Fedea pide cambios en el ingreso mínimo para no incentivar trabajo «en negro»
La organización cree que el diseño de la nueva prestación «plantea algunos problemas importantes» que insta a tratar de corregir durante su tramitación parlamentaria
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha valorado la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), aunque ha señalado algunos problemas que se deberían corregir durante la tramitación parlamentaria, como el tema de las compatibilidades con salarios que, tal y como está planteado, puede terminar incentivando el «trabajo en negro» . En su boletín para hacer seguimiento de la crisis de la Covid-19, el tercero publicado desde el inicio de la pandemia, Fedea reconoce que esta medida colma, «aunque con un retraso considerable», la principal laguna que persistía en las medidas adoptadas para proteger a los hogares de los efectos de la pandemia.
Aunque «hacía mucha falta» , añaden, el diseño de la nueva prestación «plantea algunos problemas importantes» que insta a tratar de corregir durante su tramitación parlamentaria. El primero de esos problemas tiene que ver con los incentivos a trabajar, es decir con la posibilidad de compatibilizar esta ayuda con ingresos laborales.
La norma, explican, establece en la práctica un tipo efectivo de gravamen del 100% sobre otras rentas que obtengan los beneficiarios, ya que la prestación se reduciría en la misma cuantía en la que aumenten otros ingresos declarados.
Esto, considera Fedea, deja a los beneficiarios «sin incentivos económicos para buscar un trabajo o trabajar más tiempo, salvo que sea en negro». Más aún, añaden, dado el tratamiento confiscatorio que se da a los ingresos declarados, los incentivos a «trabajar en negro» serán muy fuertes.
Para arreglarlo, plantean reducir el tipo marginal de gravamen sobre las rentas de la actividad económica declaradas que logren los beneficiarios, convirtiendo a la renta mínima en un complemento salarial o impuesto negativo.
Por cada euro de ingresos propios adicionales que obtenga un beneficiario de la ayuda, detallan, la prestación debería reducirse en menor proporción, de forma que su renta neta total aumente si eleva sus ingresos declarados.
Otro aspecto mejorable del diseño del IMV, resaltan, es la decisión de ligar su cuantía a los ingresos del año anterior en vez de adoptar una referencia más reciente, lo que genera un retraso «muy considerable» en la percepción de una ayuda que debería ser rápida.
Para paliar esto, plantean convertir en ordinario el procedimiento extraordinario que se ha habilitado en 2020 para agilizar el acceso al IMV en el caso de los afectados por Covid.
Finalmente, Fedea advierte de que, tal y como está planteada la prestación, no se resuelve satisfactoriamente la «complicada cuestión de la coordinación con las CCAA».
Para evitar problemas de este tipo «habría sido aconsejable» coordinar con las CCAA los cambios normativos necesarios para adaptar las ayudas autonómicas a la introducción del IMV.
«Si como parece previsible y lógico este camino termina en una cesión generalizada de la gestión del IMV a las comunidades autónomas, sería preferible tomar esa vía directamente, mediante la cofinanciación parcial de las ayudas autonómicas a cambio de la adopción de requisitos mínimos de cobertura y cuantía para tales prestaciones en todo el país», concluyen.
«Quizás aún estemos a tiempo de optar por esta vía y ahorrarnos muchas complicaciones si el decreto se tramita como proyecto de ley», subrayan en el documento coordinado por los investigadores de Fedea Florentino Felgueroso y Ángel de la Fuente.
