España teje una tupida maraña de ayudas sociales imposible de cuantificar
A las que concede el Servicio Público de Empleo se unen los subsidios diseñados por comunidades y ayuntamientos
Son para parados que han agotado prestación o no tienen derecho a él y cada una va dirigida a un colectivo concreto
El Ejecutivo sigue diseñando su nuevo ingreso mínimo vital para que se beneficien tres millones de personas en un millón de hogares. Irá desde 500 euros mensuales a los 950 si hay dos hijos y su puesta en marcha parece inmediata. Una prestación exigida por Pablo Iglesias a Pedro Sánchez que está enfrentando al Gobierno de coalición y se sumará a un laberinto de ayudas sociales tejidas durante años e imposibles de descifrar.
Conocer con exactitud cuántas se conceden en España y su cuantía total es tarea difícil, dado que no solo el S ervicio Público de Empleo Estatal (SEPE) paga estos subsidios a los parados, también lo hacen, de forma complementaria, comunidades autónomas y ayuntamientos . Todas van dirigidas a parados que han agotado el seguro de desempleo o que no tienen derecho a él. Son prestaciones no contributivas o asistenciales que conforman una trama enrevesada en la que cada una de ellas está dirigida a un colectivo concreto (por razones de edad, familiares, etc..). En ocasiones, sin embargo, el sistema acaba dejando fuera de la red de ayudas a grupos que también necesitan un colchón por la misma inercia de un sistema. Un millón de parados registrados no percibe ayudas en estos momentos , según el Ministerio de Trabajo.
A la complejidad del sistema también se le suma la participación en la gestión, diseño, capacidad normativa y financiación de distintos niveles de la administración . Por un lado, las prestaciones de la Administración General de Estado cuentan con la implicación de instituciones diferentes, como el SEPE, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).
Uno de los trabajos que da una idea sobre el caos de ayudas se publicó en 2018. El informe es «El sistema de garantías de ingreso en España» dirigido por el catedrático Luis Ayala, de la Universidad Rey Juan Carlos y en el que se indentificaba más de 20 prestaciones distintas en el SEPE. A esos subsidios habría que sumar los regionales y locales.
Además de a parados que han agotado prestación o no han cotizado lo suficiente (365 días), también están destinadas a personas que regresan a España tras haber trabajado en diversos países, para los que han salido de prisión o para trabajadores del campo de Andalucía y Extremadura. La veintena de subsidios que citaba el profesor Ayala también incluía prestaciones para mayores de 55 años, o la renta activa de inserción , además del subsidio extraordinario de desempleo.
Garantizar que ningún desempleado se quede sin recibir ayudas sociales y otros las reciban por partida doble, en algún caso, fue un objetivo que movió al Ministerio de Empleo a diseñar un «mapa de prestaciones» en España que permitiera controlar de forma más eficaz el destino del dinero público, cuyo reparto es ahora desigual entre las regiones españolas. Pero finalmente el trabajo no llegó a realizarse.
Turismo de prestaciones
El barullo de ayudas adolece de falta de control que permitan identificar duplicidades y garantizar que su reparto sea equitativo. Un descontrol al que ahora se enfrenta el ministro Escrivá y que llegó a provocar un «turismo de prestaciones» , que provocó que algunos parados cambiaran de ciudad para disfrutar de ayudas más elevadas.
Hoy, los servicios públicos de empleo de cada región conceden una «ayuda familiar» de 430 euros al mes del que disfrutan parados que carecen de rentas o reciben menos de 551,92 euros al mes, tienen responsabilidades familiares (hijos menores de 26 años, hijos discapacitados, que estén a su cargo y cónyuge) y h an agotado la prestación por paro o bien no pueden cobrarla porque tienen cotizaciones superiores a tres meses, pero no llegan al año requerido. Una pareja casada sin hijos puede pedir ayuda familiar si un cónyuge depende económicamente del otro.
430 euros prorrogables
Los beneficiarios de los 430 euros lo perciben durante seis meses y pueden solicitar su renovación en dos ocasiones (18 meses en total). En determinadas circunstancias, como cuando el parado tiene más de 45 años , esas prórrogas pueden llegar a sumar 30 meses. A estos subsidios se sumó hace unos meses la recuperación de la ayuda para mayores de 52 años .
Paralelamente, cada comunidad, y muchos ayuntamientos, tienen sus propios salarios sociales . Y cada uno, con un nombre distinto y un importe diferente, que suele estar ligado al Iprem (537,84 euros al mes) y al número de miembros de la familia.
En la mayoría de los casos se exige estar empadronado en esa región un mínimo de un año antes de solicitar la ayuda. En Cataluña, por ejemplo, se denomina «renta mínima de inserción» y su importe mínimo es de 105,93 euros, pudiendo llegar a 645,30 según el número de miembros de la unidad familiar. En Madrid tiene la misma denominación y su cuantía mínima es de 400 euros.
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