Escrivá acuerda con los sindicatos que las empresas soporten un alza de medio punto en las cotizaciones
Los trabajadores pagarán un 0,1% en un nuevo esquema que pretende asegurar la sostenibilidad de las pensiones
El alza se aplica durante un periodo de diez años y se abre la puerta a nuevos incrementos a partir de 2033
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá , logró cerrar ayer uno de los asuntos más espinosos de la primera parte de la reforma de pensiones: el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y lo hizo con el rotundo rechazo de los empresarios , que quedan así al margen de una subida de impuestos al empleo que soportarán en su mayor parte.
Escrivá cerró el pacto con los sindicatos solo unas horas después de que la patronal rechazara por unanimidad un aumento de las cotizaciones , que posteriormente, con las centrales, se endurecería para las empresas. El esquema pactado con UGT y CC.OO. para sostener las pensiones supone un alza de la cotización del 0,6% a partir de 2023 y durante un periodo de diez años y de ese porcentaje 0,5% lo pagarán las empresas y un 0,1% los trabajadores . El MEI inicialmente presentado a los agentes sociales cargaba una décima menos a las empresas y una más a los trabajadores.
El nuevo esquema que saca adelante el ministro refleja que esta cotización adicional se a cumulará en la llamada ‘hucha de las pensiones’, el fondo de reserva, que funcionará como un ‘colchón’ de ingresos para afrontar el reto del retiro de los ‘baby boomers’. El plan de Escrivá es conseguir en diez años un colchón de unos 26.000 millones con el que volver a llenar la ‘hucha’, el equivalente a unos dos meses del pago de pensiones.
La idea del titular de Seguridad Social es que estos ingresos extra actúen como «válvula de seguridad» del sistema a partir de 2033, en el caso de que haya un desvío de la previsión de gasto en pensiones para 2050. En el caso de que no se diera una desviación de la senda de gasto previsto, no se aplicará ninguna medida y se planteará la utilización de los recursos del fondo de reserva para reducir las cotizaciones sociales o mejorar la cuantía de las pensiones.
Según el acuerdo con los sindicatos, si a partir de 2033 se apreciara en los informes de envejecimiento (Ageing Report) de la Comisión Europea una desviación de la previsión de gasto en pensiones a 2050 respecto al informe de 2024 (que se usará como referencia), se utilizará el citado fondo, con un límite de disposición anual del 0,2% del PIB. Y si la disposición de activos del fondo no fuera suficiente, el Gobierno negociará con los interlocutores sociales para su elevación al Pacto de Toledo, «una propuesta que, de forma equilibrada, se dirija bien a reducir el porcentaje de gasto en pensiones en términos de PIB, bien a incrementar el tipo de cotización u otras fórmulas alternativas para aumentar los ingresos», según detalló ayer Seguridad Social.
Los sindicatos mostraron su satisfacción por el acuerdo alcanzado con el Gobierno y por el hecho de que no habrá recortes futuros, solo aumento de ingresos. Las empresas, sin embargo, ya alertan de daños para el empleo y aseguran que el nuevo mecanismo no servirá. «La equidad no se ve por ningún sitio y mucho menos intergenera cional. Se busca terminología muy rebuscada para terminar como siempre, subiendo cotizaciones, dijo ayer Lorenzo Amor, presidente de ATA en Twitter.
Los empresarios se han desmarcado del ministro y le han negado su apoyo en uno de los elementos clave de la reforma de las pensiones. Así quedó patente ayer en una reunión de la comisión ejecutiva de la CEOE, en la por unanimidad en se rechazó la nueva herramienta. En un comunicado, los empresarios aseguraron que la propuesta de «insuficiente, no garantiza el equilibrio del sistema y que necesitará medidas adicionales en el futuro para asegurar su sostenibilidad».
Tanto la CEOE como Cepyme remarcaron además que aumentar las cotizaciones sociales y hacer que la mayor carga recaiga sobre las empresas «tiene efectos negativos sobre el empleo y va en dirección contraria a lo que necesita el sistema público de pensiones». Los empresarios cargan además las tintas contra la propuesta del Ejecutivo que, dicen, «tiene poco de intergeneracional ya que carga todos los esfuerzos sobre los trabajadores actuales y futuros, especialmente sobre los jóvenes».
Ahora, el Gobierno debe introducir el nuevo mecanismo vía enmienda en la tramitación parlamentaria de la primera parte de la reforma que ya está en el Congreso. Aunque los grupos parlamentarios no se han posicionado aún formalmente, en la última comparecencia del ministro ya se evidenció que este camino tampoco será sencillo. Más aún cuando la medida también ha levantado ampollas en el mundo académico, donde los expertos consultados consideran la medida insuficiente para hacer frente al incremento de gasto que afrontará el sistema, además de perjudicial para el empleo. En cualquier caso, España deberá reportar a Bruselas sobre los efectos del nuevo mecanismo de equidad y enviar a la Comisión evaluaciones concretas sobre su puesta en marcha.
Tras sellar el pacto, Escrivá explicó ante los medios de comunicación que se trata de una «cotización muy pequeña» . «Para una pensión con una base de cotización de 2.000 euros, no llegaría a 12 euros», argumentó. Además, se mostró sorprendido de no haber podido llegar a un acuerdo con la CEOE y dijo que de la patronal «no hemos recibido ninguna propuesta».
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