Hacienda dice haber tramitado ya 220 millones de euros en adelantos a estaciones de servicio

Achaca los posibles retrasos en los pagos al 'timing' habitual del procedimiento bancario que tarda entre 24 y 48 horas en ejecutar las órdenes de pago de la Agencia Tributaria

Colas para repostar en una estación de servicio EP

B. P. V.

En medio de una ola de críticas por parte de las organizaciones representativas de las estaciones de servicio, la Agencia Tributaria ha salido al paso para asegurar que ya ha tramitado en apenas unos días 3.600 solicitudes de adelantos por un importe total de 220 millones de euros . «El mismo viernes ya pusimos a disposición de todas las estaciones de servicio el formulario electrónico para presentar la solicitud de anticipo, durante el fin de semana hemos estado haciendo pruebas y ya desde el mismo lunes empezamos a tramitar las órdenes de pago», ha explicado este miércoles el director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón , durante la presentación de la Campaña de Renta de 2021.

Desde la Agencia Tributaria atribuyen el hecho de que numerosas estaciones de servicio se hayan quejado de los retrasos a la hora de recibir esos anticipos al normal funcionamiento del circuito financiero. «Desde que las entidades reciben la orden de pago de Hacienda está puede tardar en hacerse efectiva entre 24 y 48 horas en función de los tiempos en que se mueva cada entidad«, ha explicado.

Gascón asegura que la Agencia Tributaria ha resuelto ya el 90% de las solicitudes recibidas . Desde las estaciones de servicio, sin embargo, se lamenta que Hacienda haya tardado cuatro días en comenzar a adelantar a los empresarios las cantidades adelantadas por los descuentos, lo que habría colocado a muchas estaciones de servicio al borde de la quiebra y del cierre.

Tanto la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) como la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae) valoran tomar medidas judiciales para reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado por los perjuicios causados a los empresarios como consecuencia de la aplicación del real decreto gubernamental que sustancia el descuento de 20 céntimos en el precio del carburante.

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