¿Cuánta deuda tiene mi ayuntamiento?

La deuda del conjunto de entidades locales -ayuntamientos y diputaciones- se redujo el año pasado en 3.238 millones de euros hasta suponer 35.147 millones (en torno a un 3,5% del PIB). Desagregado, los ayuntamientos tienen la mayor parte del pasivo local, con 31.722 millones (2.697 millones menos que en 2014), las diputaciones tienen 6.308 millones (486 millones menos) mientras que las mancomunidades y entidades pequeñas tienen 355 millones, lo que supone una reducción de 54 millones, según los datos de deuda viva local de 2015 que publicó el pasado viernes el Ministerio de Hacienda.

En el mapa se pueden ver los municipios según hayan engordado (más rojo) o reducido (más claro) su deuda el año pasado. En montante, Madrid continúa siendo el consistorio más endeudado de España en términos brutos, con 4.767 millones de euros : cada madrileño debe 1.517 euros. Le siguen Zaragoza (1.069 millones), Barcelona (836 ), Valencia (711), Málaga (595), Jerez de la Frontera (515), Jaén (403), Sevilla (394), Parla (383) y Alcorcón (364). De todos ellos, Jaén y Parla son los que presentan una situación más preocupante: si sus ayuntamientos repartieran su deuda, cada uno de sus vecinos debería 3.493 y 3.069 euros, respectivamente.

Al alejar la mirada del mapa, la tendencia entre las entidades locales fue la reducción de sus números rojos, gracias al superávit público que cosecharon en 2015, del 0,44% del PIB -unos 4.765 millones- que dedicaron en gran parte a saldar deudas. Las elecciones municipales que cambiaron el color político en numerosos municipios y capitales no alteró el desapalancamiento municipal que lleva años proudciéndose: por ejemplo, Madrid bajó su pasivo un 20% en 2015 mientras que Barcelona lo hizo un 14%.

El control del Ministerio de Hacienda sobre los municipios explica que sean la única administración con superávit público desde 2013. Los ayuntamientos están limitados por la regla de gasto , que pone un tope a que el desembolso local no crezca por encima de la economía. Precisamente, este límite es el que ahora Hacienda trata de imponer sobre las comunidades autónomas para reducir el déficit público.