Gasto Público
Garamendi rechaza ahora la subida de pensiones con el IPC y exige que se revise la ley aprobada hace seis meses
El presidente de la patronal llama al Pacto de Toledo a reevaluar el acuerdo por el fuerte incremento del gasto que conlleva
La CEOE advierte la necesidad de contener el gasto del Estado ante el enfriamiento de la economía y la subida de tipos
El representante de los empresarios aboga porque los pensionistas formen parte del pacto de rentas
El Gobierno carga sobre los funcionarios la mitad del coste de la subida de las cotizaciones
El avance desbocado del IPC en la primera mitad de año y el impacto que tendrá para el gasto público de cara a los próximos Presupuestos Generales del Estado ya no solo preocupa al Gobierno, que reconoce cómo este elemento será crucial en la configuración de las próximas cuentas, sino que también ha instalado cierta inquietud en los agentes sociales. Estos, ven como el desembolso de las revalorizaciones previstas para 2023 cohabitará con una coyuntura de enfriamiento de la economía disparando los nieveles de deuda pública a niveles nunca vistos, de 140% del PIB , con la afectación que tendrá también para el resto de políticas.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi , que había firmado junto al Gobierno y los sindicatos la primera parte de la reforma de pensiones aprobada hace seis meses en el Congreso, parece hacerse cargo de esta circustancia. Reclamó este martes el presidente de la patronal en su intervención en el Foro Medcap 2022 dar una vuelta de tuerca al acuerdo alcanzado entonces, y que entró en vigor con rango de ley el 1 de enero de este año, ante las previsiones de desborde del gasto público para el próximo año. Solo la revalorización prevista con un IPC de entre el 6% y el 7,5% -según las previsiones de Fedea y el Banco de España-, le costará a las arcas públicas entre 10.200 y 13.500 millones de euros en 2023.
Es sobre esta perspectiva que Garamendi reclama reevaluar en la Comisión del Pacto de Toledo la recomendación que insta a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, y en la que se incluye esta vinclulación por ley de las actualizaciones a la inflación media causada en el año precedente. No en vano, la petición del presidente de la CEOE choca frontalmente con las últimas exclamaciones del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá , sobre este punto al asegurar que las pagas de los jubilados se elevarán en función del IPC tal y como prevé la ley.
Concretamente, el líder de la patronal subraya que «el tema de pensiones no sólo se arregla subiendo cotizaciones «, sino que es un tema »muy serio y muy importante« que debería ser objeto de un Pacto de Estado , por lo que reclama realizar estudios actuariales para ver lo que supone una medida como vincular las pensiones al IPC.
«Hay una cosa que se llama Pacto de Toledo y hay que ver cuántos años tenemos que cotizar, cuándo nos jubilamos, cuál es en este momento la tasa de mortalidad en España y lo que Bruselas está diciendo es que hay que sentarse y verlo de una forma seria. Hay que dejarse de elecciones y sentarnos a ver cómo arreglamos temas muy serios de este país», defiende Garamendi.
Pensiones y pacto de rentas
Aunque el Pacto de Toledo ya incluyó en sus recomendaciones la subida de las pensiones con el IPC, medida que se contempló en la reforma de pensiones en vigor y que contó con el aval de CC.OO. , UGT , CEOE y Cepyme , el dirigente empresarial advierte de que el Pacto de Toledo «tendrá que volver a sentarse» para evaluar esta cuestión.
De lo contrario, ha dicho, se generaría un problema en España respecto a la deuda pública y los costes para el Estado. «Hay una gente que es responsable, que es el Parlamento español, son los grupos políticos, es el Pacto de Toledo. Hay un comentario de la UE que está diciendo con toda claridad que hay que mirarlo y no vale poner parches y decir lo hago de esta manera o lo hago de otra, tengo elecciones pasado mañana, no las tengo», argumentó Garamendi.
«Y lo digo en general, no estoy diciendo si este partido o el otro. Se tienen q sentar y decidir. Hay q hacer un buen estudio actuarial y evaluar exactamente cómo se arregla este problema», añadía el líder de la patronal resaltando que, si bien la guerra ha influido en la escalada de la inflación, ese no ha sido el único factor, y coincidiendo con el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos , en la necesidad de evitar los efectos de segunda vuelta para que esta inflación no se convierta en estructural.
«Por eso, un pacto de rentas no es de lo que estábamos hablando, un pacto de rentas no sólo significa hablar de salarios, significa que hablemos de pensiones, de lo cual no se habla, de los salarios de los empleados públicos , que no se habla...», criticaba Garamendi. «Por ejemplo, en la pandemia, los trabajadores en ERTE estaban cobrando un 70% de su salario y los funcionarios cobraban el 100%: podrían haber cobrado lo mismo que los trabajadores de las empresas, que hemos pagado los impuestos, precisamente, para que esos servicios funcionaran», señaló como reproche a las políticas aplicadas en los últimos meses.
Por todo ello, el presidente de la CEOE justifica el no haber llegado a un acuerdo salarial con los sindicatos para la negociación colectiva ni a un pacto de rentas. «Hemos llegado a 15 acuerdos en los últimos años, pero esto no se podía firmar por responsabilidad (...). No hay nada roto, pero en este momento es imposible cerrar un acuerdo y eso no es una buena noticia», reconocía Garamendi, para recalcar que un pacto de rentas «significa que todo el mundo se tiene que apretar el cinturón».
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