La Fiscalía portuguesa pide suspender al presidente de EDP por «indicios de corrupción»
El Ministerio Público solicita al juez que le imponga una fianza de dos millones de euros y la retirada del pasaporte
La Fiscalía del Estado portugués pide la suspensión del presidente de la eléctrica EDP, Antonio Mexia , en el ejercicio de sus funciones, así como la del presidente de la división de energías renovables, Joao Manso Neto, por graves indicios de «corrupción», junto al exministro socialista Manuel Pinho.
La compañía bandera del país vecino en el sector, que opera también en el mercado español (con una progresiva implantación en Andalucía), vive así un auténtico terremoto, en vista de que la investigación lleva varios años en curso y sacude los cimientos de una de las firmas más emblemáticas al otro lado de la frontera.
El Ministerio Público solicita que los dos principales implicados en la supuesta trama depositen una fianza de tres millones de euros (entre los dos) debido al elevado riesgo de fuga y que entreguen sus pasaportes con el fin de que no puedan huir al extranjero.
Más implicados
Pero hay más protagonistas en el punto de mira: como el administrador de REN, la principal competidora de EDP en el seno de Portugal. Es Joao Conceiçao , para quien se exige igualmente que cese «en cualquier cargo de gestión y administración de empresas del grupo REN», según detalla la Fiscalía del Estado.
A todos ellos se les acusa de «varios crímenes de corrupción y de participación económica en negocios», en el marco de las pesquisas abiertas ocho años atrás y conocidas como «el caso de las rentas excesivas». Un asunto que salpica al exministro socialista Manuel Pinho, al que fuera su consultor y administrador de REN, Joao Faria , y al antiguo responsable de regulación en la empresa pública gestora de las redes energéticas Pedro Furtado.
La investigación incide en el proceso que fija los precios del sector en Portugal, conocido como Costes de Manutención del Equilibrio Contractual . El objetivo no es otro que probar que las supuestas prácticas oscuras llevaron a establecer unos determinados precios al consumidor para no perder beneficios en las empresas.
Es ahora el Juez Carlos Alexandre quien debe decidir si acepta las peticiones de la Fiscalía del Estado . Un magistrado al que la defensa de la cúpula de EDP ha intentado apartar en diversas ocasiones, de momento sin conseguirlo.
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