Garzón pide reformas para abaratar la luz y Ribera descarta crear una eléctrica pública
Desde Unidas Podemos presionan al PSOE para que cumpla con el acuerdo programático y acometa cuanto antes la reforma prometida del mercado eléctrico
Nuevo enfrentamiento dentro del Gobierno de coalición a cuenta de la subida del precio de la luz. Desde Unidas Podemos presionan al PSOE para que cumpla con el acuerdo programático y acometa cuanto antes la prometida reforma del mercado eléctrico. Tras las subidas del precio de la luz de los últimos días a causa del temporal «Filomena», desde el partido liderado por Pablo Iglesias consideran que se deben garantizar «unos precios asequibles para el consumidor y las empresas», tal y como se menciona en el pacto entre ambas formaciones. Sin embargo, los miembros socialistas del PSOE piden cautela a la hora de emprender futuras reformas y esperar a Competencia y recuerdan que la subida es puntual y fruto del actual escenario de bajas temperaturas y de aumento de la demanda.
El más combativo y directo al respecto ha sido el ministro de Consumo, Alberto Garzón , quien avanzó ayer en la red social Twitter que el Ejecutivo de coalición está centrado en lograr reformas para bajar el precio de la electricidad y «corregir problemas estructurales que arrastramos desde hace décadas». En este sentido, Garzón recordó que en el acuerdo de Gobierno se plantean «unas líneas y medidas de trabajo que aspiran a resolver este problema de una vez por todas». «La subida del precio de la luz empeora la situación de pobreza energética de las familias más vulnerables, por lo que estamos ante un severo problema social cuya solución es prioridad de este Gobierno y para la que estamos trabajando sin descanso», destacó.
Garzón achaca el encarecimiento del recibo en España al funcionamiento del sistema «ineficiente diseñado por la UE», pero también a que el sector energético «está dominado por tres grandes empresas, que tienen un gran poder de mercado» . «La composición social general de estas empresas es también problemática: años de conflictos de interés han puesto nombre a su poder». Por ello, el titular de Consumo va más allá e insiste en la creación de una empresa pública como «instrumento útil que ayudaría a bajar los precios» . Sin embargo, admite que una entidad de titularidad pública «no controlaría el mercado ni es la panacea, pero con ella mejoraría el margen de acción».
«Enfoques distintos»
Por su parte, la vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, indicó hoy que existe «un consenso muy amplio» entre PSOE y Unidas Podemos sobre las «prioridades» de la reforma energética prevista para esta legislatura, aunque admitió que «todavía podemos tener enfoques distintos respecto a las medidas más adecuadas». En declaraciones a TVE, Ribera coincidió con Garzón en que la reforma energética es fundamental en la agenda de trabajo del Ejecutivo para 2021 y la previsión es que en este primer semestre del año, «los secretarios de Estado de Derechos Sociales y de Energía la aborden con expertos que entienden bien el funcionamiento de un mercado complicado».
No obstante, Teresa Ribera pidió cautela y esperar a los resultados de los análisis de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Ribera sí apostó por «reformas robustas» para el sistema energético , aunque explicó que hay que «ver qué intervención en el mercado es la más práctica, la más sencilla y la más segura» con respecto al marco legal europeo y el marco constitucional. En esta línea, Ribera puntualizó que es el momento de ser «cuidadosos» en el análisis de la información y esperar a que la CNMC ofrezca los datos fidedignos sobre el comportamiento tarifario del mercado.
Horas más tarde, tras su intervención en el Spain Investors Day, dijo que no considera algunas propuestas que vienen de Unidas Podemos, como la de nacionalizar o crear una eléctrica estatal, ya que «no es una buena idea».
La vicepresidenta cuantificó la subida en una horquilla de cuatro a diez euros en el recibo de enero tras el incremento en el precio de la luz en el mercado mayorista, pero le quitó peso al recordar que unos 11 millones de hogares con tarifa regulada han disfrutado en los dos últimos años de «una disminución muy importante» en la factura de 120 euros en cada ejercicio.
Ribera también remarcó que la prioridad «desde el primer día» ha sido «trabajar en temas de pobreza energética, dando cobertura social a los consumidores más vulnerables» y ese es «un compromiso de gobierno con nuestros socios de Podemos», añadió la titular de Transición Energética.
Sin rebaja del IVA
Al hilo de la polémica por el incremento de la factura eléctrica, la ministra de Hacienda y también portavoz del Gobierno, María Jesús Montero , repitió -al igual que otros ministros socialistas durante la última semana- que el alza del precio de la luz que sufre ahora España «es coyuntural y puntual». También insistió en que desde el Gobierno se «trabaja sin descanso» para que el conjunto del año sea más barato que el anterior. Pese a estas promesas, Montero descartó una reducción en el tipo del IVA de la luz , ahora fijado en el máximo del 21%, ya que «no estaría en línea con lo que se marca por parte de Europa».
Montero defendió que la subida actual es un «pico concreto» motivado por la demanda de los consumidores ante el frío y las heladas . «Estamos cumpliendo con las premisas electorales y el compromiso de hacer los cambios regulatorios y normativos necesarios para posibilitar abaratamiento en la factura de la luz en el corto y largo plazo», dijo al respecto.
Modificar el recibo
Cabe recordar que en el pacto entre Unidas Podemos y el PSOE se rubricó el compromiso para una reforma integral con varios puntos a seguir, entre ellos, la modificación del recibo de la luz para reducir el porcentaje que representa el término de potencia y que el término variable del componente regulado vaya subiendo en función de la energía consumida. De este modo, se pretende que el coste a pagar por las familias por los primeros kilovatios consumidos sea inferior a los siguientes.
Ambas formaciones también se comprometieron a poner en marcha un Plan de Reforma del Sistema Eléctrico que favorezca la transición hacia la descarbonización y unos precios asequibles para hogares y empresas. Para ello, planificaron la elaboración de normas que promuevan la reducción progresiva del coste de las energías renovables para que se traslade al precio de la electricidad y se garantice la rentabilidad adecuada.
Entre otras cuestiones, se incluye la apuesta por completar la aprobación del Estatuto del consumidor electrointensivo para «potenciar la competitividad y la eficiencia de las empresas con altos costes energéticos a través de compensaciones y exenciones de pago a cambio de que éstas mejoren su eficiencia energética y que mantengan y generen empleo».
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