Europa aliviará el colchón anticrisis de los bancos pequeños y medianos
La Junta de Resolución fijará requisitos más bajos a las entidades cuyos planes de resolución contemplen su liquidación o su venta total o parcial

Europa no quiere que las crisis bancarias las vuelvan a pagar los contribuyentes. Por eso la Comisión Europea aprobó hace tres años una directiva por la que en caso de que una entidad quiebre, las pérdidas las soportan sus accionistas y bonistas. La norma, que acaba de estrenarse con el Popular , obliga a los bancos a tener un colchón de recursos propios suficientes para absorber pérdidas y que las autoridades están acabando de definir. La dificultad de las entidades pequeñas y medianas para cumplir con los requisitos planteados inicialmente ha hecho temer por la supervivencia de estos bancos, así que el supervisor comunitario estudia ya distintas fórmulas para aliviar esas exigencias a los bancos de menor tamaño.
Una de las propuestas que está debatiendo la Junta Única de Resolución (JUR), el organismo encargado de definir ese colchón anticrisis que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2019 para cada entidad, es que los bancos que en caso de apuros absorban internamente sus pérdidas pero después sean recapitalizados con su venta a un competidor u otras medidas similares tengan requisitos menores.
La intención de la autoridad presidida por Elke König es conceder esa flexibilidad según el plan de resolución de cada grupo, que es una guía que cada banco ha presentado ya al Banco Central Europeo (BCE) y en la que explica al supervisor qué medidas tomaría para reflotarlo en caso de problemas.
«Sería importante ajustar los requerimientos a la estrategia de resolución de cada entidad . No es lo mismo que el plan diga que el banco se va a recapitalizar internamente que los que contemplan su venta», indicó recientemente en el Congreso de los Diputados el presidente del FROB, Jaime Ponce, miembro de la sesión ejecutiva extendida de la JUR. «Y estamos siendo muy proactivos para que se tenga en cuenta», añadió.
El plan de resolución, clave
El colchón anticrisis (MREL, por sus siglas en inglés) será de al menos el 8% de los activos ponderados por riesgo de cada grupo bancario, según ratifica la JUR en su último informe sobre el desarrollo de esta novedad regulatoria. Ese colchón se compone de dos partes: una de recursos a usar en primer lugar para absorber las pérdidas de la entidad en apuros, y otra que serviría posteriormente para recapitalizarla y ponerla de nuevo a funcionar.
Aquellos bancos cuyo plan contemple ir directamente a la liquidación, sin opción de recapitalizarse, esto es, desaparecer, solo tendrán que cumplir con el primero. «Los grupos bancarios para los que la liquidación sea la estrategia de resolución preferida no tendrán requisito de recapitalización », explica la JUR en ese documento.
La posibilidad de liquidación debe demostrarse «factible y creíble», según la Junta. Además, esta autoridad recuerda que el requisito de MREL podría elevarse en el futuro si el modelo de negocio, el perfil de riesgo y otras características del banco cambian.
Además de aligerar esta carga regulatoria para aquellas entidades que llegado el caso opten directamente por la liquidación, que son aquellas de menor tamaño, fuentes conocedoras de esas discusiones en la JUR avanzan a ABC que «las autoridades de resolución están buscando alternativas legales para reducir los requerimientos de MREL» también para las entidades más significativas del grupo de los bancos pequeños y medianos.
El informe de la Junta ya indica que «se permitirán ajustes específicos banco a banco», principalmente medidas destinadas a reducir los activos ponderados por riesgo. Así, por ejemplo, se permite considerar dentro de los planes de resolución la venta de activos o la división de la entidad en un banco malo y otro bueno para reducir los requerimientos de MREL, siempre que esas medidas se puedan implantar de forma rápida.
El colchón se compone de un tercer pilar, mucho menor, que se emplearía, una vez culminada la resolución, para garantizar que el banco mantiene la confianza de los mercados y no entra en una espiral de desconfianza y volatilidad. En este último tramo la JUR también estudia introducir flexibilidad , si bien «esto está aún por definirse», según las fuentes.
En función del tamaño del banco (grande, mediano o pequeño) y del requisito final que se le imponga a cada uno, las entidades tendrán además un plazo transitorio individualiazado de hasta cuatro años para cumplir al 100% con las exigencias de MREL.
La JUR ya ha comenzado a comunicar a las entidades de mayor tamaño y más complejas unos requisitos bastante aproximados de su ratio de recursos propios final. De ahí que los grandes bancos españoles ya estén realizado grandes emisiones de diferentes tipos de deuda, sobre todo bonos contingentes convertibles («cocos», en el argot financiero), entre inversores institucionales.
En España solo el Santander está considerado banco sistémico global; esto es, que en caso de quiebra afectaría a la estabilidad financiera mundial. BBVA , Caixabank , Bankia y Sabadell lo son a escala nacional o europea.
Los requisitos para el resto de entidades, las de menor tamaño, se irán concretando a lo largo de 2018. Los bancos españoles que entrarían en este grupo son, además de Bankinter, el de las antiguas cajas medianas – Kutxabank , Unicaja , Ibercaja , Abanca – y el grupo de cooperativas de crédito Cajamar . Este segmento es el que más afectado se vería en caso de imponerse unos requisitos de recursos propios sin flexibilidad y demasiado estrictos.
Antiguas cajas medianas
A excepción de Bankinter , son bancos con menor experiencia en los mercados de capitales, y tendrían que salir a competir por esos recursos al mismo tiempo que la gran banca. A ello hay que sumar que las propias características de la deuda a emitir -conlleva pérdidas fuertes en caso de problemas- hacen que los inversores exijan rentabilidades muy altas que pueden resultar inasumibles para esas antiguas cajas.
La presión sobre estas entidades es una preocupación no solo para los directivos de esos bancos, sino incluso para las instituciones nacionales. El Banco de España ha manifestado varias veces en público del desafío que supone para los bancos menores y ha pedido flexibilidad , una pregunta, por cierto, recurrente en los últimos meses de diputados de todos los partidos en la comisión de economía del Congreso.