El Ibex 35 ultima el baile de auditoras que forzó la crisis
La ley obliga a rotar la empresa «fiscalizadora» cada 10 años en busca de más independencia
Deloitte, KPMG, PwC y EY se comen el 100% del pastel de auditar las cuentas del Ibex 35. Cuatro compañías son las encargadas de vigilar las finanzas de lo más granado de la empresa española. Unas durante más tiempo, otras durante menos. Ahora, lo que provoca el cambio de cromos entre las llamadas «Big Four» es la nueva Ley de Auditoría , que fija en 10 años (14 cuando hay coauditoría) el plazo máximo para que las sociedades cambien de empresa «fiscalizadora». No solo en el Ibex, sino en toda España. El objetivo de esa norma es democratizar el sector y mejorar la transparencia e independencia en el negocio, después de los excesos de la crisis. 2020 es la primera fecha límite que fijó esa ley para la rotación, y el Ibex se ha dado prisa en tomar las riendas.
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ACS era hasta la semana pasada el último gran contrato del parqué nacional que estaba en el aire y ya tiene ganador: KPMG. Hasta la fecha había sido Deloitte, durante más de dos décadas, el encargado de auditar sus cuentas. Y aquí se juntaba la necesidad de cumplir la ley con la obligación que otros le imponían. Deloitte fue sancionada por dos infracciones graves en abril de 2018 relacionadas con el ejercicio de 2011 de ACS. Ipso facto, la auditora queda inhabilitada (tres años) para continuar con esa actividad en la misma empresa... y KPMG resultó vencedor del nuevo contrato. Misma situación le ocurrió con Banco Santander (Pwc es el nuevo auditor), y al propio Pwc con AENA: 10,49 millones de multa y sustitución. KPMG ganó entonces esa terna.
Obligación de rotar
De esta manera, tanto las sanciones como la nueva norma han impulsado la rotación. Pero nunca para salir del entorno de las llamadas «Big Four». En 2008 ya eran estas las que manejaban el negocio del Ibex y en 2018 lo siguen siendo. Es más, de las 1.400 entidades de interés público (grandes empresas, en suma) auditadas en España, el 95% tienen su vinculación con las cuatro más grandes. Y esta cifra queda en «un poco menos del 70%» en el total nacional de unas 60.000 auditorías , según cifras de Carlos Puig de Travy , presidente del Registro de Economistas Auditores del Consejo General de Economistas de España (REA).
«A nivel internacional no hay consenso de si es buena o no la rotación de firmas. Por ejemplo, en Estados Unidos creen en las ventajas de continuidad del auditor y, por tanto, no se exige la rotación de firmas sino la rotación de equipos», señala Puig de Travy, para añadir que «la idea de rotar es eliminar la amenaza de familiaridad, es decir, la relación del cliente con el auditor». Esa relación es la que se encarga de vigilar -y sancionar, entre muchos otros casos- el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).
Son «los otros trabajos» los que preocupan a los reguladores y supervisores. Tanto en las pequeñas auditoras como en las «Big Four». De hecho, hay quien duda de que pueda considerarse a esos cuatro titanes como sociedades de auditoría ya que esta actividad no supone ni el 50% de su negocio. En Deloitte representa el 24%; en PwC, el 42%; en KPMG, el 39%; y en EY, el 36% . La consultoría es su mina de oro, variable y volátil según el entorno económico, mientras que la auditoría se mantiene casi siempre estable en el tiempo.
Por esa actividad «fiscalizadora» del Ibex, las «Big Four» ingresaron en 2018 en conjunto en torno a 300 millones de euros. Pero no es una cantidad pagada por igual en cada empresa. Banco Santander pagó a PwC 96,5 millones el año pasado por estos servicios, frente a los 6,5 millones que recibió Deloitte, por ejemplo, de Inditex.
«Realizar el trabajo de auditoría de entidades cotizadas españolas con negocios internacionales, tales como ACS, Banco Santander, Telefónica, Repsol, Iberdrola, etc. no es un regalo, ni mucho menos , Es un gran reto profesional y empresarial, en el que participan auditores, expertos informáticos, valoradores, fiscalistas. abogados, etc. de múltiples países que necesitan una coordinación y gestión global. Un contrato de auditoría de este tipo es también un riesgo significativo, tanto profesional como de negocio, y mucho más en el contexto regulatorio tan exigente que tenemos hoy en día los auditores, donde entre millones de papeles de trabajo, si hay una cuestión puntual que no esté bien documentada, el regulador te puede sancionar y obligar a dejar el cliente», defiende Ferrán Rodríguez Arias, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE).
Una actividad «de riesgo» pero también muy lucrativa. Cada contrato es un mundo y las «Big Four» pelean por todos ellos. Y parece que en estos tiempos el negocio le sonríe a PwC. En 2008 era Deloitte quien aglutinaba casi la mitad del selectivo nacional. Concretamente, auditaba 17 empresas del Ibex. En 2018, PwC es quien tiene mayoría con 13 sociedades, mientras que Deloitte ha caído hasta las 10 compañías, y quedará en ocho tras perder a partir de 2018 las auditorías de ACS y Ferrovial en favor de KPMG y EY. Un baile de nombres que por sectores también merece su análisis. Ahora es PwC quien reina en la banca y KPMG lo hará en infraestructuras.
Competencia
Pese a todo, Rodríguez Arias señala que este es un sector con mucha competencia, frente a la creencia popular. «Es tremendamente competitivo, por varios factores: por la eficiencia con la que trabajan las firmas y los auditores de cuentas, por la transparencia del mercado -nuestros precios son públicos, algo que no sucede con el resto de los servicios a empresas- y por la amplia oferta que existe. Estos trabajos requieren contar con un amplio abanico de perfiles profesionales y con una red mundial que permita trabajar en todos los lugares en los que las empresas tienen filiales. Solo un número limitado de firmas tiene esta infraestructura internacional y los equipos necesarios para abordar la auditoría de multinacionales como las que están presentes en el Ibex», dice. En otras palabras, que solo las «Big Four» cuentan con la infraestructura necesaria para poder asumir los contratos de las mayores sociedades. Ahí, defiende, está una de las principales razones.
¿Y por qué las pequeñas o medianas no logran entrar en ese selecto club? Desde ICJCE se quejan de que el borrador de reglamento -con el parón electoral queda en «standby»- que desarrolla la Ley de Auditoría «exige una serie de requisitos muy relevantes a los auditores de entidades de interés público y unas obligaciones en la organización interna de sus organizaciones que, si se aprueba, serán imposibles de cumplir para las firmas pequeñas o medianas y les provocará dificultades añadidas para crecer».
Los pasos dados hasta ahora, en definitiva, no contentan al sector. «La Ley de Auditoría actual creemos que ha sido un atraso con respecto a la norma anterior. Se han puesto más exigencias y requerimientos a los auditores que no dan beneficios en la mejora de la actividad», afirma Puig de Travy. No por establecer más trabas el sector ganará en eficiencia, transparencia e independencia . Aunque, según el presidente del REA, su efecto real lo veremos estos próximos años cuando la rotación que fija la normativa se haga efectiva para el 100% de las sociedades auditadas. De momento, más reticencias que halagos hacia una norma pendiente de desarrollar vía reglamento. Será tarea del nuevo Gobierno que salga de las urnas el 28 de abril llevarlo a buen puerto.
La coauditoría
Asimismo, desde el REA ponen en valor la coauditoría, es decir, que más de una empresa «fiscalice» las cuentas de un cliente. La nueva ley favorece esta manera de operar permitiendo amplir a 14 años el plazo máximo para rotar, lo cual consideran los expertos de insuficiente.
Lo cierto es que en el Ibex esto apenas ha tenido acogida estos ejercicios. Técnicas Reunidas (Deloitte-PwC), Grifols (KPMG-Grant Thornton) y ArcelorMittal (Deloitte-PKF Attest) son las únicas que cuentan, hoy día, con contratos de este tipo firmados. El primero de ellos entre dos «Big Four» y los dos siguientes con otras dos auditoras medianas. «Las ventajas de la coauditoría, además de que cuatro ojos ven más que dos, es que esto refuerza la independencia y la transparencia. Y beneficia a una mayor calidad de la auditoría», asevera Puig de Travy. Incluso, pone a Francia de ejemplo. En el país galo, lo que sería el equivalente a nuestro Ibex 35 está obligado a contar con coauditoría. Se exige un mínimo de dos empresas y hay quien cuenta con hasta tres para auditar sus cuentas. Otra cultura, otros métodos.
El cambio de cromos, en España, siempre estuvo en marcha y lo seguirá estando. Todavía queda alguna sociedad del Ibex por adaptarse a la exigencia de la Ley de Auditoría... y alguna «Big Four» por recuperar la reputación perdida durante la crisis. Los casos de Bankia, Banco Popular , Abengoa, Pescanova... recuerdan que nadie está exento de cometer errores. «Somos conscientes de que la crisis ha afectado a nuestra imagen», reconoce Rodríguez Arias, pero defiende que ya se han tomado las medidas pertinentes para evitar que las malas prácticas se repitan en el futuro. Algunos casos están incluso en sede judicial, con sus auditores imputados, y otros quedan en sanciones administrativas que pueden alcanzar varios millones de euros. Se trata de una actividad de riesgo, sí, pero según desde la óptica que se mire.
