El Gobierno tiene un plan para ejecutar los fondos europeos si no hay Presupuestos en 2021
Fuentes del Ejecutivo señalan que la prioridad eso sí es sacar las cuentas y detallan que hasta 2023 se intentará utilizar tood el dinero de las transferencias y en los tres años siguientes, los créditos
El Gobierno ya ha activado la maquinaria para tratar de absorber los 72.000 millones de euros que recibirá España en transferencias directa de la Unión Europea mediante el Plan de Reconstrucción o Next Generation EU. Fuentes del Gobierno señalan que para ello contar con unos Presupuestos Generales del Estado actualizados en 2021 facilita mucho la tarea de planificación pero que, si bien este es el escenario más seguro, el Ejecutivo también trabaja en una alternativa para ejecutar los fondos de la UE en una hipotética prórroga de las cuentas que dejó aprobadas el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en 2018.
Todos los escenarios están activos, aunque desde el Gobierno dan por hecho que habrá presupuestos. Antes del 1 de enero de 2021, eso sí, el Ejecutivo tendrá ya aprobado el decreto ley con el que pretende eliminar trabas burocráticas y modoficar así la Ley de Contratos Públicos o la del Procedimiento Administrativo, entre otras, por lo que lo aprobará a finales de año, previsiblemente en el mes de diciembre.
72.000 millones en transferencias hasta 2023
El plan del Gobierno consiste, en todo caso, en acumular la captación de los 72.000 millones de euros en transferencias directas los tres primeros años de duración del plan –de 2021 a 2023– y hasta mediados de 2023 no pedir los créditos correspondientes a la UE, si son necesarios, para ejecutarlos los tres años siguientes. Estas fuentes detallan que para asegurar la provisión de recursos, será el Estado el que adelante los 27.436 millones de euros de fondos que ha planificado para 2021 y ha incluido en el techo de gasto para los Presupuestos. Una vez empiecen a llegar los fondos de la UE a mediados de 2021, justificará el destino del gasto para cubrir lo adelantado.
La última visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Bruselas pese a que se cancelara el Consejo Europeo, dejó atado muchos de estos detalles con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con el comisario económico, Paolo Gentiloni. Como fuere el esfuerzo que tendrá que desplegar la Administración para dar un buen uso a esta catarata de recursos será ímprobo.
Entre las reformas que contiene el plan y que el Gobierno tendrá que detallar a Bruselas a partir del 15 de octubre figura un epígrafe para la modernización del sistema fiscal en el que el Ejecutivo ya da pistas sobre el próximo proyecto de cuentas, con subidas de productos con tipos súperreducidos en el IVA y más impuestos medioambientales para aproximar la presión fiscal verde a la de Europa.
«España tiene una ratio ingresos/PIB inferior a la media europea, un elevado peso de la imposición sobre el trabajo y un insuficiente desarrollo de la imposición medioambiental. También se ha venido señalando la baja recaudación por el IVA debido al elevado uso de tipos superreducidos y la necesidad de abordar el persistente déficit del sistema de pensiones esta legislatura», recoge el plan del Gobierno. El Ejecutivo nombrará a un grupo de expertos para la reforma fiscal del futuro como una de las iniciativas que ha propuesto a Bruselas.
