El Gobierno negocia con Podemos un nuevo decreto del alquiler

El Gobierno trabaja contra reloj para llevar al Consejo de Ministros de este viernes un nuevo decreto del alquiler. Una norma que limitaría las subidas de las rentas al IPC, ampliaría a cinco años el periodo mínimo de los contratos y obligaría al propietario a asumir los gastos de inmobiliaria si este es una persona jurídica.

El Ejecutivo , sin embargo, apunta que el texto «todavía no está cerrado» y se pueden incluir «modificaciones» a la norma. En principio, este decreto se llevará el viernes al Consejo de Ministros «si se logran los apoyos necesarios».

Y es que la negociación entre partidos políticos está en plena ebullición y de hecho se espera continúe durante hoy mañana. Y aunque el acuerdo con Podemos está prácticamente hecho, aún están abiertas las conversaciones con el PdeCat, PNV y ERC.

Para Podemos, dar la luz verde a esta normativa en los términos actuales supondría ceder –o al menos flexibilizar su postura- en el que ha sido uno de sus principales caballos de batalla en materia inmobiliaria: la limitación de los precios en zonas tensionadas, razón por la cual la formación morada dejó caer la anterior norma en su convalidación en el Congreso de los Diputados, en lo que supuso la primera gran derrota parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez y que cosechó los votos en contra de la formación morada, del PP, Ciudadanos y ERC.

Según fuentes parlamentarias, el borrador no incluye ninguna medida referida a la regulación del precio de los alquileres, aunque sí establece una mención a unos índices de precios de referencia que quedarían en manos de las comunidades autónomas. Fuentes de Podemos explican que la exclusión de esta exigencia es uno de los grandes fallos del nuevo texto , si bien recuerdan que aún hay margen de negociación.

Entre la lista de faltas, la formación morada también destaca que no se incluye una disposición transitoria para poder aplicar a los contratos en vigor las mejoras logradas, así como la no garantía habitacional para personas en riesgos de exclusión. Sin embargo, se consideran como “grandes mejoras”, la limitación al IPC del precio del inmueble durante los años del contrato, el hecho de que se reconozca la validez de su validez aunque la propiedad cambie de manos, una circunstancia que en el anterior decreto solo se establecía para aquellos contratos inscritos en el Registro de la Propiedad, y que el pago del mes a la inmobiliaria corra a cuenta del arrendador en caso de ser una persona jurídica.