Competencia acusa al Gobierno de no cubrir vacantes ni promocionar a su personal
El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, anuncia multas a directivos de cárteles y prohibirá a empresas sancionadas contratar con la Administración pública
José María Marín Quemada ha abierto un nuevo enfrentamiento con el Gobierno de Mariano Rajoy. Y esta vez no a cuenta de la legislación de determinados sectores sino por cuestiones de funcionamiento interno. El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acusado el Ejecutivo popular de no cubrir las bajas de empleados ni promocionar a su personal laboral.
"No hemos tenido la suerte de tener un gobierno que haya apoyado decididamente la retención de talento en la CNMC y espero que esto cambie pronto", ha dicho el supervisor en Santander durante su intervención en un curso de verano organizado por la Asociaciónde Periodistas de Información Económica (APIE) en colaboración con la UIMP y BBVA.
Marín Quemada ha detallado que la instituciones reguladora y supervisora cuenta con un total de 500 efectivos, 200 de ellos funcionarios y 300 trabajadores en régimen de personal laboral. "Cuando necesitamos cubrir vacantes o desarrollar profesionalmente a los laborales hemos estados atados de pies y manos", ha criticado, matizando que no se trata de una queja por el presupuesto económico del organismo, que cada año es dotado con 58 millones de euros. "Así se estña obstaculizando la labor de supervisión de la CNMC", ha añadido.
El máximo responsable del superregulador acostumbra a defender el papel de Competencia para atajar determinados abusos de mercado y la necesidad de contar por tanto con una CNMC fuerte e independiente. Y en esa cruzada, el organismo ha impuesto en sus tres primeros años de vida cuantiosas multas a operadores de distintos sectores económicos y derribado decenas de cárteles. "Hay que limitar la influencia de las grandes empresas en decisiones políticas de interés general", ha dicho. "Se acabó que determinadas enmiendas legislativas lleven el nombre de empresas", ha añadido.
Con ese objetivo, Marín Quemada ha desvelado que ya está imponiendo sanciones económicas de hasta 60.000 euros también a los directivos de las empresas previamente multadas, como por ejemplo a los del cártel de los fabricantes de pañales para ancianos. Por otro lado, el supervisor ha avanzado que, en base a una normativa aprobada a finales del año pasado, en próximas actuaciones empezará a incluir en sus sanciones la prohibición de que las empresas multadas contraten con la Administración pública. El periodo de este veto podría rondar los dos años, según explican desde Competencia.
Otra de las grandes batallas que Marín Quemada está librando durante su mandato es la liberalización de los servicios profesionales, por ejemplo el del transporte, máxime desde la aparición de plataformas como Uber y, en definitiva, la economía colaborativa o disruptiva. "Es una oportunidad de negocio y hay que adaptarse", ha dicho.
