La cotización de los becarios agranda la brecha entre formación y empresa

María José Pérez-Barco

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04/02/2019
Actualizado a las 12:06h.

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A las universidades, empresas y centros de FP no les ha sentado nada bien la nueva iniciativa aprobada por el Gobierno para que den de alta en la Seguridad Social a todos los becarios, una media que les ha cogido desprevenidos y totalmente por sorpresa. Se trata de pagar una cuota de 51,05 euros al mes por cada estudiante en prácticas no laborales, sean remuneradas o no. Pero nadie parece dispuesto a asumirla. En principio, es una cuantía que recae sobre la empresa o la institución donde se desarrollen las prácticas, pero la ley deja abierta la puerta para que también pueda ser de obligado cumplimiento para el centro educativo. De momento, todo está por concretar y desarrollar en un reglamento a lo largo de los próximos tres meses.

La cotización tendrá efectos sobre la pensión y en caso de accidente de trabajo, pero no incluye el seguro de desempleo ni el Fogasa. Algo que afectaría, según estimaciones del Ministerio de Trabajo que han publicado algunos medios, a cerca de medio millón de alumnos y supondría u nos 74 millones de euros que ingresarían las arcas públicas. Sin embargo, la factura podría resultar de tal calibre que destartalaría los ajustados presupuestos de las universidades y el coste empresarial puede poner en riesgo el futuro de las prácticas.

Hasta ahora solo era obligatorio cotizar por los becarios que percibían algún tipo de remuneración en su periodo de prácticas. Los que realizaban prácticas curriculares (es decir, las que están vinculadas a un plan de estudios y son obligatorias como una asignatura más, por ejemplo en el caso de profesores o profesionales de la salud) remuneradas estaban bonificadas al cien por cien, por tanto el coste era cero. Los que hacían prácticas extracurriculares (voluntarias) y percibían un dinero, obligaban a cotizar por ellos una cuota de 41,74 años al mes el pasado año.

Una regulación que no ha podido evitar prácticas fraudulentas, o cuando no irregulares, como se ha demostrado con recientes polémicas. El pasado mes la Academia de Cine tuvo que dar explicaciones por su oferta de prácticas sin remunerar para cubrir puestos de trabajo del equipo logístico para la edición de los Premios Goya, algo que denunciaron los propios estudiantes. El pasado año, el duque de Alba publicó una oferta de empleo a su nombre en la bolsa de trabajo de la Universidad de Sevilla para que alumnos de Ingeniería le rediseñaran el jardín del Palacio de Dueñas. Y hasta la propia Inspección de Trabajo ha obligado a la Universidad Autónoma de Madrid a pagar las cotizaciones de 376 becarios que realizaban tareas propiamente laborales.

«Ni el Estado ni nadie puede pretender sustituir puestos de trabajo por becarios», afirma tajante Javier Blasco, director jurídico del Grupo Adecco. Desde luego nadie aprueba esta práctica, pero es algo que sucede, como denuncian los sindicatos. «Por un lado, hay becarios que asumen, por ejemplo, tareas administrativas que no les corresponde y no hay tanto tutelaje. Y en muchas prácticas extracurriculares, los estudiantes están sacando trabajo a la empresa pero sin cobrar un salario por ello», denuncia Eduardo Magaldi, portavoz de RUGE, asociación de jóvenes de UGT.

Sin embargo, empresarios, universidades y centros de FP están más que molestos por las formas y el contenido que el Gobierno ha empleado para intentar resolver la situación. Lo ha hecho de repente y por la puerta de atrás en un Real Decreto-ley 28/2018 para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. Las cotizaciones de «personas que desarrollan programas de formación y prácticas no laborales y académicas» están recogidas en la disposición adicional quinta de esa norma.

«Nos sorprendió muy ingratamente, teniendo en cuenta que el Gobierno ya se había comprometido en la Mesa de Diálogo Social a abordar un estatuto del becario, a revisar la regulación actual de las prácticas... No es una cuestión baladí. El Gobierno introduce ahora un coste del que no habíamos hablado y da un carácter de laboralidad a las prácticas. Si hay situaciones fraudulentas, existe una inspección de trabajo para resolverlo. Y eso no tiene nada que ver con la cotización», se queja Jordi García Viña, director del Departamento de Relaciones Laborales de la CEOE. «Queremos que se regulen las prácticas, queremos solucionar las situaciones fraudulentas y también facilitar el acceso al mercado de trabajo de los jóvenes», defiende.

Además, explica que esta medida crea inseguridad jurídica porque «cotizar significa que recibes un salario. No puede ser que exista una situación de prácticas en la que no recibes salario pero sí cotizas». Algo que también defiende Javier Blasco, de Adecco: «El becario no es un trabajador. Es una persona que viene a aprender, no se le puede exigir y el empresario no tiene ningún derecho sobre él. Por tanto, no recibe salario ni cotización».

Los rectores están también muy preocupados por cómo puede afectar a sus presupuestos. En la universidad faltan recursos para afrontar una iniciativa que supone «un coste enorme, mucho mayor a los 74 millones que plantea el Gobierno», como lo ha calificado Miguel Ángel Collado, presidente de la sectorial de estudiantes de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y rector de la Universidad de Castilla-La Mancha. «La universidad —afirma— ya emplea unos cien millones de euros en ayudar a los estudiantes».

La CRUE ha trasladado al Gobierno la complejidad de poner en marcha una medida de este tipo debido a las múltiples circunstancias que se producen en el mundo universitario. Por ejemplo, «si un estudiante tiene que hacer 120 horas de prácticas en una empresa, puede ocurrir que no las realice en un mes sino en dos, por intereses de la compañía o de la universidad. Por tanto, habrá que pagar dos cuotas de 51,05 euros», explica Collado.

Profesores, ingenieros, profesionales de la salud... «Estimamos que cada año en la universidad española en torno a una cuarta parte del cerca del millón y medio de estudiantes que tenemos realizan prácticas en empresas y en instituciones como un ayuntamiento», afirma Collado. La CRUE está ahora recabando datos de cada universidad sobre el número de becarios que hacen prácticas remuneradas o no, cuánto dura cada práctica, cuántas son curriculares y extracurriculares... Porque esta es otra incógnita: el verdadero número de becarios, remunerados o no, que existen en empresas, instituciones y universidades. «Solo se conoce los becarios que reciben una remuneración, porque tienen cotizaciones en la Seguridad Social», cuenta Viña, de la CEOE.

Según estimaciones de CC.OO., el número medio de prácticas pagadas en 2017 fue de 77.064, el 38% de ellas fueron universitarias, el 34% programas de formación para el empleo o certificados profesionales, el 21% de FP y el 7% eran prácticas de jóvenes titulados sin experiencia. «Las prácticas laborales sin compensación constituyen el grueso, pero no se dispone de información actualizada», dicen desde el sindicato.

Lo que todos tienen claro es que el sistema no funciona. «Tenemos una altísima tasa de desempleo juvenil y no conseguimos colocar a los estudiantes», afirma Viña. En nuestro país existe una gran desconexión entre el sistema educativo y las necesidades de las empresas. Y las prácticas sirven precisamente «para aproximar un mercado de trabajo donde hay una enorme distancia entre los currículos y la práctica de las empresas. Así ganan las empresas porque se benefician del becario. Y gana el becario que aprende» , insiste Javier Blasco, de Adecco.

Los propios sindicatos reconocen la utilidad de las prácticas en la formación de cualquier profesional. Son necesarias ya que «complementan y dan un conocimiento del mercado que no puede aportar un centro educativo», explica Magaldi, de UGT, pero requieren «una regulación». «Y en una economía —defiende— en la que los jóvenes están tan fuera del mercado laboral, es necesario reconocer periodos de vinculación con una empresa para incrementar su vida laboral».

Las preocupaciones sobre los efectos que tendrá la nueva regulación son muchas. «Las cotizaciones no pueden recaer en los becarios ni en sus familias, ya que sería una situación muy desfavorecedora porque solo harían prácticas los que tienen dinero.Y tampoco lo pueden pagar los centros», advierte Beatriz García, secretaria de Juventud de CC.OO.

Los rectores temen que baje la calidad de la formación de los universitarios si se reduce la oferta de prácticas, como muchos preven que ocurrirá si las empresas tienen que pagar la cotización de los becarios. «Las empresas se benefician de la formación de un estudiante universitario y, a la vez, colaboran con las universidades en formar estudiantes en el mercado de trabajo. Muchas no podrán asumir las cotizaciones y esto producirá un pérdida de plazas en prácticas», augura el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha. Lo que, en su opinión, pondrá en riesgo tanto el sistema educativo como la economía. «No solo está en juego que los estudiantes estén bien formados. Si hay menos colaboración entre universidad y empresa, porque hay menos prácticas, también pierde el sistema productivo», sentencia.

En la nueva norma sobre la cotización de las prácticas, ni está todo cerrado ni está todo dicho. El Real Decreto se convalidó la semana pasada en el Congreso de los Diputados, aunque se tramitará como Proyecto de Ley, por lo que los grupos políticos pueden realizar aportaciones. La próxima semana, además, comparecerá en el Congreso la ministra de Educación, Isabel Celáa, para explicar esta medida que segun los rectores, entrará en vigor el próximo curso.

A la vez se va a formar un grupo de trabajo con representantes del Ministerio de Educación, del de Ciencia (en él están las universidades), de la Seguridad Social, de los sindicatos y de las empresas para que, en los próximos tres meses, elaboren el reglamento que desarrollará las cotizaciones de los becarios.

Todos los implicados en este debate sobre las cotizaciones de los becarios tienen sus propias iniciativas para regular esta situación. Los institutos de FP proponen que las prácticas no laborales curriculares, es decir aquellas que son obligatorias y vinculadas a un plan de estudios, estén exentas de cotización. Algo en lo que coinciden con la rectores de las universidades, que también ven una buena opción bonificaciones en los casos de las prácticas que no son obligatorias.

La CEOE, sin embargo, cree que todo hay que dialogarlo en la mesa de diálogo social.

Por su parte, los sindicatos ven con buenos ojos que los becarios coticen. UGTcree que los representantes legales de los trabajadores pueden ser garantes de que los becarios no están supliendo un puesto de trabajo. Y propone incluso limitar el número de personas en prácticas en una empresa según el número de trabajadores de su plantilla.

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