La falta de regulación de los pisos turísticos amenaza las cuentas de los hoteles
Alrededor del 20% de los turistas que viajan a España se establece en uno de estos alojamientos
La falta de regulación del alquiler de los pisos turísticos no deja de hacer mella en el sector turístico y empieza a amenazar las cuentas de hoteles, cámpings y demás establecimientos reglados que existen en el mercado. Los hoteleros advierten de que, según se desprende de los datos de la encuesta de movimientos turísticos en fronteras que realiza el INE, alrededor del 20% de los turistas que llegan a nuestro país se aloja en uno de estos pisos, unos 16 millones.
La eclosión de los apartamentos turísticos parece no tener fin. Ya hace unos años que el número de habitaciones en estos alojamientos superó con creces al de los hoteles. Esta oferta ilimitada también cuenta con un precio medio sensiblemente más barato que los de un establecimiento reglado. Hasta el momento, los hoteleros no habían notado demasiado esta situación, ya que la irrupción de las plataformas de alquiler turístico ha coincidido con años consecutivos de récords de turistas y con una creciente demanda hotelera.
Sin embargo, el turismo vive un año de estancamiento debido a la recuperación de los destinos competidores del Mediterráneo, como Turquía, Túnez y Egipto. «La industria hotelera entra ahora en un periodo más difícil», explica a ABC Nuria Montes, secretaria general de la Asociación Empresarial Hotelera de Benidorm y la Costa Blanca (Hosbec), que avisa que «ahora es cuando se ve cómo va a afectar a nuestra industria la "hotelización" de las viviendas».
Aunque la demanda hotelera en su conjunto continúa siendo estable, las zonas de sol y playa ya se están resintiendo, hasta el punto de que el sector se está viendo presionado por algunos turoperadores para bajar los precios y llenar así plazas libres a última hora. En 2019 se espera un grado de ocupación similar al año pasado, pero con una rentabilidad menor debido al aumento de los costes y a una caída en los precios medios.
Un turista que se aloja en un piso turístico gasta 80 euros al día frente a los 140 del que lo hace en un alojamiento reglado
En estos resultados a la baja influyen considerablemente los pisos turísticos en situación irregular. Los empresarios critican la falta de costes regulatorios que estos apartamentos tienen que cumplir. «El 50% del precio de venta de un hotel es el coste de servicio », comenta Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), mientras que estos pisos irregulares no tienen esa carga. Así, la diferencia de la oferta de precio es «abismal», según Estalella.
Además, según el lobby turístico Exceltur, el impacto económico de un turista que se aloja en un apartamento turístico «es muy inferior con respecto a uno que se aloja en un apartamento reglado», explica Óscar Perelli, director de estudios e investigación de Exceltur. En concreto, Perelli cifra en 148 euros al día el gasto de un turista que se aloja en un apartamento reglado, frente a los 80 euros que gasta uno que se establece en un piso turístico.
Debido a la caída puntual de la demanda, la oferta ilimitada de habitaciones que están provocando los pisos irregulares también es uno de los problemas con los que se está encontrando el sector turístico. «La sobrecapacidad alojativa es mala para todos porque bajan los precios, la rentabilidad y bajará el empleo», sostiene José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur
Problemas de reputación
Ante esta circunstancia, el conjunto del turismo español no solo critica el daño competitivo que hace a los establecimientos reglados la falta de regulación de los pisos turísticos, sino sobre todo el deterioro a la reputación del turismo español por los problemas de convivencia generados en las viviendas. Por ello, piden una ley nacional que regule esta actividad. Hasta el momento, algunas ciudades han tomado medidas para tratar de atajar el problema, pero no han logrado el efecto deseado. También el Gobierno de Pedro Sánchez hizo modificaciones en la ley de Arrendamientos Urbanos y en la de Propiedad Horizontal , aunque el sector lo ve insuficiente.
Los empresarios denuncian el daño a la economía de esta actividad, a la que acusan de no pagar impuestos, de provocar trabajo precario porque sus empleados deberían estar suscritos al convenio de hostelería, de generar el fenómeno de la «gentrificación» en las ciudades y de causar un problema de seguridad nacional al no tener por qué registrar a sus huéspedes.
