Iberdrola vuelve a los juzgados para anular el acta notarial que aportó un testigo clave del caso Villarejo
Demanda a su exdirectivo José Antonio Del Olmo, a su ex jefe de seguridad Marcos Peña, al número dos de éste y al notario
Iberdrola ha presentado una demanda en los juzgados de primera instancia de Bilbao que solicita la nulidad del acta notarial levantada en 2004 a petición de su exdirectivo José Antonio Del Olmo para dar fe de la existencia de supuestas irregularidades en la facturación de servicios de seguridad y que ha sido clave, como su testimonio, en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por los contratos de la eléctrica con empresas del comisario Villarejo.
La demanda, a la que tuvo acceso ABC, se dirige contra Del Olmo pero también con el que fue jefe de Seguridad de Iberdrola, Marcos Peña y su número dos, Angel José Manuel Zarabozo, pues ambos habrían acompañado a Del Olmo a consignar aquella documentación ante el notario. Contra él, Jacinto Ramallo, también se dirige la demanda.
Es un paso más en la batalla de Iberdrola contra quien en tiempos, fue el director de Control de Funciones Corporativas de la compañía. Ya presentó una querella contra él en el año 2020 en Bilbao por la supuesta falsificación de es informe y las actuaciones acabaron en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional dentro del caso Villarejo.
Aunque el juez instructor optó por desestimar la querella y retirar la imputación a Del Olmo, a quien considera un testigo clave en las actuaciones, hace sólo unos días la Sala de lo Penal revirtió su decisión y obligó a investigar si ese informe es falso para así poder evaluar la credibilidad del resto de aportaciones del exdirectivo.
Y después de ese paso, Iberdrola ha ido a la jurisdicción Civil para solicitar "acción de nulidad en relación con el Acta Notarial de Depósito de fecha de 20 de diciembre de 2004, otorgada por los codemandados, Sres. Del Olmo, Peña y Zarabozo, y autorizada, en su calidad de notario, por el codemandado Sr. Ramallo", pues es ahí donde empezó todo: con los papeles de los que Del Olmo dio fe pública.
En la demanda, se centran en que tal y como obra en el acta que figura en la Audiencia Nacional, el notario accedió a guardar la documentación pese a estar en un sobre cerrado y no conocer su contenido , pues le bastó con que los tres comparecientes manifestasen que "su contenido no es contrario a las leyes, a la moral o a las buenas costumbres".
"No existe duda que el notario, el codemandado Sr. Ramallo, desconocía el contenido del sobre, acepta el requerimiento y acepta el depósito, sin comprobar, tampoco, si el contenido del mismo se ajusta a la ley, la moral y las buenas costumbres, juicio que deja a los otros codemandados, como también se recoge en sus manifestaciones en el Acta, todo ello obviando las obligaciones legales de su condición", denuncia Iberdrola en el juzgado. Por eso, consideran que "debe tener como consecuencia la nulidad del Acta".
Los servicios jurídicos de la compañía exponen que Del Olmo, Peña y Zarabozo, trabajando todos para Iberdrola, comparecieron el 20 de diciembre de 2004 ante el notario Ramallo "con la intención previamente concertada de depositar un sobre cerrado en el que se contenían una serie de documentos u objetos".
Las facturas de Casesa y Cenyt
Los describe como "una hoja suscrita por los tres comparecientes y varias facturas firmadas algunas de ellas por José Antonio del Olmo (...) en las que había intervenido en ejercicio de sus responsabilidades laborales, y de las que, incumpliendo la normativa interna y la legislación de aplicación, realizó copias no autorizadas, que se llevó a su domicilio y posteriormente incluyó en un sobre, que en compañía de los Sres. Peña y Zarabozo fue objeto de depósito ante notario".
La cuestión para la compañía es que " no existe fehaciencia en el Acta de los documentos que se encontraban dentro del sobre en el momento en que se realizó tal depósito", puesto que el notario reconoce por escrito que no lo abrió, "además, todos los comparecientes en el Acta no tenían conocimiento completo de los documentos que se incluyeron".
No fue hasta enero de 2020 que aquel sobre abandonó la notaría y lo hizo por orden de la Audiencia Nacional en el contexto del caso Villarejo. Lo que había dentro era ocho facturas de Casesa, así como una del entramado empresarial del comisario, otros documentos de contabilidad interna de Iberdola y un informe del propio Del Olmo reseñando irregularidades que no se habían denunciado por ninguna otra vía. Según explicaría él en la Audiencia Nacional, lo hizo para cubrirse por si algún día se abría una investigación.
