El Gobierno prorrogará la suspensión de los desahucios hasta el 30 de septiembre

El Gobierno prorrogará una vez más la suspensión de los desahucios, medida que forma parte del conocido como ‘escudo social’ que el Ejecutivo puso en marcha para hacer frente a la crisis del Covid-19 y que caducará el próximo 28 de febrero. En concreto, la coalición PSOE-Podemos extenderá esta norma hasta el próximo 30 de septiembre , fecha en la que esperan tener ya aprobada la ley de vivienda, que introducirá mecanismos en línea con la norma extendida.

En concreto, la prórroga volverá a incidir sobre la suspensión de desahucios de inquilinos sin alternativa habitacional, entre los que están incluidos hogares sin contrato cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia de género o menores a cargo. Un procedimiento que, en todo caso, debe aprobar el juez con un informe previo facilitado por los servicios sociales. El Ejecutivo pretende renovar esta moratoria el próximo martes en Consejo de Ministros , según adelantó ayer El País.

Sin embargo, no habrá nuevas moratorias en medidas como la condonación parcial del alquiler a los inquilinos cuando el propietario es gran tenedor o entidad pública, ni tampoco en el caso de la prórroga extraordinaria de los arrendamientos . Dos disposiciones que acompañaban hasta ahora a la suspensión de los desahucios dentro del ‘escudo social’ en materia de vivienda.

La norma ha resultado ser el germen del mecanismo que el Ejecutivo quiere introducir dentro de su proyecto de ley de vivienda, todavía pendiente de ser aprobado en el Congreso. Según avanzaron fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana , la nueva ley posibilitará que se puedan frenar los desahucios por impago del alquiler a familias en situación de vulnerabilidad. En concreto, se podrán paralizar los lanzamientos durante dos meses en caso de que el propietario sea una persona física y hasta cuatro si es persona jurídica. La decisión, al igual que con el ‘escudo social’, recaerá en los juzgados.

Pasado ese tiempo, serán los servicios sociales los que tengan que encontrarles una alternativa habitacional. Para ello el Gobierno se servirá de parte de las 15.000 viviendas sociales que aportará la Sareb para alquiler social.