España gana peso en los órganos internacionales de fiscalidad
María José Garde presidirá el Foro Global de transparencia e intercambio de datos
Una española presidirá el organismo de la OCDE encargado de calificar a los países según su transparencia tributaria para detectar así a los paraísos fiscales. La subdirectora general de Fiscalidad Internacional, María José Garde, presidirá desde enero el Foro Global sobre Transparencia Fiscal e Intercambio de Información de la OCDE, órgano que se encarga de poner «ratings» a los países en función de su grado de colaboración internacional en este ámbito. Esta evaluación sirve posteriormente para incluirlos o no en la lista negra de paraísos fiscales de la OCDE.
España se había postulado para presidir este organismo hace meses y llevaba tres años en su comité técnico. El Foro nació en 2000 para acabar con los paraísos fiscales y trabaja en acuerdos internacionales y estrategias de lucha contra la opacidad.
España está siendo uno de los países con mayor liderazgo en organismos internacionales para impulsar la transparencia fiscal. España ha sido uno de los estados que antes incorporó a su propia legislación las directrices de la OCDE para evitar la ingeniería fiscal de las multinacionales. De esta forma, desde el próximo año las empresas que facturen más de 750 millones en España deberán informar a Hacienda de su actividad y los impuestos que pagan en todos los países en los que están presentes.
Las matrices y filiales españolas ya están recolectando la información correspondiente a 2016 para enviarla al Fisco en 2017. Los países que han firmado el intercambio automático de información podrán acceder a esta información, ya que ellos compartirán los datos sus compañías. Varias grandes empresas se han quejado al Gobierno de esta obligación porque otros países como EE.UU. aún no han implementado esta norma. Las firmas españolas serán de las primeras en dar información.
Junto a ello España fue uno de los países –junto a Italia, Francia, Reino Unido y Alemania– que firmaron el pasado abril un proyecto de intercambio automático de datos sobre sociedades opacas tras la publicación de los «papeles de Panamá».
El Foro Global de Transparencia que presidirá Garde parece que ganará protagonismo en los próximos meses. El G-20 pidió a la OCDE hace meses unos criterios objetivos para definir a un país como paraíso fiscal o no. Ante esta solicitud, el Foro de Transparencia Fiscal ya ha analizado a cerca de cien jurisdicciones pero no ha elaborado lista alguna de paraísos fiscales. Los criterios objetivos que utilizará será el rating otorgado por el Foro según su grado de cooperación y el intercambio automático de información fiscal que se haya comprometido a adoptar el país en cuestión.
Este punto facilita el acceso de la Agencia Tributaria (y de las Haciendas correspondientes) a los datos fiscales de residentes en el exterior, ya que agiliza las peticiones de información entre países.
El último requisito evaluado es la adopción o no del convenio multilateral fijado por la OCDE. Este modelo establece las bases para evitar la doble imposición entre países al mismo tiempo que profundizaba en la cooperación contra el fraude.
La OCDE propuso que si un territorio no cumplía dos de estos tres criterios, fuera considerado paraíso fiscal. La duda recaía en qué hacer cuando había países que se habían comprometido a ello si bien aún no lo habían hecho, explicó Garde en el XXVI Congreso de Inspectores de Hacienda hace una semana. Por ejemplo, Panamá anunció que firmaría el convenio hace meses pero no lo hizo hasta el pasado jueves. En principio, el organismo sacará su propia lista para verano de 2017.
Pero, ¿qué es un paraíso fiscal? ¿Por qué se considera como tales a unos estados y no a otros? La respuesta a estas preguntas levanta suspicacias entre organismos internacionales. La UE también siguió la iniciativa de la OCDE por su cuenta de elaborar una lista de paraísos fiscales y quiso ser más ambiciosa. Bruselas fijó que si un país salía en tres listas diferentes como paraíso fiscal lo catalogaba como tal.
Después la UE fijó ciertos criterios, basados en la transparencia fiscal de cada país y su tributación – bien en función de si tiene ciertos regímenes preferenciales o tipos muy bajos–. Si el territorio suspendía en estos dos requisitos, pasaba a engrosar la lista de paraísos potenciales.
Bruselas publicó su lista de países en septiembre . En ella incluía como candidatos a paraísos fiscales a EE.UU. (por la jurisdicción de Delaware) o a Brasil, por lo que la relación quedó abierta a la polémica. La UE publicará la lista definitiva en 2017. Curiosamente, en la relación de candidatos no hay ningún territorio europeo.
Este toma y daca entre la OCDE y la UE ha hecho que España esté a la espera de actualizar o no su propia lista de paraísos fiscales en función de cómo avance el contexto internacional. Solo ocho países tienen su propia lista de paraísos fiscales en la UE.
Si bien esta relación se elaboró en 1991 con 48 jurisdicciones, posteriormente la lista ha ido perdiendo miembros según los convenios y acuerdos de transparencia e intercambio de información fiscal que firmaban con España hasta pasar a albergar solo 33 territorios . Por ello, Andorra o Luxemburgo han dejado de ser paraísos ara España estos años.
