Consejo de Ministros
El Consejo de Ministros da luz verde a una oferta pública de empleo de 30.445 plazas sin el aval sindical
Sobre el total de plazas, 23.491 plazas corresponden a la Administración General del Estado (AGE), a las que caben añadir 1.920 plazas para las Fuerzas Armadas y otras 5.034 correspondientes a Policía y Guardia Civil
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes, en una reunión con un alto contenido económico, a la oferta de empleo público correspondiente a 2021 conformada por un total de 30.445 plazas, de las que 23.491 plazas corresponden a la Administración General del Estado (AGE) . Como ha apuntado la ministra Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, de estas 23.491 unas 14.000 son de ingreso libre y otras 9.500 de promoción interna. En este sentido, ha añadido que cabe sumar también las 1.920 plazas para las Fuerzas Armadas y otras 5.034 correspondientes a Policía y Guardia Civil.
Montero también ha destacado que se ha seguido una tasa de reposición del 110% . «Es decir, hemos ido más allá de las personas que se jubilan», ha explicado la ministra quien añade que se han dado prioridad a áreas como la Sanidad, la Educación o los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Además ha añadido que el 12% del empleo irá a transformación digital por un 10% que se destinará a la modernización del sistema fiscal, un 8,4% para la reforma de la Justicia o un 5% para el ámbito sanitario. «Hemos primado las plazas vinculadas a las ciencias , la ingeniería, las matemáticas... y que prevalezcan las vocaciones femeninas», ha destacado la ministro de Hacienda y Función Pública.
La ministra socialista ha apuntado que esta oferta pública supone un 8,5% más que la de 2020 aunque es inferior a las 33.793 plazas aprobadas en 2019. Bien es cierto que esta ocasión se incluyeron procesos de estabilización. Al respecto, la titular de Hacienda y Función Pública, ha puesto en valor que desde el aterrizaje del presidente del Gobierno Pedro Sánchez se han convocado ya 110.000 plazas de trabajo público «para cubrir los huecos de la anterior administración del Partido Popular». En este sentido, les ha echado en cara «esquilmar» los recurso de la administración pública y puesto en valor la apuesta por una administración pública «adaptada a la exigencia de los ciudadanos».
Críticas sindicales
Desde el sindicato mayoritario en la Función Pública, CSIF han criticado que lo aprobado hoy por el Consejo de Ministros n o cuenta con el aval de las principales fuerzas sindicales (CSIF, UGT y Comisiones Obreras). También han tachado de «insuficientes» las plazas convocadas y ponen como ejemplo lo sucedido en el SEPE, donde han asegurado que se está cerrando oficinas de atención al público porque no hay suficientes funcionarios para atenderlas. En este sentido, han lamentado que se haya perdido fuerza laboral y consideran imprescindible «recuperar» unos 50.000 puestos de trabajo que estiman que es lo que se ha perdido en los últimos 10 años.
Precisamente, desde CSIF, han señalado la necesidad de contratar en organismos como el propio SEPE o la Seguridad Social de cara las consecuencias de la crisis económica. En este sentido, según este sindicato, hay que recordar que hace un mes este mismo CSIF denunció que un total de mil trabajadores serían despedidos del 30 de junio al 30 de septiembre y otros 500 efectivos concluirán su relación contractual el 31 de diciembre.
Crear una empresa con un euro de capital
Por su parte, el Gobierno también ha enviado a consulta pública el Anteproyecto de Ley de Creación y Crecimiento Empresarial cuyo objetivo en palabras de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos Nadia Calviño es «impulsar el emprendimiento, mejorar la productividad y la creación de empleo de calidad». En este sentido, ha destacado varias de las novedades de la norma como facilitar la creación de empresas con apenas un euro de capital social; así como medidas para que tramitación sea digital, el combate contra la morosidad en las operaciones comerciales «impulsando el uso de la factura electrónica» o la disminución de los plazos de pago, cuyo cumplimiento será una exigencia de acceso a las subvenciones o ayudas públicas.
De igual modo, Calviño ha anunciado que el proyecto busca también reforzar la resolución de contratos o mejorar la financiación a través de instituciones de inversión colectiva (crowfunding ). De igual modo, ha añadido que «en próximas fechas» se remitirá a consulta pública también la reforma concursal y anunciado que se van a rebajar en 20.000 millones de euros el calendario de emisión de deuda. A juicio de la número dos del Gobierno, esto es «una buena noticia que confirma la confianza de los inversores en nuestra economía y muestra su gran dinamismo».
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