El Gobierno recorta su previsión de crecimiento al 1,6% este año y aumenta el gasto en 4.710 millones
El Ejecutivo admite que los Presupuestos elevarán el déficit al 1,8% del PIB pese a admitir un escenario de mayor desaceleración de lo augurado hace meses
El Gobierno prevé que los Presupuestos de 2020 eleven el déficit y el gasto pese a que el crecimiento económico se ralentizará. Así figura en el cuadro macroeconómico sobre el que reposan sus estimaciones fiscales y que está marcado por la desaceleración. El Ejecutivo ha recortado sus previsiones de crecimiento para 2020 en dos décimas al 1,6%, que seguirá bajando al 1,5% en 2021 para luego registrar un 1,6% en 2022 y un 1,7% un año más tarde.
Pese a ello, la senda de objetivos de estabilidad que ha aprobado esta mañana el Consejo de Ministros contempla un desequilibrio del 1,8% del PIB en 2020: 1,3 puntos más que el vigente aprobado por Rajoy y una por encima de lo que preveía el mismo Ejecutivo en octubre, sin tener en cuenta los Presupuestos para este año.
De ello se deriva un presupuesto expansivo , que pese a las subidas de impuestos que contendrá, elevarán el déficit en una décima (más de 1.200 millones) frente a un escenario de prórroga por el mayor gasto . De este 1,8%, la Seguridad Social acumulará la mayor parte de los números rojos (1,1% de objetivo) frente a Estado (0,5%) y comunidades autónomas (0,2%).
Presupuesto expansivo
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha arrancado la rueda de prensa del Consejo de Ministros expresando que el Gobierno siente «verdadera devoción» por el cineasta José Luis Cuerda, director de «Amanece que no es poco», otorgándole la Gran Cruz. Tras esto, ha anunciado que el límite de gasto no financiero aprobado para 2020, que fija el máximo de desembolso ministerial para la elaboración de los Presupuestos de 2020, alcanza los 127.609 millones de euros , un 3,8% más que los 122.899 de la prórroga de las cuentas de 2018 en 2019.
Ello supone un aumento del techo de gasto de 4.710 millones de un año a otro que da una idea de las medidas expansivas que contendrán las cuentas de 2020. Eso sí, pese a este aumento del déficit y del gasto, choca que el objetivo de deuda pública permaneza inalterable frente a lo previsto en octubre, con un 94,6% del PIB frente al 95,8% que el Ejecutivo auguraba para 2019.
Algo se explica por que el PIB nominal, es decir, que incluye el efecto de los precios, sufre una desaceleración menor en las previsiones del Gobierno al pasar de un alza del 3,6% a otra del 3,5% en 2020 (si bien en 2019 el Ejecutivo auguraba un avance del 3,9% que se ha quedado en un 3,5%). Este indicador es el que impacta sobre la recaudación, ya que si suben los precios también lo hacen los ingresos de Hacienda crezca o no la economía.
El pasivo de las administraciones no bajará de la frontera psicológica del 90% hasta el último año de la legislatura: en 2021 adelgazará al 93,4%, en 2022 se irá al 91,7% y, por fin, en 2023 menguará al 89,8%. Las metas vigentes aprobadas por Rajoy preveían un pasivo del 92,5% para este año.
Ralentización en el mercado laboral
El empleo también sufre un duro recorte en las previsiones del Ministerio de Economía . De crecer un 2% en 2020 como estimaban en octubre ha pasado de hacerlo un 1,4% en 2020, 2021, 2022 y 2023. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, señaló en rueda de prensa que el crecimiento del PIB es "más robusto y equilibrado" que en anteriores fases expansivas y que supera al de la UE.
El paro tampoco bajará del 12% ni en 2023 en lo que se traduce que la recuperación del mercado laboral también da síntomas de estancamiento. El desempleo bajará del 14,1% en 2019 –el Ejecutivo preveía en octubre un 13,8%– al 13,6% este año –12,3% en la anterior previsión–, al 12,6% en 2022 y al 12,3% al acabar la legislatura.
Senda de déficit
Con menos crecimiento, la Administración relaja su proyección de mejora de sus números rojos. Para los siguientes años, el déficit se va al 1,5% en 2021 (con un punto de déficit de la Seguridad Social, una décima en las regiones y cuatro en el Estado), el 1,2% en 2022 (tres décimas del Estado y nueve de la Seguridad Social) y un 0,9% en 2023 (con ocho décimas del sistema y una décima del Gobierno Central). En el caso de las corporaciones locales, el objetivo es de equilibrio financiero.
Montero ha destacado que la Administración Central será la que acometa el mayor ajuste al pasar de un déficit de 1,32 puntos del PIB en 2018 a otro de 0,5 este año. Eso sí, se desconoce cómo cerró en 2019: frente a la previsión del 2% del PIB que hacía el Ejecutivo el Banco de España habla de un 2,5%, en lo que significaría un año perdido en la reducción del déficit.
Consulta a la Abogacía del Estado
Sobre el artículo 135 de la Constitución, que fija un descenso de déficit estructural desde 2020 en línea con lo que dicta la Comisión Europea, que para España pide un ajuste de 7.800 millones al año (0,65% del PIB), Montero ha anunciado que Hacienda consultó a la Abogacía del Estado los límites que tenía ante la posibilidad de recursos al TC. La Abogacía le respondió en un "i nforme contundente " que no hay "ningún tipo de limitación" . "Tenemos capacidad plena de presentar esta senda, en línea con la Constitución», ha zanjado.
Reforma de las pensiones
Montero ha apuntado que estas previsiones no incorporan el impacto que pueda tener una futura reforma de las pensiones, pero ha abierto la puerta a que se modifiquen en el futuro, de forma que "el Estado asuma más déficit y descargue gastos a la Seguridad Social más propios de los Presupuestos que del sistema".
La ministra ha anunciado que aprobarán próximamente en Consejo de Ministros la creación del impuesto a los servicios digitales, a las transacciones financieras y el nuevo plan de lucha antifraude , en forma de proyecto de Ley, mientras que el resto de alzas fiscales figurarán en los Presupuestos de 2020, que el Ejecutivo presentará "lo antes posible" y que prevé "entren en verano".
¿Visto bueno de Bruselas?
Calviño no ha aclarado si la Comisión Europea, con la que tiene un "diálogo constante", ha dado su visto bueno a la senda de déficit, aunque ha incidido en que "no tiene por qué pronunciarse ahora" sino que lo hará cuando el Gobierno presente los Presupuestos Generales del Estado.
El Gobierno también ha aprobado la compra centralizada de medicamentos de 391 millones de euros para diez comunidades, que han decidido y que, en palabras de Montero, recogerán ahorros por esta decisión, además del Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
