La división política anticipa una legislatura sin medidas económicas de calado
Moody’s y S&P alertan a Sánchez de que derogar reformas como la laboral puede lastrar la solvencia y la actividad de España
La escueta mayoría parlamentaria que ayer recabó el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias anticipa que la parálisis política de los últimos meses continuará instalada en las grandes reformas económicas. Así lo anticipan casas de inversión y agencias de rating en informes dirigidos a clientes, tras la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Ejecutivo, pese al anuncio que hizo ayer de acometer reformas de calado durante su legislatura. Las principales medidas requieren un amplio consenso político, por lo que los mercados descuentan una legislatura con escasas reformas en el campo económico.
«Esperamos poco –o ningún– cambio material en política económica y fiscal , y un foco en reducir la desigualdad social», sentencia en un informe el director de estrategia de UBS España, Roberto Scholes. «La fragilidad del mandato del nuevo gobierno suscita dudas sobre el ritmo de las futuras reformas de políticas, incluidas las destinadas a mejorar el mercado laboral o reducir el déficit presupuestario», zanjó ayer en otro documento para inversores la agencia de «rating» S&P.
Así ocurre también con la reforma del modelo de financiación autonómica, pendiente desde 2014, y que Sánchez señaló como prioridad para la presente legislatura. Ante la fragilidad de los apoyos del independentismo catalán y la fragmentación política entre los gobiernos de las propias comunidades, esta reforma aparece como la gran batalla política por abrir. Una reforma en la que influye, además, la confrontación entre el modelo de armonización fiscal que defiende la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el de comunidades gobernadas por el PP, con Madrid a la cabeza.
Una casuística que se repite con la reforma de las pensiones, para la que el acuerdo en el seno del Pacto de Toledo parece enconado, ante la falta de éxito de hace un año. Entonces Podemos rompió el preacuerdo existente antes de las elecciones. «La reforma de las pensiones será más difícil de acordar », aseveró ayer la vicepresidenta de Moody’s, Kathrin Muehlbronner, que tildó la mayoría parlamentaria del Ejecutivo de «estrecha» y recordó que España es un país con « falta de experiencia en gobiernos de coalición entre varios partidos ».
Pese a ello, el plan acordado entre la formación morada y PSOE para el Gobierno de coalición incluye la derogación de dos medidas clave en la reforma de las pensiones de 2013, del Ejecutivo de Mariano Rajoy, como el Índice de Revalorización (del 0,25% en años de déficit y de hasta el 0,5% más el IPC en épocas de bonanza) y el Factor de Sostenibilidad , que reducía la pensión inicial para adecuarla a factores como la esperanza de vida o el crecimiento y así aseguraba cobrarla más años. Este indicador iba a entrar en 2019 pero el Gobierno de Rajoy lo postergó a 2023 al pactar las cuentas de 2018 con el PNV.
Reforma laboral
Precisamente, tanto Moody’s como S&P alertan del impacto que puede tener la derogación de reformas clave como la laboral, algo que ha prometido el nuevo Ejecutivo pero que, ante su debilidad política, será difícil afrontar. «No esperamos la reversión de reformas pasadas. Pero si se produjera, probablemente lastraría las perspectivas económicas y la solvencia de España », advierte S&P al nuevo Ejecutivo.
«Un riesgo clave sería una derogación de la reforma laboral », advirtió ayer Moody’s. El Gobierno ha anunciado de manera urgente que aprobará primar el convenio colectivo frente al de empresa, anular la posibilidad de despido objetivo en casos de absentismo justificado y endurecer la posibilidad de que la empresa modifique unilateralmente las condiciones del trabajador. Unas medidas que deberán pasar por el diálogo social con sindicatos y patronal. CEOE manifestó su «honda preocupación» y, como adelantó ABC, alertó de que las reformas anunciadas por el Ejecutivo impactarán «de forma muy negativa» en la creación de empleo. «Estas medidas pueden poner en jaque (más) la competitividad de las empresas en el medio plazo y, por lo tanto, afectar a la actividad y elevar el endeudamiento», aseguró ayer Barclays en un informe.
Una reversión en políticas ya aprobadas que, además, augura enfrentamientos con la Comisión Europea, que ha defendido en repetidas ocasiones la reforma laboral y ha desaconsejado derogar esta medida. La otra tarea pendiente del Gobierno que puede hacer saltar chispas la relación con Bruselas es la reducción del déficit público. La Comisión Europea fija que la bajada del déficit estructural de España –es decir, sin tener en cuenta lo aportado por el crecimiento económico– debe ser del 0,65% del PIB cada año, es decir, unos 7.800 millones de euros , pero el elevado gasto que incluye el acuerdo alcanzado entre PSOE y Podemos descarta que se pueda cumplir esta senda, ya que la subida de impuestos apenas compensará el incremento previsto de sueldos públicos y pensiones -de 4.700 millones de euros más para este año-.
El incremento del desembolso público no puede superar el 0,9%, un porcentaje que el propio plan presupuestario del Ejecutivo remitido en octubre y que no incluía las medidas pactadas con Podemos, ya incumplía.
Las agencias de «rating» esperan que el boquete fiscal, que el Banco de España cree que acabó el año pasado sin ninguna reducción en el 2,5% del PIB, siga sin reducirse. «Esperamos que los esfuerzos para reducir el déficit presupuestario se tambaleen en los próximos años, especialmente si la coalición gubernamental no puede abordar la brecha financiera del sistema de Seguridad Social de España , que es la fuente de la mitad del déficit», augura S&P, que revisará la nota de España el próximo 20 de marzo.
«De cara a cualquier impacto crediticio, el Presupuesto de 2020 será la primera indicación clave de la nueva dirección económica del próximo Gobierno», alerta Moody’s. Los mercados estarán atentos a los próximos anuncios del Ejecutivo pero en sus previsiones las reformas brillarán por su ausencia.
