Los fondos cifran ya el rescate de las radiales en 4.000 millones
Los acreedores de estas vías piden otros 350 millones por los intereses de demora
La indecisión del Gobierno con las autopistas de peaje quebradas amenaza con engordar la factura de su rescate. Los fondos acreedores de estas vías (entre los que se encuentran King Street, Taconic y Attestor Capital) cifran ya en más de 4.000 millones la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) que deberá abonar el Ejecutivo por expropiar estas infraestructuras. Y es que, según los cálculos de estas firmas, a los 3.700 millones reclamados inicialmente se unen otros 350 millones generados por la demora que está acumulando el pago de esta indemnización.
Fuentes cercanas a estas empresas explican a ABC que esta cifra sigue creciendo, por lo que no es descartable que todavía reclamen una cifra superior al Gobierno. Los cálculos de los fondos acreedores chocan frontalmente con las estimaciones del Gobierno, que si bien inicialmente habló de una horquilla de entre 2.000 y 2.600 millones, finalmente rebajó la factura del rescate a 1.800 millones en el Plan Presupuestario remitido a Bruselas. El mismo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, señaló recientemente que su departamento está todavía evaluando cuál será la Responsabilidad Patrimonial de la Administración en este caso. El Ejecutivo tendrá que establecer de forma definitiva una cifra el próximo 13 de enero, cuando se cumplirán seis meses desde la resolución de los contratos de concesión de estas vías, que son gestionadas ahora por el Estado. Según la legislación, este es el plazo que tiene el Ejecutivo para calcular la RPA.
Todo hace indicar que esta cuantía será notablemente inferior a la calculada por los fondos, lo que provocará que el caso acabe en los tribunales. Si bien el anterior ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, mantuvo varios contactos con los acreedores de estas infraestructuras para intentar alcanzar un acuerdo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no se ha puesto en contacto con ellos. «No existen negociaciones en la actualidad», reconoció el propio Gobierno en una respuesta parlamentaria remitida por escrito a Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que realizó una batería de preguntas sobre el asunto en enero.
Lo cierto es que la incertidumbre sobre las radiales no se limita al importe que finalmente implicará su rescate. Después de aplazar la relicitación de estas vías a 2019, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha abierto la puerta a mantener bajo su gestión las nueve autopistas en quiebra y suspender su regreso al mercado, una venta por la cual el anterior Gobierno tenía previsto ingresar hasta 1.000 millones de euros . De hecho, De la Serna tenía previsto completar este proceso en 2018 para mitigar el impacto en el déficit.
El Gobierno ha justificado esta medida destacando el «poco interés» del mercado en estas carreteras. Y es que la nueva ley de contratos del sector público delimita mucho el periodo de las concesiones que no lleven aparejadas inversiones en construcción, como esta. Una circunstancia que ha puesto en cuestión la rentabilidad del proyecto y ha ahuyentado a inversores entre los que se encontraban aseguradoras, fondos de pensiones y concesionarias.
Los fondos acreedores de estas vías, sin embargo, aseguran que la falta de interés del capital foráneo no se debe únicamente a esta circunstancia, sino que casos como el de las VTC han incrementado la «inseguridad jurídica» de España, que ha ahuyentado a un buen número de inversores.
Hay que tener en cuenta que el Ejecutivo ha anunciado que no volverá a relicitar las autopistas de peaje cuya concesión finalice próximamente , una decisión que ha sido duramente criticada por las grandes concesionarias. La primera vía que pasará a ser gestionada por el Estado será la AP-1, cuyo contrato expira el próximo 30 de noviembre . El viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Ábalos confirmó que a partir de esa fecha esta vía será gratis para los usuarios. En diciembre de 2019 la AP-4 y la AP-7 seguirán los mismos pasos.
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