Gobierno, Sareb y banca movilizarán 11.000 viviendas más de alquiler social
El Fondo Social de Vivienda de la banca se creó en el año 2013 con algo menos de 6.000 viviendas cedidas por 33 entidades financieras
El Gobierno ha firmado hoy un acuerdo con la Sareb , por el que la entidad comprometerá 5.000 viviendas destinadas al alquiler social en el corto plazo, que posteriormente se ampliarán hasta llegar a las 10.000 según ha comunicado hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez . Estas viviendas estarán gestionadas por comunidades y ayuntamientos, y según el líder del Ejecutivo, «tendrán un precio fijado y limitado».
Así, el Gobierno también ha anunciado que el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana asumirá parte de los gastos de cesión de los trabajos de rehabilitación y acondicionamiento de las viviendas. Asimismo, Sánchez ha asegurado que favorecerá a grandes tenedores y entidades financieras para que pongan a disposición del parque de alquiler social parte de sus activos.
En este sentido, también se ha confirmado la prórroga del fondo social de vivienda para familias vulnerables con las entidades bancarias hasta enero de 2022, que aportarán 2.000 viviendas más, hasta alcanzar las 11.000. Según explicó Sánchez, estas viviendas serán proporcionadas por los bancos a precios muy reducidos «para personas que han perdido su vivienda por imago, préstamo hipotecario o como consecuencia de una dación en pago».
Dichas viviendas pertenecen a los bancos asociados a la Asociación Española de Banca, la Confederación Española de Cajas de Ahorro, la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, la Asocicación Hipotecaria de España, el Banco de España y la Plataforma del Tercer Sector . Este fondo se creó en 2013 y hasta ahora había llegado a aportar 9.000 propiedades, con un precio mensual entre los 150 y 400 euros.
Por último, el Ejecutivo ha desvelado su plan de vivienda para el alquiler asequible, para el que dicen invertirán 1.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos . Con el mismo aseguran querer hacer frente a los desajustes del mercado del alquiler en las zonas más tensionadas, logrando un parque público de 24.000 viviendas en los «puntos calientes».
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