El Gobierno se verá obligado a ampliar el periodo de cálculo de las pensiones por exigencia de Bruselas
Es uno de los compromisos adquiridos por Sánchez como moneda de cambio para recibir fondos europeos
Aumentar de 25 a 35 años los años que se toman como referencia para el cómputo mermaría un 9% la jubilación
Cuándo y quiénes podrán cobrar la nueva 'paga' extra de los pensionistas
Escrivá activa el superfondo de pensiones sin el respaldo del diálogo social
Una vez solventada la primera pata de la reforma de la pensiones, el Gobierno debe emprender una segunda fase, la más dura, con el objetivo de ajustar el gasto y devolver al sistema al superávit . Tendrá que adoptar medidas poco amables, obligado por la condicionalidad de los fondos, entre ellas un aumento del periodo de cálculo de las nóminas a partir de 2023, una medida que en la mayoría de los casos supondrá una merma de la jubilación .
La exigencia que ahora plantea el Fondo Monetario Internacional , es un compromiso del Gobierno que forma parte del acuerdo con la Comisión Europea para implementar el plan de recuperación de España, y ya provocó un gran revuelo en el seno del Ejecutivo a finales de 2020 cuando trascendió una propuesta para elevar de 25 a 35 años ese periodo de cálculo de las nuevas nóminas . Aquella propuesta, que siempre negó José Luis Escrivá, impactaría negativamente en la cuantía de la pensión media inicial de jubilación, que disminuiría alrededor de un 8,6% , según el estudio realizado por el Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson, en colaboración con las universidades de Valencia y Extremadura.
El debate fue agrio entre las dos alas del Gobierno y, en consecuencia, Escrivá , terminó renegando de la medida. Ahora el proceso es irreversible: 2022. Aumentar los años que se emplean para calcular la pensión es una de las medidas más efectivas para recortar la pensión inicial de los nuevos jubilados y reducir la tasa de reemplazo (primera pensión frente a último salario) en el sistema de pensiones español, que ahora se sitúa por encima del 80%, según la OCDE. En la práctica implica percibir rentas menores porque los trabajadores, por regla general, tienen peores salarios en sus primeros años de vida laboral y mejores en los últimos. Este año han cambiado los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión y han quedado fijados en 25 años. Desde 2013 se abrió un periodo transitorio hasta el 1 de enero de 2022 en el que el periodo de cotización exigido para el cálculo ha pasado de forma progresiva desde los 15 a 25 años.
El acuerdo con Bruselas para recibir los fondos recoge un incremento de las bases máximas de cotización y, «progresivamente», de las pensiones máximas para que el sistema no pierda contributividad. Es decir que aumentarán los impuestos para los sueldos más elevados, de más de 49.000 euros, pero también la pensión que perciban . El destope de las bases máximas de cotización siempre ha estado en la diana de Podemos como una medida de efecto inmediato para lograr ingresos en la Seguridad Social junto con el alza del salario mínimo . Pero a diferencia de Escrivá, la formación morada defiende que la pensión máxima no suba. Con esta medida el Gobierno deberá que enfrentarse de nuevo al rechazo de la patronal, contraria a nuevos aumentos de los costes para las empresas.
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