Las empresas piden incentivos para frenar la despoblación en España

Cepyme se suma a las reivindicaciones de las organizaciones empresariales de Cuenca, Soria y Teruel para que se apliquen cuanto antes las ayudas de la Comisión Europea

El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva EP

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La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) reclamó hoy al Gobierno que concrete los incentivos a las empresas para frenar la despoblación, contenidos en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 en la correspondiente Disposición adicional. De esta forma, la Confederación se suma a las reivindicaciones de las organizaciones empresariales de Cuenca, Soria y Teruel para que se apliquen cuanto antes las ayudas que la Comisión Europea ha reconocido a las empresas de estas zonas por estar escasamente pobladas.

En la rueda de prensa celebrada esta mañana, los presidentes de Cepyme, Gerardo Cuerva; de la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria (FOES), Santiago Aparicio; de CEOE Teruel, Juan Ciércoles y de CEOE Cepyme Cuenca, David Peña han expuesto la grave situación que viven estas regiones como consecuencia de la despoblación y la necesidad de trabajar para frenar este proceso.

Todos ellos han coincidido en destacar que las empresas son actores fundamentales para lograr asentar con éxito y expectativas la población al territorio. Asimismo, consideran que compensar la desventaja competitiva que presentan las empresas de estas tres provincias es crucial para conseguirlo, ya que fortalecerá la resistencia de las empresas localizadas en las zonas desfavorecidas y actuará de catalizador de nuevas inversiones conformando también una oportunidad competitiva para nuestro país. Mejorar el escenario actual situaría a estas provincias española en un nivel similar a otros 18 territorios de Suecia, Noruega, Finlandia, Grecia, Croacia y Letonia que cuentan con esta ventaja competitiva.

Después de un largo e intenso trabajo de las organizaciones empresariales mencionadas, las provincias de Soria, Teruel y Cuenca han sido reconocidas por la Comisión Europea como áreas escasamente pobladas al presentar una densidad de población inferior a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto ha supuesto que en la revisión de las directrices de ayudas de Estado con finalidad regional se contemple estas zonas como zonas desfavorecidas, lo que, a su vez, permite la concesión de ayudas estatales a las empresas situadas en dichas provincias hasta un máximo del 20% de sus costes laborales.

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