UGT exige que el reparto de los fondos europeos cuente con la participación de los sindicatos
Pepe Álvarez cree que el Estado debe sentarse en los consejos de administración de las empresas estratégicas
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha dicho hoy que los proyectos de las empresas para hacerse con los fondos europeos deben contar con la participación de los sindicatos tanto en las empresas como en el ámbito sectorial y ha reclamado que esta petición, a la que el Gobierno ha dicho que le ha dado el visto bueno, se plasme en una norma.
Durante su intervención en el 28º congreso de UGT-FICA, en el que ha sido reelegido Pedro Hojas como secretario general, ha subrayado que el Estado debe de aprovechar este proceso en no quedarse solo en darles subvenciones a las empresas, sino también en adquirir presencia en los consejos de administración de sociedades que operen en sectores considerados estratégicos. «No hay por qué regalar a las empresas estos recursos . Éstas deberían convenir con el Gobierno en que, en determinados sectores, es necesaria la presencia del Gobierno en los consejos de administración», ha apuntado Álvarez, que ha añadido que esto ya lo están haciendo Alemania y Francia.
También ha pedido a la CEOE que sea «leal» y cumpla con el compromiso que adquirió en el acuerdo interconfederal de negociación colectiva de impulsar la subida del salario mínimo de convenio a 1.000 euros mensuales.
El secretario general de UGT ha vuelto a insistir en «la derogación plena» de las reformas laborales y en que el Gobierno introduzca cambios en el ingreso mínimo vital para acabar con su rigidez para que, por ejemplo, «valga con una declaración responsable de la persona y con tomar como referencia la Renta de 2019».
Tras recordar, en presencia de la ministra de Industria, Reyes Maroto, que es necesario un pacto de Estado por la industria, ha criticado la subida del impuesto de matriculación . En alusión a la vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera ha dicho que «está muy bien dar el salto al coche eléctrico, pero subir el precio este año a la matriculación de los coches diésel va contra el medioambiente, contra el empleo y contra la recaudación de impuestos en España».
La ministra de Industria subrayó durante su intervención que «es el momento para alcanzar un pacto de Estado sobre la industria» y desveló la creación de un consorcio público-privado con Seat-Volkswagen e Iberdrola para montar la primera fábrica de baterías en España cerca de la planta de ese consorcio automovilístico en Martorell (Barcelona).
