliación de capital de 2016 podrán recuperar el 100% de su dinero invertido, más intereses legales, costas y gastos, a través de la interposición de una demanda civil alegando un vicio en el consentimiento al estar equivocados por la falsa apariencia de solvencia que el banco ofreció en el folleto de la ampliación», dice el socio director de Bufete Rosales, José Batasar, quien compara la trascedencia de este informe con el que tuvo la pericial del caso Bankia en su momento.
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