Especial RSC / Empresas en acción
La falta de armonización normativa frena la sostenibilidad en el sector del gran consumo
A la legislación europea se unen cuatro leyes nacionales y tres autonómicas, y además otras ocho comunidades también están preparando las suyas
Las empresas de gran consumo afrontan una avalancha de regulación cuando la mayoría hace tiempo que empezó a implementar mejoras en materia de sostenibilidad y salud, al mismo tiempo que los consumidores empezaban a valorar el cuidado del planeta. Al alud normativo se añade la ausencia de armonización y de unidad de mercado en España , un fenómeno singular que merma en nuestro país la competitividad de las empresas.
La cumbre del clima de Glasgow selló hace un par de semanas el compromiso de los países de diseñar políticas climáticas más ambiciosas. En nuestro continente, al Pacto Verde Europeo que tiene como principales objetivos la descarbonización de la economía en 2050 y la transición hacia una economía circular y a la legislación nacional se unen normativas de las comunidades autónomas que, según lamenta el sector a través de su asociación AECOC, «se han elaborado desde el desconocimiento de los sectores productivos afectados, por lo que tienen un gran impacto en las empresas y dificulta su cumplimiento».
La presión reguladora en España supone la generación de unas 12.000 normas anuales . Solo en materia de sostenibilidad medioambiental, además de la legislación europea, en España están activas o se aplicarán al principio del año que viene cuatro leyes, a las que se suman diez más desarrolladas por comunidades autónomas . La ley de Cambio Climático y Transición Energética se publicó en el BOE en mayo de este año, mientras que la de Prevención de las pérdidas y el Desperdicio Alimentario finalizará el 1 de diciembre el periodo de consulta tras su aprobación gubernamental en octubre.
Pero hay dos leyes más que se prevé entrarán en vigor a principios del próximo año: la de Residuos y Suelos Contaminados y el real decreto de Envases y Residuos de Envases . A estas leyes nacionales se han sumado normas propias de las comunidades de Galicia, Navarra e Islas Baleares, ya en vigor, mientras que Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Canarias, Andalucía, Comunidad de Madrid, País Vasco y La Rioja trabajan también en proyectos legislativos propios en materia de sostenibilidad, economía circular y cambio climático que afectan tanto a fabricantes como a distribuidores del sector de gran consumo.
Armonización
«Si no vamos a un modelo armonizado, las empresas se ven obligadas a sobredimensionar no solo los departamentos jurídicos, sino también la producción si se piden cosas distintas en cada comunidad autónoma», aseguran desde AECOC. La falta de una visión nacional en el cumplimiento de las normas tiene como consecuencia que dificulta la generación de empleo y la llegada de nuevos proyectos e, incluso, la implantación de nuevas empresas, según advierte el sector. El gran consumo defiende que «marcarnos el camino si cumplimos los objetivos solo añade dificultades». Es el caso de los notables avances realizados por la iniciativa , por ejemplo, en la reducción de las emisiones de CO2 en las cadenas de suministro. Un informe sobre las 60 empresas líderes de sus sectores que participan en la iniciativa concluye que antes de que se aplique la legislación «ya hemos conseguido un notable avance, lo que manifiesta nuestro total compromiso con el cumplimiento de los objetivos».
Entre los proyectos de colaboración que AECOC impulsa y coordina en materia de sostenibilidad medioambiental, destaca Lean & Green para reducir las emisiones de CO2 a lo largo de toda la cadena de suministro, y el proyecto ‘ La Alimentación no tiene desperdicio ’ que ya secundan más de 700 compañías. Ambos son un buen ejemplo de que el sector de gran consumo hace tiempo que se puso las pilas para afrontar esta transición. Coordinada por la asociación de empresas de gran consumo en España, Lean & Green es una iniciativa europea para reducir la emisión de gases de efecto invernadero en los procesos logísticos . La iniciativa cuenta ya con 85 empresas comprometidas con la descarbonización de la logística y trabajan en un plan de acción destinado a reducir en un 20% sus emisiones de CO2 en un plazo de cinco años.
El plan Lean & Green en España incluye formación en conducción eficiente, introducción de nuevos combustibles, planificación de rutas o centralización de las plataformas logísticas, entre otras medidas. Las empresas deben reportar sus avances y los resultados son auditados por la consultora EY . De igual modo, el sector ha hecho suya la prevención y reducción del desperdicio alimentario, y más de 700 compañías forman ya parte del proyecto mediante adhesión voluntaria a la campaña ‘La Alimentación no tiene desperdicio’ con el que se ha logrado reducir de un 1,78% al 0,70% el porcentaje de producto desperdiciado sobre el total comercializado, y los excedentes en las cadenas de distribución son donados a bancos de alimentos.
Las leyes que vienen
Además de la ley de Cambio Climático y Transición Energética , va a activarse de forma inminente la ley de Residuos y Suelos Contaminados, que se encuentra en fase de tramitación parlamentaria y se prevé que entre en vigor en el primer trimestre de 2022. Afectará a los sectores de alimentación y bebidas, artes de pesca, filtros de tabaco, textil, muebles y enseres y plásticos agrarios porque, entre otros, regulará la recogida separada de residuos, fijará objetivos de reducción del impacto de determinados plásticos de un solo uso en el medioambiente e introducirá una nueva fiscalidad verde para prevenir la generación de residuos. Por ejemplo, se aplicará un impuesto especial de 0,45 euros por kilo de plástico no reciclado contenido en los envases de plástico no reutilizables , lo que afecta a la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de este tipo de envases. Su entrada en vigor se prevé a los tres meses de la publicación de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados en el BOE.
Otra norma es el proyecto de real decreto de Envases y Residuos de Envases, que se prevé que pueda entrar en vigor en el segundo trimestre de 2022 y que incluye objetivos y medidas que el sector considera desproporcionados , especialmente en un contexto marcado por el impacto de la crisis del Covid-19 y el incremento de costes de la energía, transporte, materias primas, etcétera. El impacto de este decreto sobre las empresas es elevadísimo y, de mantenerse el texto actual, AECOC denuncia que requeriría un cambio radical en sus estructuras y modelos de negocio, «pudiendo incluso poner en riesgo la pervivencia de algunas empresas, especialmente las de menor tamaño».
La asociación empresarial subraya que el citado decreto va más allá de los objetivos y medidas marcados por las directivas europeas, alejándose de las tendencias en circularidad que se planteaban en esas normas y a cuyo cumplimento las empresas ya han dirigido recursos económicos. Además, el Real Decreto se adelanta a ciertos aspectos que se están debatiendo actualmente en el ámbito europeo, lo que podría distorsionar el libre mercado.
Reutilización
Cabe destacar especialmente que la norma pone un especial foco en la reutilización y formato de venta para el que será obligatoria la implantación de un sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) y para el que se fijan objetivos realmente ambiciosos tanto en el entorno minorista como en el canal de restauración (Horeca).
Asimismo, se prohíbe la venta de frutas y verduras frescas en envases de plástico, se fomenta la venta a granel y se fijan objetivos de reducción de envases como por ejemplo la reducción del 50% del número de botellas para bebidas de plástico de un solo uso en 2030.
La norma fija también objetivos de uso de plástico reciclado en los envases y abre la puerta a la implantación de un sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) para botellas de plástico y latas en el caso de aguas, zumos, refrescos y cervezas. El mismo decreto ley sobre envases amplia las obligaciones del productor y, en consecuencia, los costes, así como las de envases domésticos porque se debe indicar el material del que está compuesto y su reciclabilidad y también indicar el contenedor donde debe depositarse.
