Díaz acelera la reforma laboral y plantea limitar al 15% los empleados temporales en las empresas
Bruselas sigue de cerca los avances en negociación y recuerda la importancia de que los cambios se aprueben con consenso
«La contratación temporal no podrá superar el quince por ciento de la plantilla anual de cada empresa». Así de contundente se expresa el documento que el ministerio de Trabajo puso ayer sobre la mesa que negocia la reforma laboral y que incluye medidas importantes para atajar la dualidad del mercado y combatir la lacra de la temporalidad. La propuesta de Yolanda Díaz, que sigue negociándose con los agentes sociales, se ha topado con el rechazo de los empresarios , pues aseguran que no respeta las muchas necesidades del heterogéneo tejido empresarial español. Tampoco estaría claro el apoyo sindical por el momento.
El texto, al que ha tenido acceso ABC, fija que el total de la plantilla se deberá calcular sumando el número de contratos vigentes a 31 de diciembre, independientemente de su modalidad, y los que se hayan extinguido. E insiste en que únicamente podrán justificarse los contratos temporales en dos situaciones: cuando haya un «incremento ocasional e imprevisible de la actividad empresarial que no pueda ser atendido con la plantilla habitual de la empresa» y para «sustituir a una persona con derecho a reserva de su puesto de trabajo».
El presidente de la principal asociación de autónomos, Lorenzo Amor, ya ha mostrado su rechazo: «Siguen pensando que solo hay grandes empresas. Solo por recordar, en España casi el 90% de las empresas tienen menos de 5 trabajadores y no al revés. Esta medida es absurda cuando en una empresa con 5 trabajadores cada trabajador es un 20%. Con 7 empleos ya parece que puedes tener uno temporal..», criticó en su cuenta de Twitter. «Reducir la temporalidad debe ser un objetivo de todos pero no se consigue con topes que penalizan a autónomos y pequeñas empresas», zanjó.
Lo cierto es que el mercado de trabajo español transita por una senda de temporalidad a la que Bruselas ha llamado a poner fin. Tras el duro impacto que crisis financiera tuvo en el empleo, la recuperación permitió absorber parte del puestos de trabajo destruidos, pero se hizo sin aumentar su calidad, un desequilibrio que se ha agudizado en los últimos años y especialmente en la pandemia. El Covid aumentó la contratación de sanitarios y de personal de servicios sociales y estos nuevos empleos se realizaron, en su gran mayoría, por tiempo limitado, lo que provocó que la brecha existente entre empleos temporales e indefinidos se remarcara más en el sector público, donde la tasa acaricia el 30%, casi cuatro veces por encima del objetivo marcado en 2018 y un récord sin precedentes.
Analizando el conjunto de la economía, España registra el doble de temporalidad que la media, con una tasa cercana al 20%, según datos publicados por Eurostat, porcentaje que la EPA del cuarto trimestre de 2020 elevó hasta casi el 25%. Es decir, que de cada cien contratos que se firman en España, 25 son temporales, lejos de países vecinos como Alemania (9,2% en 2019), Francia (12,3%) e Italia (11,5%).
Por ello atajar la temporalidad se ha convertido en una de las reformas prioritarias impuestas por Europa a cambio de los fondos europeos. Díaz ha insistido en varias ocasiones en que la reforma debe estar lista antes de que finalice el año. De hecho así fue trasladado por los técnicos enviados desde Bruselas la semana pasada para analizar el avance de este proceso que, según fuentes presentes en las reuniones mantenidas, mostraron su preocupación por la deriva que pueda tomar la reforma planteada por Díaz. Las mismas fuentes apuntan a que los técnicos de Bruselas inistieron en la necesidad de que los cambios legales se hagan con consenso, para asegurar así su duración en el tiempo y evitar el rechazo social, y que mantengan el espíritu de la reforma que impulsó el PP con la ministra Fátima Báñez.
No es la primera vez que Bruselas muestra su preocupación en este sentido y, de hecho, ya dejó clara su postura nada más desbloquear los fondos europeos para España. En el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que se publicó al dar vía libre al desembolso se especificaba que la reforma del mercado de trabajo deberá llevarse a cabo «con total respeto del diálogo social y siguiendo un enfoque integral que equilibre la necesidad de flexibilidad y la de seguridad en el mercado de trabajo, en apoyo de una recuperación generadora de empleo». A continuación, en un pie de página, la Comisión fue un paso más allá: «El informe más reciente sobre España recordaba la necesidad de preservar los elementos de las reformas del mercado de trabajo introducidas en 2012-2013 que han desempeñado un importante y reconocido papel en el impulso de la recuperación económica generadora de empleo iniciada en 2014».
Las propuestas de Díaz, sin embargo, siguen sin conseguir el necesario consenso. El documento avanza en su estrategia de aumentar el poder de los sindicatos y propone que estos deban ser informados sobre la temporalidad en la compañía cada mes de enero así como del plan para cumplir con los nuevos límites. «Las empresas deberán informar a la representación legal de las personas trabajadoras, durante el mes de enero (...) y presentarán una propuesta concreta de transformaciones o contrataciones a efectuar para cumplir, al menos, con el porcentaje de contratación indefinida aplicable».
Además de la temporalidad en las empresas, el documento lanzado ayer propone cambios para las empresas de trabajo temporal , a las que permite celebrar los contratos de puesta a disposición para actividades temporales pero siempre que la relación laboral de la persona cedida esté concertada por tiempo indefinido. Igualmente se proponen cambios en los contratos formativos , en el fijo de obra de la construcción y una nueva definición del Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo.
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