El Gobierno aprueba la 'ley rider': Glovo y Deliveroo tienen tres meses para contratar a los repartidores
La norma obliga a todas las empresas que trabajen con algoritmos a ceder a los sindicatos la información que relacionen a estos con las condiciones de trabajo
El Gobierno ha aprobado la 'ley rider' en el Consejo de Ministros, dos meses después de que Trabajo llegara a un acuerdo con los agentes sociales para su promulgación. Como adelantó ABC, esta norma obliga a las empresas de reparto a domicilio, como Glovo, Deliveroo, Uber Eats y Stuart a contratar a sus repartidores en un plazo de tres meses desde la publicación de la ley en el BOE. La 'ley rider' llega finalmente en forma de decreto que tendrá que pasar por el Congreso. Con su aprobación se acaba con la polémica de si los repartidores estaban trabajando como falsos autónomos o no. Un debate que terminó zanjando hace meses el Supremo , dictaminando que la relación laboral de estos con las plataformas era de ajenidad.
Esta relación laboral afecta por ahora estas plataformas digitales de reparto a domicilio, aunque la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no descartaba que se incluyeran más sectores, como podían ser los conductores de VTC, pero eso necesitaría «un «debate más pausado».
La otra pata importante de la norma es, como informó ABC, los representantes de los trabajadores vigilar los algoritmos que determinan las condiciones de trabajo . Esta parte de la norma afecta a todas las empresas que utilicen algoritmos. Así, los sindicatos tendrán que ser informados «de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles».
En concreto, el decreto recoge una nueva letra d) en el apartado 4 del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores. Este tiene la siguiente redacción: «Ser informado por la empresa de los parámertos, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles».
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros han estado presente la ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. En la misma, Díaz ha explicado que la norma es «histórica», destacando que España «se convierte en la vanguardia de la legislación internacional en esta materia», ya que «ningún país se ha atrevido a legislar sobre esta materia».
Díaz ha recalcado la importancia de la regulación de los algoritmos. «Es el núcleo central de la protección que estamos dando », ha explicado, a su vez que ha anunciado que se va a «crear un comité de expertos que van a asesorar al Gobierno sobre el buen uso de los algoritmos y la inteligencia artificial en las relaciones laborales».
La ministra de Trabajo ha dado las gracias a los agentes sociales por su «valentía» y también al trabajo realizado por la Inspección durante este tiempo. Según ha confirmado, se han regularizado más de 16.000 empleos, teniendo un impacto de 29 millones de euros.
Protestas
Las reacciones a la 'ley rider' no se han hecho esperar. Las compañías llevan meses acusando a la CEOE de no defender sus intereses. De hecho, Glovo acabó abandonando la CEOE. Unos ataques de los que la patronal se defiende argumentando que se han eliminado muchas medidas que pedían los sindicatos y que hay sentencias en firme de que los repartidores no son autónomos.
Hoy, la asociación que integra a las cuatro plataformas, ha lamentado la norma, que según explican ha sido elaborada «sin tener en cuenta a sus principales actores: restaurantes, plataformas y, lo más sorprendente, a los propios repartidores».
Stuart, por su parte, también ha mandado un comunicado individual en el día de hoy. «Lamentamos profundamente la falta de apoyo por parte de la principal patronal hacia las plataformas a la hora de presentar alternativas regulatorias, provocando que finalmente no se haya adoptado ninguna de las propuestas de la plataformas de reparto. Consideramos que esta nueva regulación requería no solo de la participación del sector afectado, sino también un debate parlamentario amplio y sosegado, teniendo en cuenta que este sector actualmente aporta 700 millones al PIB nacional, y pone en peligro más de 15.300 empleos totales en España», ha explicado el director de Stuart en España, David Gausch.
Paralelamente, en el día de hoy unos 4.000 repartidores pertenecientes a la Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA) se han manifestado hoy en una decena de ciudades del país. Denuncian que «la aprobación de la 'ley rider' es un paso más hacia el precipicio que supone dejar a más de 15.000 repartidores sin empleo».
