El Gobierno ignora la presión social y no aprobará medidas para abaratar el carburante hasta el día 29

Portugal, Francia, Italia, Irlanda, Polonia ...con más de media Europa anunciando medidas para amortiguar el impacto de las tensiones en los mercados energéticos en el precio del carburante y tras una semana de movilizaciones en el sector del transporte, que incluso han empezado a generar problemas puntuales de desabastecimiento, e l Gobierno sigue resistiéndose a adelantar su paquete de medidas para rebajar el precio de las gasolinas. La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño , ha confirmado tras su reunión con las comunidades autónomas y los poderes locales que la hoja de ruta continúa siendo la misma y que el paquete de medidas para contener el precio del gas, la electricidad y el carburante se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo 29 de marzo, justo después de la decisiva cumbre europea de los días 24 y 25 de marzo.

Calviño ha defendido la 'excepción española' en el hecho de que aunque países como Francia han avanzado medidas para rebajar temporalmente el precio del carburante ante la escalada de los precios, éstas no entrará en vigor hasta el próximo 1 de abril, y que por tanto el paquete que se apruebe la próxima semana nos sitúa en línea con lo que se está haciendo en el esto de Europa.

El Gobierno prefiere esperar al resultado de la cumbre europea de los días 24 y 25 de marzo y al paquete de medidas que de allí salga antes de comprometerse con medidas específicas que a buen seguro elevarán de forma significativa el coste de la crisis para las arcas públicas. La propia vicepresidenta primera del Gobierno ha insistido mucho en los últimos días en que ya se han adoptado medidas para bajar el recibo de la luz y que éstas tendrán un coste de entre 10.000 y 12.000 millones de euros para las arcas del Estado.

Los transportistas, por el contrario, quieren medidas ya. Sostienen que cada día que se mantiene la situación actual tiene un coste millonario para el sector, que llenar el depósito les cuesta entre 500 y 700 euros mensuales más y que hay muchos profesionales que se están viendo obligados a parar por no soportar el sobrecoste derivado de la situación.

Las comunidades autónomas también le han pedido al Gobierno una actuación urgente. La Comunidad de Madrid ha solicitado al Gobierno que rebaje la factura energética del tejido productivo suspendiendo la aplicación de los impuestos que afectan al combustible y la energía y también los costes regulatorios para abaratar la factura energética para el país. También le han pedido al Gobierno que active la cláusula que se prevé en el artículo 21 del Reglamento del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia para redirigir los fondos europeos y orientarlos a la lucha contra la crisis actual . "Nos hemos reunido con tres ministras del Gobierno y nos vamos de aquí sin saber qué va a hacer el Gobierno", lamentó el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, que expresó su temor de que el Gobierno se eche atrás en su promesa de bajar los impuestos al combustible.