El Gobierno plantea una prórroga de los ERTE hasta el 31 de enero
Escrivá defiende un recorte de las exenciones por limitación de la actividad hasta el 50%
El Gobierno y los agentes sociales negocian ya contra reloj una nueva prórroga de los ERTE que comenzaría a operar el próximo 1 de octubre. Ayer las partes volvieron a reunirse en busca de un consenso que permita a los casi 300.000 trabajadores que están con el empleo suspendido seguir cobrando prestación a la espera de que puedan retornar a la actividad. En las fechas para la nueva prórroga hay coincidencia, las divergencias están en las condiciones.
En este nuevo encuentro el Ejecutivo movió ficha y presentó una oferta a los agentes sociales que amplía las ayudas por ERTE hasta el 31 de enero y que, en la práctica, supone un cambio en las condiciones actuales, teniendo en cuenta que la prórroga no será automática y que las empresas interesadas en renovarlos deberán solicitarlo antes del 10 de octubre. Una vez presentada la solicitud, la Administración tendrá que resolverla en el plazo de diez días y si no lo hace será desestimada. De prosperar estas nuevas condiciones serán los trabajadores afectados los que deberán renovar sus prestaciones con el servicio público de empleo para seguir cobrando.
En la reunión de ayer la Seguridad Social modificó a la baja su esquema de exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social para las empresas, aunque mantiene las ayudas en caso de cierre obligado por Covid. Aquellas compañías que se vean obligadas a cerrar o a detener su actividad por una decisión de la autoridad sanitaria, los denominados ERTE de impedimento, seguirán sin pagar el cien por cien de las cotizaciones de sus trabajadores. Sí se producen modificaciones en el caso de los ERTE por limitación de la actividad, cuyas exoneraciones bajan hasta el 50% para empresas de menos de 50 trabajadores y del 40% para empresas de mayor tamaño. Hasta ahora estas reducciones eran del 75% y el 65%, según el tamaño de la plantilla. El esquema que regía hasta ahora consistía en dos tipos de ayudas: unas enfocadas a ayudar más a las empresas que pudieran sacar a trabajadores del ERTE. Y otras para sectores ultraprotegidos, es decir, con escasas posibilidades de reactivación debido a las restricciones actuales y que, en compensación, podían acceder a altos porcentajes de exoneraciones.
El Gobierno también pretende que la próxima renovación de estas ayudas, que aún reciben 263.000 trabajadores, estén condicionados a la formación y el reciclaje profesional, dado las dificultades que muchos de los afectados tienen para volver a retornar a la actividad laboral. Su idea es que parte de las ayudas para las empresas se liguen a que estas habiliten cursos de formación a sus plantillas.
Las empresas no salieron ayer muy convencidas del encuentro con el Ejecutivo. Fuentes empresariales explicaron a ABC que el nuevo planteamiento no puede entenderse como una prórroga de los ERTE , sino más bien como un mecanismo nuevo a desarrollar entre el 1 de octubre y el 31 de enero y que algunas de las propuestas ya se han puesto en práctica y han resultados fallidas. Citaron el caso de vincular las exoneraciones a la formación, «cuyo sistema actual se ha demostrado ineficaz», puntualizaron.
Ayudas extraordinarias
La nueva prórroga dará certidumbre a los afectados por ERTE para transitar lo que se espera sea el final de la crisis. Su prórroga hasta el 31 de enero ya se percibe que, como en las ocasiones anteriores, llegará en el último minuto y tras unas intensas negociaciones, que continuarán hoy con los autónomos y una nueva ampliación del cese de actividad. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, aseguró ayer que hoy reclamarán al ministro de Seguridad Social que ponga en marcha una «ayuda urgente y extraordinaria» para los autónomos afectados directa o indirectamente por los desalojos y pérdidas de actividad por la explosión del volcán en La Palma. El Gobierno ya estaría dando pasos en este sentido.
