Competencia limita las portabilidades durante en el estado de alarma ante el cisma entre las telecos

La CNMC fija un tope de por operador de 50 cambios al día en líneas de fibra y del 25% del cupo de portabilidades móviles

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La prohibición total ha reducido de 20.000 a 5.000 el número de instaladores desplazándose a diario ABC

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Las telecos están divididas respecto a si hay que restringir los cambios de operador de telefonía e internet durante el confinamiento o la batalla comercial debe seguir. El Gobierno prohibió inicialmente y durante la vigencia del estado de alarma todas las portabilidades para evitar problemas en la red y riesgos de contagio de consumidores e instaladores. Posteriormente, el 31 de marzo, flexibilizó ese veto, permitiendo los cambios siempre y cuando no requieran desplazamientos. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aclarado esa flexibilización fijando un límite a las portabilidades que puede hacer cada operador al día durante el estado de alarma.

Para las portabilidades de móvil, cada teleco ya tiene asignado un cupo al día para evitar problemas técnicos en caso de una eventual avalancha de cambios hacia un mismo operador. Ahora cada compañía podrá hacer hasta un 25% de su cupo habitual, según la resolución del organismo. En el caso de los cambios de operador de teléfono fijo y fibra óptica, el límite diario se establece en 50 portabilidades.

Los cambios en el caso del móvil no suelen exigir ningún desplazamiento, ni de un instalador al hogar del usuario ni del cliente a una tienda para recoger su tarjeta SIM. El problema está en las portabilidades de la fibra, que suele requerir que un instalador acuda a la vivienda del consumidor. A día de hoy, la mayoría de líneas de móvil y de banda ancha fija -el 79% y el 75% respectivamente- se venden empaquetadas, de forma que la mayoría de portabilidades requieren un desplazamiento de instaladores. La CNMC las prohíbe si hay que desplazarse.

Las altas nuevas, sin restricciones

Lo que ni el decreto ni la CNMC restringen son las nuevas altas de servicios fijos, que requieren sí o sí la presencia de un instalador. Fuentes del sector apuntan a que algunos operadores estarían aprovechando este resquicio para hacer portabilidades de fibra encubiertas, y plantean que deberían acotarse a aquellos hogares que no tengan ningún contrato en vigor.

Como fuere, los topes de Competencia, respaldados por el conjunto del sector, median en el cisma entre operadores, que se posicionan entre aquellos que plantean portabilidades cero o de mínimos y los que piden mantener la dinámica comercial garantizando la seguridad de técnicos y clientes.

División en el sector

La medida inicial del Ejecutivo de prohibir todas las portabilidades fue respaldada por Movistar, Orange y Vodafone , que defienden que no es el momento de hacer portabilidades sino de garantizar el servicio. Masmóvil y los operadores móviles virtuales apuestan por mantenerlas, sobre todo las móviles, porque se hacen sin riesgos, y ven en la postura de sus rivales una forma de parar el mercado justo cuando operadores como Masmóvil y Digi están captando muchos clientes .

La decisión posterior el Ejecutivo de abrir la mano con las portabilidades se interpretó como un respaldo a esa última postura. Telefónica, Orange y Vodafone alertaron de que con ello se detrae personal dedicado ahora a la atención del servicio para volver a la actividad comercial y, sobre todo, se pone en riesgo la salud de los instaladores y de los clientes.

20.000 instaladores

Con la prohibición total, de 20.000 instaladores y técnicos de mantenimiento que trabajan habitualmente, ya solo estaban operativos menos de 5.000 . Las grandes telecos avisan de que al relajar el veto, parte de los 15.000 tendrán que ser movilizados. De hecho, UGT mostró su rechazo a la flexibilización y la calificó de «frivolidad».

«La salud y la seguridad de los trabajadores directos e indirectos de Telefónica está por encima de cualquier interés comercial», dijo el jueves pasado el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete. «Flexibilizar la suspensión puede poner en riesgo la seguridad, tanto de los clientes como de los equipos logísticos y técnicos», dice Orange. «Compartimos que la única prioridad es la protección de la salud de todos los ciudadanos y desde este punto de vista hemos adaptado nuestros procesos a los reales decretos publicados», defiende Masmóvil.

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