El gasto del Estado en asesores permitiría fichar a 1.850 médicos
Los sindicatos rechazan la oferta del Gobierno y CSIF pide 106.000 plazas en tres años
La Administración General del Estado destina a asesores 55,8 millones de euros al año , según datos oficiales recabados por CSIF. «Con una inversión similar, nuestros hospitales y centros de salud podrían tener 1.850 médicos más o 2.056 enfermeras; nuestras escuelas 2.056 maestros más; y servicios como el SEPE, la Tesorería General de la Seguridad Social, nuestras cárceles o nuestros juzgados podrían tener 2.940 funcionarios más», concluye el sindicato en su Plan Estratégico de Recursos Humanos en las Administraciones Públicas, que presentó ayer su presidente Miguel Borra.
El informe llega en un momento en el que los sindicatos negocian con el Gobierno la próxima oferta de empleo público (OEP) para 2021, aquella que incluirá el proyecto de Presupuestos Generales del Estado del próximo año. Centrales y Ministerio de Función Pública se volvieron a ver las caras ayer sin llegar aún a un acuerdo.
Se niegan a firmar
La propuesta del Gobierno pasa por convocar 9.250 plazas en turno libre y 8.996 de promoción interna, de forma que se creará empleo neto tras mejorar la oferta de hace unos días. Sin embargo, los tres sindicatos lo ven insuficiente y se negaron a firmar. Si en 2019 se produjeron 8.708 bajas, la oferta contempla un incremento de un 6%.
CSIF reclama un refuerzo de más de 106.000 efectivos para los próximos tres años. «Además, la Sanidad requiere un plan adicional, con 289.235 plazas nuevas entre 2021 y 2031», concluye la central. Esta es la diferencia que registra el sector sanitario nacional en plantilla frente a la media europea, según CSIF. Asimismo, el sindicato calcula que la Administración General del Estado requiere 43.700 plazas, la Educación, 43.393 y la Justicia, 19.299.
«Exigimos una OEP libre que no quede por debajo de los 10.150 puestos, que resultaría de la aplicación del coeficiente de incremento de 2019 (un 26% sobre la tasa de reposición)», abundan desde CC.OO. UGT también rechazó aceptar la propuesta del Gobierno, pero valoró que la oferta está a medio camino entre la de 2018 (de 7.764 plazas de acceso libre en la AGE) y la de 2019 (10.955, siendo un 15% inferior la presentada ayer por Función Pública). Los 9.270 puestos nuevos de la AGE se desagregan en 1.754 para los A1 (un 11% menos que en 2019), 2.275 para los A2 (un -12,4%), 3.960 para los C1 (-5,9%), 690 de C2 (-24,6%) y 1.491 de personal laboral (-33%).
Pérdida salarial
Pero la oferta de empleo público no es la única negociación sobre la mesa: el Ejecutivo tiene pendiente decidir a cuánto ascenderá el incremento salarial de los funcionarios. CSIF ha hecho un estudio sobre la pérdida de poder adquisitivo entre el colectivo de 2010 a 2020. El estudio concluye que a lo largo de este período los A1 (cuerpos técnicos del Estado, médicos, jueces…) han perdido de media 53.362 euros; los A2 (enfermeras, gestores, maestros…), 40.478,87 euros y los C1 (policía local, administrativos del SEPE, Seguridad Social, Instituciones Penitenciarias…), 24.611,22 euros.
Estas cantidades equivalen a trabajar 13, 15 o 18 meses gratis, en función de los grupos profesionales C1, A2 y A1, respectivamente. En definitiva, según el sindicato, los empleados públicos arrastran una pérdida del poder adquisitivo de entre el 12,9 y el 17,9% desde 2010 . «Por ello, reivindicamos un acuerdo a varios años que contemple una recuperación progresiva de la estructura salarial previa a 2010, que equipare las retribuciones entre administraciones y un Plan de recursos humanos para reforzar las plantillas donde sea necesario», dice la central.
