Las compañías se protegen del hachazo fiscal a los dividendos

Dentro del aumento de la presión fiscal a las grandes compañías que pergeñan PSOE y Unidas Podemos, hay una medida que genera gran preocupación entre las multinacionales españolas: la tributación del 5% de los dividendos repatriados de sus filiales en el extranjero, actualmente exentos al 100% en el impuesto de Sociedades. Los asesores fiscales y las propias empresas confirman que ya se plantean tomar medidas para protegerse de ese hachazo fiscal.

En concreto, y como avanzó ABC, las compañías afectadas por ese hechazo fiscal ya han comenzado a repartir dividendos a cuenta de los resultados de 2019 en el mes de diciembre, en lugar de esperar a 2020, antes de que el futuro Gobierno pueda aprobar esta medida.

Un fenómeno que ya ocurrió el año pasado, cuando PSOE y Unidas Podemos ya anunciaron que querían aprobar esta medida con efectos este año, además de fijar un tipo mínimo a la gran empresa. Entonces hubo un alud de anticipos de dividendos y el segundo pago fraccionado de Sociedades de las mayors compañías se disparó antes de que acabara el año.

«Hay cierto interés en mover dividendos en diciembre antes de que se pueda producir esto», señala el decano del Colegio de Economistas de Valencia, Juan José Enríquez. La intención de las compañías sería así sortear este gravamen que ahora no existe , antes de que entrara en vigor el año que viene. El Gobierno quiere reducir la actual exención del 100% de los beneficios generados en el exterior al 95%. Un porcentaje que regía hasta 2015, cuando la reforma fiscal quiso potenciar la interncaionalización de la empresa española eximiendo de tributar en Sociedades a estas ganancias.

Esta es la medida estrella del lado recaudatorio del Gobierno PSOE-Podemos: en los Presupuestos de 2019 pretendían recaudar 1.776 millones de euros con este cambio en el tributo.

La grandes compañías rechazan frontalmente la medida alegando, principalmente, que ya pagan impuestos en el país de origen de los dividendos generados por sus filiales y gravarlos en España podría generar casos de doble imposición.

En este sentido, las empresas, principalmente las multinacionales españolas cotizadas, advierten de que en caso de que se llegue a aprobar esa nueva fiscalidad tomarán medidas para proteger a sus accionistas , lo que podría motivar reestructuraciones societarias e incluso deslocalizaciones, es decir, movimientos de las sedes.