Las empresas ganan la mitad de sus demandas contra la administración por incumplir la unidad de mercado
Autonomías y municipios se están viendo obligados a revisar sus normas que contravienen la legislación nacional y suponen una barrera a la actividad económica
![La ley de unidad de mercado unifica entre otras cosas las normas de etiquetado de productos](https://s1.abcstatics.com/media/economia/2015/12/12/efe-empresa-unidad-mercado--620x349.jpg)
La ley de Garantía de la Unidad de Mercado empieza a dar frutos casi dos años después de su aprobación. La norma, con la que el Gobierno busca uniformar en todo el territorio la legislación y las licencias para la circulación y prestación de bienes y servicios , incluye un mecanismo por el cual empresas y ciudadanos pueden denunciar aquellas normas locales, autonómicas y estatales que consideren que vulneran esa unidad de mercado y entorpecen su actividad. Según informan a ABC desde el Ministerio de Economía, más de la mitad de los expedientes por reclamaciones resueltos hasta la fecha han sido favorables para los demandantes.
En concreto, la «ventanilla única» encargada de registrar esas quejas ha recibido un total de 151 recursos de reclamación e información, a un ritmo de unas dos denuncias por semana . De ellos han sido resueltos por ahora 95, el 62% , y en más de la mitad de los casos con fallos favorables a las compañías, profesionales, organizaciones y asociaciones y consumidores que iniciaron el proceso.
Esas actuaciones suelen acabar en cambios normativos por parte de las comunidades autónomas y los ayuntamientos , que son las administraciones contra las que se dirige la mayor parte de esas reclamaciones.
Además, esos expedientes se están resolviendo sobre todo a través de la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (Secum), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y las propias administraciones territoriales, sin necesidad de acudir a los tribunales, lo que según Economía evidencia la predisposición de autonomías y municipios a colaborar con la nueva legislación.
Ahora bien, tanto las autoridades europeas como internacionales urgen al Ejecutivo a acelerar la aplicación de la ley, cuyas medidas más destacadas son la licencia única para operar en todo el país y la legislación de origen : cualquier producto o servicio avalado por una normativa autonómica podrá ser ofertado en otros puntos de España sin necesidad de modificación o trámite adicional.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea, en cada una de las evaluaciones periódicas que hacen de la economía española desde el rescate financiero a la banca del país, vienen llamando la atención por lo que consideran un retraso en la implantación de la citada ley, y lamentan también que se haya postergado la liberalización de los servicios profesionales, dos medidas que ven esenciales para reducir los obstáculos al crecimiento de pymes.
Retraso en las autonomías
«Los gobiernos regionales deben acelerar la aplicación de la ley de Unidad de Mercado», señala Bruselas en su último informe sobre España, publicado el pasado miércoles. El Ejecutivo comunitario señala que mientras el Gobierno central ya ha culminado más de la mitad de las enmiendas previstas a legislaciones sectoriales específicas de su competencia, el porcentaje de cumplimiento de las comunidades autónomas baja al 17% .
Economía especifica que el Estado ha revisado ya más de 100 normas, mientras que ese trabajo a nivel regional está por debajo del centenar de cambios legales. Y recuerdan que las 25 conferencias sectoriales que se preveían convocar ya se han reunido.
La Dirección General de Política Económica ha defendido ante los técnicos de Bruselas que ese retraso es relativo porque la aplicación de la norma no es automática, esto es, no supone una avalancha de cambios normativos, y garantiza que el espíritu de la ley sí empieza a cuajar.
El Gobierno considera que la administración, a todos los niveles, tiene ahora en cuenta la ley de Unidad de Mercado a la hora de legislar, y señala por ejemplo que la nueva ley de Régimen Jurídico del Sector Público aprobada el pasado octubre obliga a todas las administraciones a detallar en la memoria de sus leyes el grado de adaptación de las nuevas normas a ese principio de unidad de mercado.