Financiarse sin «rating» sale más caro
(subtitulo story) Los inversores se guían en parte por la opinión que emiten las agencias de calificación sobre la capacidad y voluntad de pago de un emisor de deuda, ya sea una administración pública o una empresa privada
subtitulo story: Los inversores se guían en parte por la opinión que emiten las agencias de calificación sobre la capacidad y voluntad de pago de un emisor de deuda, ya sea una administración pública o una empresa privada
La crisis puso en entredicho la independencia y la fiabilidad de las agencias de «rating» , por cuanto sus revisiones repentinas al estallar la recesión avivaron la volatilidad en los mercados financieros. Para evitar esos vaivenes, la Comisión Europea las obligó a publicar con antelación un calendario de las revisiones de calificaciones a las administración públicas. Incluso se habló de crear una agencia de calificación crediticia pública, sin poner en cuestión su importancia para la comunidad inversora. Ahora, el Ayuntamiento de Madrid se plantea no contratar los servicios de estas agencias , esgrimiendo que no las necesita porque no tiene intención de emitir más deuda. ¿Puede realmente la capital de España trabajar sin ellas?
¿Qué son una agencia de calificación y sus «rating»?
Las agencias son empresas privadas que evalúan la solvencia de activos financieros emitidos por empresas y administraciones públicas para financiarse. Así, dan su opinión sobre la capacidad y voluntad de un emisor de cumplir con sus obligaciones de pago, y es por tanto uno de los elementos más fiablers que maneja un inversor para decidir dónde pone su dinero
¿Cómo y por encargo de quién trabajan?
Los emisores pagan a las agencias para que califiquen sus activos y les otorguen un «rating» con el que acudir a los mercados. Los analistas ponen su nota valorando la situación política, económica y fiscal.
¿Qué impacto puede tener no contar con un rating?
Las calificaciones existen porque los inversores las exigen para tener una opinión objetiva sobre la solvencia de un emisor. Si Madrid optara por emitir deuda sin «rating», los inversores le exigirían intereses más altos, aumentando la carga financiera del consistorio. El mismo sobrecoste sufriría al refinanciar la deuda actual en el momento de su vencimiento. Además, un aumento del gasto en intereses en una administración suele contagiar a sus empresas públicas y a veces también al sector privado.
La crisis puso en entredicho la independencia y la fiabilidad de las agencias de «rating» , por cuanto sus revisiones repentinas al estallar la recesión avivaron la volatilidad en los mercados financieros. Para evitar esos vaivenes, la Comisión Europea las obligó a publicar con antelación un calendario de las revisiones de calificaciones a las administración públicas. Incluso se habló de crear una agencia de calificación crediticia pública, sin poner en cuestión su importancia para la comunidad inversora. Ahora, el Ayuntamiento de Madrid se plantea no contratar los servicios de estas agencias , esgrimiendo que no las necesita porque no tiene intención de emitir más deuda. ¿Puede realmente la capital de España trabajar sin ellas?
¿Qué son una agencia de calificación y sus «rating»?
Las agencias son empresas privadas que evalúan la solvencia de activos financieros emitidos por empresas y administraciones públicas para financiarse. Así, dan su opinión sobre la capacidad y voluntad de un emisor de cumplir con sus obligaciones de pago, y es por tanto uno de los elementos más fiablers que maneja un inversor para decidir dónde pone su dinero
¿Cómo y por encargo de quién trabajan?
Los emisores pagan a las agencias para que califiquen sus activos y les otorguen un «rating» con el que acudir a los mercados. Los analistas ponen su nota valorando la situación política, económica y fiscal.
¿Qué impacto puede tener no contar con un rating?
Las calificaciones existen porque los inversores las exigen para tener una opinión objetiva sobre la solvencia de un emisor. Si Madrid optara por emitir deuda sin «rating», los inversores le exigirían intereses más altos, aumentando la carga financiera del consistorio. El mismo sobrecoste sufriría al refinanciar la deuda actual en el momento de su vencimiento. Además, un aumento del gasto en intereses en una administración suele contagiar a sus empresas públicas y a veces también al sector privado.
