Los fondos cuestionan los sueldos y la gobernanza de empresas del Ibex
Las propuestas de las cúpulas de varias compañías han tenido contestación en la junta
Las juntas de accionistas de las grandes compañías cotizadas españolas acostumbran a ser un paseo militar de sus consejos de administración. Las propuestas de sus órganos de dirección apenas encuentran oposición y suelen ser aprobadas por porcentajes cercanos al 98% de los votos. Sin embargo, los grandes inversores institucionales accionistas de estas cotizadas han comenzado a cuestionar algunas decisiones de las cúpulas del Ibex 35, sobre todo sus políticas de retribuciones y otros asuntos de gobierno corporativo, como la composición del consejo.
«La involucración de los inversores institucionales en el proceso de toma de decisiones ha ido creciendo a lo largo de estos últimos años en el mercado español y se ha consolidado en 2018», señala el último informe de Georgeson y Cuatrecasas sobre gobierno corporativo e inversores institucionales, presentado de cara a la temporada de juntas de este año, que aún no ha terminado y en la que grandes fondos de inversión han cuestionado las propuestas de varias compañías.
El mayor varapalo lo ha recibido la cúpula de la socimi Merlin Properties. En la junta celebrada el pasado 10 de abril, el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros de la compañía fue aprobado, pero con el 40,811% de los votos en contra, algo menos que en los dos últimos años. La razón, los sueldos de dos de sus principales directivos: el consejero delegado, Ismael Clemente, ganó en 2018 un total de 6,46 millones de euros, y el director general corporativo, Miguel Ollero, 6,26.
Otra compañía en las que el consejo se topó con una fuerte contestación a su retribución fue Ence , con el 26,36%. La dirección de Mediaset, por su parte, se topó con la oposición del 21,049% de la junta a las remuneraciones del pasado ejercicio y del 16,814% a su intención de fijar un sistema retributivo plurianual para consejeros ejecutivos y directivos referenciado al valor de las acciones de la compañía. Y Mapfre , que el año pasado remuneró a su consejo con 14 millones, recibió el voto en contra del 11,26% del capital a esos sueldos.
Lo que los inversores penalizan en materia de retribuciones, según el informe de Georgeson y Cuatrecasas, son los incrementos salariales y de los bonus sin justificar , una remuneración excesiva en relación con el desempeño de la compañía, los finiquitos superiores a dos años de remuneración, los planes de pensiones excesivos y la inexistencia de planes de incentivos a largo plazo, entre otras cosas.
Los grandes inversores institucionales han ido adquiriendo con el paso de los años un peso creciente en el capital de las cotizadas españolas. Entre ellos hay grandes fondos de inversión y gestoras de activos como Blackrock, Aberdeen, Allianz Global Investors, Amundi Asset Management, el fondo soberano noruego Norges Bank, Pioneer y Fidelity, entre muchos otros.
Para decidir el sentido de su voto en las juntas de las compañías en las que invierten suelen recurrir a una serie de firmas especializadas en asesoramiento de voto, los llamados «proxy advisor» , como ISS y Glass Lewis, las mayores del mundo. Al usar las recomendaciones de voto de estos asesores, los fondos que practican este activismo accionarial pueden defender además ante sus clientes que han votado de manera informada.
Y lo cierto es que en la actual temporada de juntas esos «proxy advisor» han estado muy activos recomendado votos negativos no solo por cuestiones salariales, sino también de gobernanza.
Consejeros
Por ejemplo, sus informes motivaron que el 15,56% de la junta del Santander votase en contra de la reelección del consejero y vicepresidente del Santander, Bruce Carnegie-Brown, por su papel como presidente de las comisiones de nombramientos y de retribuciones en el fichaje frustrado de Andrea Orcel.
En Iberdrola , la reelección de Ignacio Sánchez Galán como presidente de Iberdrola hasta 2023 cosechó un 12,59% de votos en contra; en la papelera Ence, el 28,46% y el 30,18% de la junta de accionistas se opuso a la reelección como consejeros de Fernando Abril-Martorell y José Guillermo Zubía respectivamente.
Lo que los inversores institucionales vienen demandando en materia de gobierno corporativo es la separación del cargo de presidente y consejero delegado, que al menos la mitad del consejo lo formen vocales independientes y penalizan cada vez más una baja presencia de mujeres en los órganos de máxima dirección de las empresas.
