El Ejecutivo admite que carece de «plan B» para reformar el sector de la estiba

El Gobierno había fiado la reforma de la estiba al acuerdo entre los sindicatos, liderados por la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, y la patronal, Anesco. Consciente del estrecho margen de actuación que ofrece la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que prohíbe la existencia de registros de trabajadores que limitan a las empresas la libre contratación, como sucede en el sector de la estiba, el Ejecutivo planteó un documento de mínimos, de apenas 10 páginas , que rompe el monopolio del que disponen los estibadores en la formación de las plantillas y la configuración de los turnos de trabajo. El resto de cuestiones -garantías de empleo, condiciones laborales, prejubilaciones, salarios...- se debían abordar en la mesa de negociación colectiva. No tenían cabida en el decreto y si se hubieran incorporado a éste habrían colisionado con la doctrina comunitaria.

La limitada capacidad de respuesta del Ministerio de Fomento ante las exigencias de Bruselas, por tanto, impide que el Gobierno pueda introducir cambios profundos en la propuesta tumbada ayer . Solo así se entiende que al término del Pleno del Congreso, Íñigo de la Serna incidiera en la negociación entre patronal y sindicatos y volviera a llamar a las partes a alcanzar , en la reunión prevista el próximo martes, un acuerdo sobre la base de la propuesta presentada por el Ejecutivo. Fuentes de Fomento no confirman la asistencia del Gobierno a esta cita, aunque es previsible que vuelva a estar presente, dado que es una petición unánime no solo entre las partes, sino también para las formaciones parlamentarias cuyo voto es decisivo para sacar adelante la reforma.

Unos minutos más tarde de la votación del Congreso y a escasos metros de la Cámara Baja, en el hotel Palace, el ministro de Economía, Luis de Guindos, señaló gráficamente que «no hay plan B» en la reforma de la estiba tras la oposición de la Cámara Baja, por lo que habrá multa diaria de la UE. «El Gobierno ha hecho todo lo posible», apuntó el ministro, que intervenía en un acto organizado por «The Economist» . Curiosamente, De Guindos se veía las caras con Luis Garicano, responsable económico de Ciudadanos que también participaba en el acto después de que la formación naranja se abstuviera en la convalidación del decreto. «Somos socios (de Gobierno) y pese a todo, amigos» , bromeó De Guindos al respecto.

En efecto, hay otro inconveniente: el tiempo corre. La comisaria de Transportes europea, Violeta Bulc, indicó el pasado 7 de marzo en la Cámara Baja que había «congelado» las multas ya impuestas a España -23 millones de euros acumulados por una primera resolución- y que si la reforma de la estiba no estaba aprobada antes del 24 de marzo (fecha límite para la convalidación) el Ejecutivo comunitario «tomaría medidas».

Estas medidas, que no especificó, consistirían en que la sanción inicial volvería a restar diariamente 21.522 euros a las arcas públicas y regresaría la amenaza inminente, según el Gobierno, de la aprobación de una multa de 134.107,2 euros diarios . De momento, las partes se muestran receptivas para retomar el diálogo. Los sindicatos desconvocaron las huelgas parciales para los días 17, 20, 22 y 24 de marzo, si bien el miércoles declinaron la propuesta del Gobierno por entender que no garantiza el 100% de los puestos de trabajo y consideraron cosmético el plan de prejubilaciones.