El déficit público aumentó 2.700 millones en 2019 al 2,7% y creció por primera vez desde la crisis
El Gobierno incumplió su objetivo de déficit del 2% y acabó el año con 8.000 millones más de agujero de lo que comunicó a Bruselas
España se enfrenta a una recaída económica mayúscula como es la provocada por la crisis del coronavirus con un colchón fiscal nulo. El Gobierno no solo no redujo lo suficiente el déficit en 2019, sino que además lo elevó: del -2,5% del PIB en el que acabó 2018 al -2,7% incluyendo las ayudas financieras, según ha publicado el INE. De esta forma, incumplió el objetivo del 2% que se autoimpuso –tras relajarlo desde el -1,3% que dejó aprobado el Gobierno de Rajoy hasta el -1,8% que se fijó si se aprobaban los Presupuestos de 2019 que tumbaron las Cortes–.
No solo eso: al acabar 2019 con un boquete de 33.223 millones de euros rebasó en casi 8.000 millones de euros (en concreto, en 7.872 millones) el déficit que el Ejecutivo de Pedro Sánchez comunicó a la Unión Europea, con quien negocia además de los distintos gobiernos continentales la posible aprobación de eurobonos o acudir al fondo de rescate para elevar los recursos destinados a luchar contra la epidemia.
Frente a los 30.495 millones de euros en los que cerró 2018, el déficit de 2019 sumó 2.728 millones más de desequilibrio . Si se toman en cuenta las ayudas bancarias, desde que en 2012 se rescató a la banca no se había aumentado el déficit en un año. Si se excluyen estas transferencias, habría que remontarse a 2009, cuando el país se hundió en la recesión por la crisis financiera.
El Ministerio de Hacienda rebajó más tarde la cifra al 2,6% del PIB, con 55 millones de ayudas a la banca que explican esta diferencia de una décima en el redondeo (. Así, la Administración Central acabó con un déficit de 13.896 milones, el -1,12% del PIB, frente al 1,32% de 2018 (15.920 millones). La Seguridad Social , por su parte, recogió un desequilibrio de 16.052 millones (un 1,29% del PIB) frente a los 17.369 millones (1,44%) de hace un año. Por lo demás, las corporaciones locales tuvieron el menor superávit desde 2012, con un 0,31% del PIB frente al 0,51% de un año antes y las comunidades autónomas recabaron un agujero del 0,55%, si bien Hacienda aclara que si les hubiera transferido los 2.500 millones de IVA pendientes de la liquidación de 2017 estaría en el 0,3%.
La recaudación aumentó en todos los impuestos salvo uno: el Impuesto de Sociedades que redujo sus ingresos a 23.733 millones, un 4,4% menos «a pesar del incremento en un 6% de los beneficios empresariales» que Hacienda achaca a «devoluciones fiscales extraordinarias». Ello alude a actas que la Justicia falló a favor de empresas como Telefónica, con 700 millones a favor más intereses por cobros indebidos en IVA que el Fisco le aplicó durante años.
Los impuestos sobre la renta y patrimonio ingresaron un 2,3% más hasta los 130.199 millones. Y aunque el aumento del empleo y la subida de las bases y los salarios aumentaron la recaudación de las cotizaciones sociales un 7,5% hasta los 160.533 millones, esto no compensó el incremento del gasto.
La razón del aumento del desequilibrio recae en el gasto. En un año con dos elecciones generales, además de citas autonómicas y municipales, el Gobierno aprobó una serie de medidas sociales que la Autoridad Fiscal cifró en 920 millones, a lo que se sumaron la subida de las pensiones un 1,6% (con 2.750 millones de coste) y el aumento del 2,5% del sueldo de los empleados públicos que acordó el anterior Ejecutivo con los funcionarios (otros 3.700 millones). Más allá de la subida de las bases de cotización por el aumento un 22% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), no hubo ninguna decisión orientada a elevar los ingresos públicos para contrarrestar estas medidas.
Según los datos de contabilidad nacional, el consumo público final (que incluye los bienes y servicios que prestan las administraciones a los ciudadanos como Sanidad, Educación, Defensa, representación exterior..., incluyendo también las remuneraciones públicas) registró un nuevo récord al aumentar un 4,2% hasta los 233.238 millones, casi 10.000 más que en 2018 y por encima de los niveles de 2009 y 2010.
Consumo público récord e inversión bajo mínimos
Dentro de las rúbricas que separa contabilidad nacional, la remuneración por asalariados se llevó casi todo el aumento, de 6.419 millones más frente a 2018, hasta los 134.063 millones .
Pese a este aumento del gasto, l a inversión pública volvió a hundirse a mínimos históricos , al bajar en 283 millones hasta los 25.406, un 2% del PIB. En cuanto a los intereses de deuda, la política monetaria laxa del BCE permitió seguir bajándolos a 28.450 millones, casi mil menos que en 2018. España lleva desde 2014 bajando esta rúbrica.
