Francisco González se declarará ajeno a los encargos a Villarejo

Francisco González abre hoy una semana decisiva en la investigación del supuesto espionaje a empresarios, políticos y periodistas encargado por el BBVA al comisario jubilado José Villarejo , que se encuentra en prisión preventiva por liderar una trama de coacciones. El expresidente de la entidad financiera comparece hoy asistido por un abogado, meses después de iniciarse la causa, y se desvinculará de los supuestos encargos a Villarejo, al que consideran parte de las llamadas «cloacas del Estado» . González -conocido como FG en el sector financiero- aportará documentación al juez investigador y argumentará que nunca firmó nada ligado a los servicios de las firmas del policía, según informaron a ABC fuentes jurídicas.

En esta rama de la investigación, el magistrado Manuel García Castellón trata de averiguar si el BBVA , como se desprende de las escuchas filtradas por el propio Villarejo, encargó el espionaje ilegal para frenar el asalto de la constructora Sacyr a la cúpula de la entidad financiera en 2005. Cenyt , una sociedad del comisario investigado, fue contratada por el BBVA por más de diez millones de euros entre los años 2004 y 2017. El juez, que ha imputado a varios directivos pasados y presentes, sospecha que la cúpula de la entidad conoció y consintió las prácticas irregulares.

Además de González, imputado por cohecho y revelación de secretos , un representante legal del propio BBVA rendirá cuentas el próximo miércoles ante el juez y los fiscales. El banco está imputado como persona jurídica y su comparecencia a través de un representante se había aplazado hasta en dos ocasiones desde julio.

Hasta el momento, solo uno de los investigados, el exdirector de riesgos y recuperaciones inmobiliarias de BBVA, Antonio Béjar, ha declarado y respondido a las preguntas de los investigadores. El antiguo directivo admitió que Cenyt fue contratada entre 2010 y 2013 para localizar a morosos, rompiendo el silencio de los imputados. Los demás se acogieron a su derecho a no declarar, una práctica habitual si la investigación se encuentra bajo secreto de sumario, como es el caso. La citación de González y de la entidad acaparan la atención.