José E. Gutiérrez Elso
No es un caos eléctrico, es un desastre político
El expresidente y CEO de Westinghouse Electric afirma que el real decreto «da el golpe de gracia a la seguridad jurídica del sector en nuestro país, sin además resolver el problema de fondo»
La subida del precio de la generación eléctrica en el mercado mayorista ha hecho que se hable de 'caos eléctrico', cuando en mi opinión lo que vivimos es el resultado de un “desastre político”.
La reforma de 1997 significó una modificación sustancial del sistema eléctrico español para adaptarlo a la normativa europea. Con la promulgación de la ley del Sector Eléctrico 54/1997 y otras normas posteriores, se liberalizó la generación eléctrica, se creó un sistema de fijación de precios basado en el modelo marginalista y se separaron las actividades de generación, transporte y distribución y comercialización de la electricidad. Se trataba de introducir competencia en las distintas etapas del suministro eléctrico con el objetivo de tener unos precios de la electricidad lo más competitivos posibles, a la vez que ajustados a la realidad, y que además permitiera a las empresas invertir con seguridad y estabilidad en el sector.
Pues bien, la realidad fue que, tras liberalizar el sistema, los sucesivos gobiernos han ido manipulándolo de tal manera que hoy en día lo que tenemos se parece poco a lo que se diseñó en 1997, y no es más que la suma de acciones improvisadas que han desvirtuado los objetivos que se perseguían. La suma de: subvenciones a unas tecnologías para luego retirar algunas de ellas con efecto retroactivo, tasas por emisiones, impuestos injustificados, cargos externos incorporados en las tarifas e impuestos aplicados sobre impuestos, han acabado con el mercado y por hacer irreconocible la factura de la luz. En definitiva, una falta total y absoluta de claridad y equidad en la operación del sistema y una falta de seguridad jurídica que perjudica claramente las inversiones futuras. Y todo ello sin conseguir los objetivos que se perseguían con dichos parches.
Para acabar de complicar las cosas el actual Gobierno ha aprobado este año dos nuevas medidas: en marzo aprobó el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) 2021-2030 y recientemente en septiembre el real decreto-ley 17/2021 de medidas urgentes para rebajar la factura de la luz, que ha tenido que ser modificado al poco de publicarse. El primero compromete de forma temeraria la estabilidad del futuro sistema eléctrico español y el segundo da el golpe de gracia a la seguridad jurídica del sector en nuestro país, sin además resolver el problema de fondo.
El Pniec intenta ser el plan para cumplir con los objetivos medioambientales establecidos por la Unión Europea para 2030. Lo curioso de este plan es que para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, establece un calendario de cierre de las centrales nucleares existentes que no emiten CO2, y deja el gas como la única tecnología de respaldo ante la intermitencia de las plantas solares y eólicas, pues no es previsible contar con plantas de almacenamiento eficientes para el 2030.
Independientemente del debate sobre el cambio climático, hay bastante unanimidad sobre la necesidad de trabajar en la dirección de reducir la contaminación ambiental y la cantidad ingente de residuos que generamos, de mejorar el acceso a las fuentes de agua potable, de trabajar contra la desertización, etc. En definitiva, cambiar hábitos y modelos en nuestra sociedad para hacerlos medioambientalmente sostenibles. Pero todo lo anterior debe hacerse bajo dos premisas importantes: a) se debe hacer de forma progresiva mediante planes de transición realistas y realizables, con objeto de garantizar que se alcanzan los objetivos sin dañar otras áreas; y b) debe ser una actuación conjunta de todos los países, o de al menos los grandes países desarrollados, para que la transición sea eficaz y para que no se produzcan diferencias en la competitividad de unas sociedades sobre otras.
El plan español, enmarcado en el plan europeo y hecho a imagen del fracasado plan alemán también llamado “Energiewende”, no cumple con ninguna de las premisas señaladas. El Pniec establece como objetivo final que sean las energías renovables, básicamente hidráulica, solar y eólica, las que suministren el porcentaje mayor de la electricidad, respaldadas por las centrales de gas en el corto plazo y por sistemas de almacenamiento en el largo, y todo ello en un escenario de aumento de la demanda por la electrificación de la economía. Por ello se planifica el cierre paulatino de las centrales nucleares a partir de 2027. En definitiva, se prescinde de una energía estable y no emisora de CO2, aumentando el uso de un gas que no tenemos y sometido, como estamos viendo, a fuertes inestabilidades de precio. En el largo plazo fiamos nuestro futuro a una tecnología inmadura como es la de almacenamiento de energía, exceptuando la hidráulica de bombeo cuyas posibilidades de aumentar capacidad son limitadas.
Mucho se habla del uso de las baterías como sistemas de almacenamiento, pero ¿alguien piensa realmente que ciudades como Madrid o Barcelona pueden ser iluminadas con baterías en los días en los que no hay ni sol ni viento, que los hay y no son pocos? Hay que seguir invirtiendo en la investigación y el desarrollo de estas tecnologías para disponer de ellas lo antes posible, pero siendo realistas estamos hablando de al menos 10 años.
Si no tenemos sistemas de almacenamiento, no tenemos más remedio que usar gas con todos los problemas de garantía de suministro y precio que conocemos. El suministrador principal de gas natural por tubería a nuestro país es Argelia. El resto del gas que consumimos nos llega por barco en forma de gas natural licuado, procediendo de Estados Unidos, Rusia, Nigeria, Qatar y Trinidad y Tobago entre otros. Teniendo en cuenta la inestabilidad política en el norte de África y que el suministro de gas por barco está sometido a subastas diarias que pueden cambiar el destino del suministro de forma continua, podemos deducir que la garantía de suministro de este combustible es muy baja comparada con la dependencia que tenemos, y que tendremos, de él.
El reciente real decreto-ley de medidas urgentes hace bien en reducir el IVA y eliminar impuestos, aunque debería ser de forma permanente y no temporal, pero lo demás son parches que no hacen sino aumentar el problema. Penalizar a las energías no contaminantes, nucleares, hidráulicas y renovables sin retribución regulada; reducir arbitrariamente los beneficios de empresas privadas; obligar a estas a subastas paralelas; o limitar temporalmente el precio de gas doméstico para pagarlo después no son formas de resolver el problema. Eso solamente aumenta la inseguridad jurídica, ahuyenta a los inversores y demuestra incapacidad para arreglar el desaguisado.
En este contexto, un gobierno responsable acometería, con el mayor acuerdo posible, una reforma urgente del sistema eléctrico y, como parte de él, debería diseñar un plan de transición hacia un modelo de alta electrificación de la economía y bajas emisiones que cumpliese las premisas de eficiencia y de alineamiento con lo que hacen el resto de países desarrollados.
Mientras la Unión Europea no cambie la directriz, el sistema marginalista seguirá usándose para la fijación de precios de generación, pero se podrían hacer algunos ajustes, a la vez que se debería mejorar supervisión por un regulador realmente independiente. Se debería eliminar la tarifa regulada, ayudando a las familias más necesitadas a través de los Presupuestos Generales del Estado, y fomentar los acuerdos particulares de suministro (PPA). En el caso en el que la tarifa regulada no se eliminase, al menos se debería ligar a los precios del mercado a largo plazo y no al diario. Se deberían eliminar de la factura eléctrica aquellas partidas que no estén ligadas con la generación, el transporte, la distribución y la comercialización de la electricidad, trasladándolas a los Presupuestos Generales del Estado para que entre todos las paguemos, de forma más igualitaria, con nuestros impuestos. Así mismo, es necesario eliminar todos aquellos impuestos que no sean el IVA. Pero no solamente eso, si no que aquellas tasas estatales o locales impuestas arbitrariamente a algunas tecnologías, como la nuclear, deben ser eliminadas.
En esa misma línea, debería revisarse el Pniec con el objetivo de disponer de un plan que defina una transición energética coherente que no penalice a la economía de los consumidores y a la competitividad de las empresas. El Pniec debe eliminar su carga ideológica y ser realista en sus previsiones sobre la disponibilidad de las tecnologías de almacenamiento, y pragmático en sus propuestas permitiendo que las centrales nucleares operen mientras lo hagan con seguridad y eficiencia. Finalmente, el Pniec debería promover la innovación y el desarrollo tecnológico en el área de la energía en España, y no esperar que de nuevo sean otros los que inventen.
José E. Gutiérrez Elso es ingeniero de Caminos y fue presidente y CEO de Westinghouse Electric Company
