El Gobierno quiere bloquear antes las cuentas bancarias de los sospechosos de terrorismo
El Ejecutivo prepara una norma para acelerar congelar fondos a personas y entidades a los que la ONU marque como posibles culpables de estas actividades ilícitas
El Gobierno prevé aprobar una norma con rango de ley para la aplicación inmediata de las sanciones que imponga el Consejo de Seguridad de la ONU contra el uso y movimiento de fondos en materia de terrorismo, ante el actual decalaje de días que se produce hasta que se aplica el reglamento europeo del que depende España, según apuntan fuentes del Ministerio de Economía. Ello permitirá congelar las cuentas bancarias de los sospechosos de blanqueo de capitales y terrorismo que marque la ONU y dará seguridad jurídica a las entidades, que podrán bloquear las cuentas bancarias y los fondos a quien marque Naciones Unidas con amparo legal. La fórmula es tramitar un régimen transitorio.
Si bien España es uno de los países que mejor puntúa en el último informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), este ámbito es aquel en el que cosecha su calificación más discreta. Ahora mismo, cuando el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba sanciones a personas o entidades terroristas o que financian esta actividad, España espera a que se publique el reglamento europeo pertinente que le permite actuar. Ello dilata el plazo en tres o cuatro días, lo que permite actuar a los sospechosos .
Por ello, en cuanto haya un Gobierno formado y mayoría suficiente, la intención del Ejecutivo es adoptar esta ley. Así, Economía aspira a mejorar en la cuarta ronda de evaluaciones del GAFi, en la que España ya ocupa el primer puesto a nivel técnico –junto a Reino Unido–, y está entre los cuatro mejores países en cuanto a la implementación. España cumple así con 37 de las 40 recomendaciones , mejorando en dos de las tres que quedan y con ciertos avances en la tercera.
Tener una buena puntuación por parte del GAFI, en opinión del Ministerio de Economía, abarata la financiación y facilita las operaciones comerciales con otros países. Otro de los aristas sobre los que llama la atención el GAFI es que hay que concienciar al sector privado y, en concreto, a las organizaciones sin ánimo de lucro para que tomen conciencia de que en ocasiones pueden contribuir a la causa terrorista sin saberlo.
Inscripción o sanción de 60.000 euros
Junto a ello, el Ministerio de Economía y Empresa ha lanzado una guía informativa elaborada para el registro de proveedores de servicios a sociedades, con el fin de ayudar en la inscripción de personas físicas profesionales que prestan servicios profesionales en el Registro Mercantil, cuyo plazo finaliza el próximo 31 de diciembre y que, en caso de incumplirse, podría conllevar una sanción leve de hasta 60.000 euros, según han informado en fuentes del Ministerio de Economía.
El plazo acababa el pasado 4 de septiembre, pero como el formulario para inscribirse no estaba aprobado unos días antes , el Ministerio de Justicia decididó aplazar hasta el 31 de diciembre la fecha obligatoria para realizar la inscripción en el Registro Mercantil. Esto afecta a asesores fiscales y abogados que presten estos servicios a las empresas pero de manera externa, como personas físicas. La mayor parte de personas jurídicas ya están inscritos en el registro.
