Las empresas podrán extender hasta 10 años la devolución de los préstamos ICO

El Consejo de Ministros ha aprobado un Código de Buenas Prácticas al que podrán adherirse las entidades financieras que hayan canalizado avales públicos o se hayan beneficiado de reavales públicos

Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros EFE

ABC

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se establecen las características y requisitos de aplicación de las medidas de apoyo público a la solvencia de autónomos y empresas establecidas en el Real Decreto-ley 5/2021 , así como el Código de Buenas Prácticas al que podrán adherirse las entidades financieras que hayan canalizado avales públicos o se hayan beneficiado de reavales públicos desde el 17 de marzo de 2020.

El acuerdo adoptado hoy establece mediante el Código de Buenas Prácticas las líneas de actuación de las entidades financieras y de los organismos públicos, así como los requisitos para que empresas y autónomos puedan beneficiarse de las medidas dirigidas a la reestructuración de deudas financieras.

Entre las medidas adoptadas se incluye que las pymes, autónomos y empresas que solicitaron préstamos con aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para hacer frente a la crisis del Covid-19 podrán extender hasta 10 años la devolución de estos créditos, así como contar con un periodo de carencia superior a dos años en el pago del principal.

En cuanto a las quitas de deuda, se destinarán 3.000 millones de euros para que el ICO, CESCE y CERSA permitan la reducción del importe nominal de la deuda. Las entidades financieras deberán mantener abiertas las líneas de circulante del beneficiario hasta el 31 de diciembre de 2022.

Además, se mantiene el aval público en los préstamos que, por acuerdo voluntario entre las partes, puedan convertirse en préstamos participativos.

Las medidas de apoyo a la solvencia aprobadas en el último año y, en particular, las previstas en el Real Decreto-ley aprobado el 12 de marzo por importe de 11.000 millones de euros , están dirigidas a empresas viables en los sectores más afectados por la pandemia , canalizando recursos públicos al conjunto de la economía con el fin de prevenir problemas de solvencia y sobreendeudamiento en empresas viables que puedan lastrar la recuperación económica, según recuerdan desde el Ministerio de Economía.

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