Impuestos negativos contra la pobreza

Mientras se mantiene la senda de desaceleración de nuestra economía, cada vez más acentuada, el Gobierno continúa sin plantear reformas, más allá de las fatídicas subidas de impuestos a empresas y familias.

Durante los años de gobierno en funciones hemos perdido el tiempo, pero tampoco parece que ahora haya mucho interés. Lo peor de todo es que para acometer reformas necesitamos una visión de medio y largo plazo porque con ellas suele pasar como con la innovación, que a corto plazo decepciona y, sólo a medio y largo plazo, causa admiración. Un ejemplo interesante es lo que sucede ahora en Francia , sobre lo que la revista «The Economist» ha publicado un interesante artículo titulado «Las reformas de Macron funcionan, pero no para él», en clara alusión a su bajo índice de popularidad tras poner en marcha varias reformas, a pesar de que están empezando a lograr reducir el desempleo.

En la primera mitad de su mandato, Macron no ha estado con los brazos cruzados ante la agonía económica de su país. Ha acometido reformas en el mercado laboral y la formación, la sanidad y la educación. En todas ellas, ha roto barreras de acceso, trámites burocráticos, peajes inútiles y complejidades administrativas, valorando más la función de las empresas como ejes principales del crecimiento.

Su reforma del mercado de trabajo ha ido en la línea de romper unas rigideces que han mantenido a Francia atrapada en unas tasas de paro muy elevadas y que bloqueaban el crecimiento de las empresas. En España , sin embargo, vamos caminando justo en sentido contrario porque lo único que se ha hecho últimamente ha sido incrementar los costes a las empresas y ponerles una obsoleta máquina de fichar a la entrada. O sea, la empresa en la diana y no en el centro. Además, en el futuro sólo apreciamos nuevos ataques a la flexibilidad , bajo el pretexto de destruir una reforma laboral de otro partido político que favoreció la generación de tres millones de empleos.

En CEIM nos gustaría que, en vez de estar paralizados o abordando debates de pasado, se mirara al frente para buscar soluciones al reto de la digitalización, la ultra temporalidad que tenemos que utilizar como única vía de flexibilidad, la elevada tasa de paro, el angustioso desempleo de larga duración o el espantoso paro juvenil que lideramos a nivel europeo. Todo ello sin perder de vista la necesaria consolidación fiscal de las cuentas públicas, teniendo en cuenta que el año pasado prácticamente no se hizo ningún ajuste.

Los empresarios de Madrid también queremos que se aborden soluciones a las desigualdades para ayudar a quienes lo necesiten. Tenemos el reto de ofrecer vidas laborales dignas a grandes sectores de la población que empiezan a sentirse amenazados o expulsados del sistema. Pero para ello, en España sólo se pone encima de la mesa el incremento del SMI y la renta básica universal (RBU). Obviando que la solución de éxito en países como Austria, Bélgica, Reino Unido, Dinamarca o Suecia es el llamado impuesto negativo sobre la renta , que desarrolló el Nobel Friedman.

Los incrementos del SMI en países con elevado desempleo se han mostrado ineficaces con los colectivos más débiles porque desincentivan al empresario a mantener esos empleos. Por otra parte, las rentas mínimas universales o para personas sin ingresos suponen un gasto imposible de mantener, son desincentivadoras del empleo y generan economía sumergida. Y si aún quedan dudas sólo hay que ver el fracaso del proyecto de Finlandia .

El mecanismo que sí ha funcionado en numerosos países es el impuesto negativo o complemento salarial. Es una devolución de Hacienda que se ejecuta en el momento de la declaración del IRPF . En el tramo donde las rentas son más bajas, la devolución es un porcentaje de la renta declarada por la unidad familiar. Así, cuanto más se trabaja, más se ingresa, hasta un determinado umbral. En ese nivel de ingresos, la cuantía de la transferencia es fija. Y ya a partir de un nivel de ingresos superior, la cuantía se reduce de manera progresiva. Este instrumento es eficiente porque los recursos van a quienes realmente los necesitan y además no generan dependencias ni fomentan el trabajo no declarado.

Francisco Aranda Manzano es portavoz de CEIM