El Estado no compensará a las concesionarias tras recuperar la R4
La autopista radial es la cuarta en liquidación sometida a la nueva metodología del Gobierno para los rescates, que ya ha sido recurrida ante el Supremo por las entidades financieras y fondos acreedores afectados
El Ministerio de Transportes ha iniciado el periodo de audiencia a los interesados en el procedimiento para la liquidación de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) de la autopista Radial 4 (R-4), en Madrid Sur.
Esta es la cuarta de las autopistas en liquidación a la que se somete a este trámite de audiencia -que durará 15 días- después de que el Consejo de Ministros aprobase el 26 de abril de 2019 el acuerdo para calcular la RPA, que en el caso de la R-4 se sitúa en 174 millones de euros.
Esa cantidad es el resultado de sumar la RPA por obras (454,27 millones ) y por expropiaciones (72,82 millones), y descontar los 115,77 millones de inversión necesarios para entregar las instalaciones en condiciones normales y las indemnizaciones pagadas a los expropiados por la Administración (237,3 millones).
Además, provisionalmente se han de retener los importes para hacer frente a la liquidación de situaciones aún pendientes , sobre todo por expropiaciones pendientes de pago, que suman 375,91 millones de euros.
Dado que el importe de la retención provisional supera al de la RPA reconocida, el importe a abonar por la RPA en estos momentos es de cero euros , según los cálculos de Transportes, que añade que el importe de la primera resolución de determinación de la RPA de la R-4 es negativo en 201,9 millones .
Este resultado significa que los tenedores del derecho de cobro no perciben ninguna cantidad , pues la estimación del importe pendiente de pago por expropiaciones supera con creces la RPA reconocida.
ACS, Sacyr, Iberpistas (Abertis), Bankia, Globalvía y los fondos acreedores de las nueve autopistas quebradas han recurrido ante el Tribunal Supremo la metodología aprobada por el Gobierno en abril pasado para calcular la RPA a la que el Estado deberá hacer frente por el rescate de estas vías.
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